La herencia de «pufos» que ha recibido el actual Consell es envenenada y extensa: llega ya a 410 millones de euros y podría sumar otros 120 más teniendo en cuenta las reclamaciones judiciales que existen todavía en los juzgados pendientes de resoluciones de los jueces o subvenciones sin pagar. El 43,5% del incremento del endeudamiento de la Comunidad Valenciana registrado en esta legislatura se atribuye al déficit de la anterior etapa o se ha generado por decisiones que tomó el gobierno bajo mando del PP, según detalló el Consell esta semana a partir de los datos de deuda del Banco de España. Ese gravoso lastre que deja el PP por impagos o por ayudas sin abonar tanto en Alicante como en proyectos de alcance autonómicos proceden, en buena parte, de la consellería de Infraestructuras y Vivienda que dirigía Isabel Bonig, candidata del PP a la presidencia de la Generalitat.
La Autovía CV-95 en la Vega Baja
El contrato de concesión de la autovía de la Vega Baja se adjudicó en 2007 pero nunca comenzó. En 2012, la exconsellera Isabel Bonig resolvió unilateralmente el acuerdo y la concesionaria presentó una reclamación administrativa en 2013. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) condenó en 2017 a la Generalitat a abonar una indemnización a la empresa de 9,4 millones.
Avenida de Dénia de Alicante
Las obras acabaron en 2010 y la adjudicataria presentó una reclamación administrativa en 2011 por dilaciones y modificaciones que no se resolvieron desde la conselleria de Infraestructuras. El Tribunal Supremo falló en este 2018 y condenó a la Generalitat a pagar 14,6 millones de euros.
Autobuses del TAM en Alicante
En 2014 la empresa la Alcoyana presentó una reclamación a la conselleria de Infraestructuras por desequilibrio económico de las líneas. En abril de 2018 el TSJ condenó a la Generalitat a pagar a la empresa otros 5,5 millones.
Puerto deportivo de Altea Luis Campomanes
La conselleria de Infraestructuras reconoció en el mes de mayo de 2015 -pocos días antes de abandonar Isabel Bonig su cargo en este área- la indemnización de medio millón de euros a la concesionaria del Puerto de Altea, Marina Greenwich, porque no pudo ampliar sus instalaciones. Ese reconocimiento no estuvo acompañado de consignación presupuestaria previa. Ahora el Consell se ha encontrado con una condena del TSJ por 900.000 euros. Está pendiente un recurso al Supremo de la empresa en el que se reclaman 92,8 millones.
Demolición de las torres de Gemelos 28 en Benidorm
Las torres de Gemelos 28 en Benidorm tuvieron una orden judicial de demolición por anulación de la autorización que dio la Generalitat por ocupación ilegal de zona de servitud marítima. El Consell estima el coste de la demolición e indemnización a los propietarios en unos 180 millones de euros. Una resolución del TSJ obliga a la Generalitat a consignar esas indemnizaciones. Hay sentencia firme.
Ayudas a la vivienda
En pasadas legislaturas con el PP en la Generalitat, las diferentes consellerias habían otorgado ayudas a la vivienda sin consignación presupuestaria por un importe de alrededor de 240 millones. El reconocimiento de esas subvenciones para comenzar a pagarlas se hizo en una disposición adicional a la ley de Puertos en 2014. Entre esa fecha y junio de 2015 se abonaron 115 millones. Pero en esta legislatura, ya con el Botànic, se han terminado saldando deudas por otros 114 millones. Y quedan unos nueve millones pendientes. En muchos casos los expedientes se tendrán que anular, caducar o archivar.
Más ayudas a la vivienda
La pasada legislatura el Consell firmó resoluciones de reconocimiento de requisitos para esas ayudas por un importe de 40 millones pero no se llegaron a conceder. La actual conselleria de Vivienda reconoció las subvenciones y comenzó a pagarlas. Hasta ahora se han abonado más de 30 millones y quedan otros 9,5 millones más.
Expedientes «en los cajones»
El nuevo Consell detectó unos 5.500 expedientes por un importe de 45 millones sin resolver de planes anteriores de vivienda. La documentación se remitió a la Intervención General de la Generalitat. En la Ley de Acompañamiento a los presupuestos autonómicos para 2017 se creó un marco legal para poder reconocer las obligaciones, pagar las ayudas una vez se tramiten y poder resolver los expedientes. La dirección general de Vivienda ha elaborado unas instrucciones para retomar la tramitación de estos expedientes que se interrumpió la pasada legislatura.
Circuito de Fórmula 1
En 2007 y 2008 se adjudicaron diversas obras para la construcción del circuito de Fórmula 1 en València. Las obras costaron 100 millones de euros. El expresidente Francisco Camps dijo que no supondrían ni un euro porque se recuperarían vía urbanística. Para acabar de abonar ese proyecto se concertó un crédito de 60 millones que se comenzó a amortizar en 2016 y que se seguirá pagando hasta 2023.
Empresa mixta «Desarrollos Urbanos»
En 2004 se creó la empresa mixta Desarrollos Urbanos sobre la cual las auditorías de 2014 y 2015 de la Sindicatura de Cuentas y de la Intervención General de la Generalitat puso de manifiesto graves perjuicios económicos e irregularidades contables. El Consell se personó en el caso una vez el juzgado ha abierto diligencias penales previas por irregularidades. Se estima el coste para la administración en unos siete millones de euros.
Asuntos sin cuantificar
Otras herencias que el actual Consell ha recibido del PP son la caducidad de las concesiones de transportes interurbanos de viajeros por carreteras o la paralización de las obras del túnel de la Serra Grossa en Alicante, sin cuantificar.
