La Generalitat acaba de aprobar una modificación presupuestaria por un valor total de algo más de 25,4 millones para pagar tres sentencias condenatorias por fiascos urbanísticos de los anteriores gobiernos del PP en la Comunidad Valenciana de las que dos, que prácticamente suponen casi toda esa cuantía económica (24,1 millones), corresponden a la provincia de Alicante. Las tres resoluciones salpican de alguna manera a la actual presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que fue la consellera de Infraestructuras en el equipo de Alberto Fabra. No obstante, alguno de los casos enjuiciados tiene su origen en gobiernos anteriores.
El Ejecutivo de Ximo Puig y Mónica Oltra no ha notificado de qué partidas extraerá los 25 millones, ya que cuando se trata de provisiones presupuestarias forzadas por los tribunales no ha de comunicar el origen de los fondos.
El agujero más importante (alcanza los 14,68 millones de euros) es para hacer frente a una sentencia de este año del Tribunal Supremo, que cierra el litigio de la Conselleria de Urbanismo con las constructoras del acceso norte a Alicante (avenida de Dénia), tal y como publicó este periódico. Fue un proyecto plagado de problemas que se remonta a la etapa de José Ramón García Antón y que luego continuó Mario Flores como titular de esta cartera.
El problema es que la obra se licitó por 33,8 millones en 2006 sin tener la Generalitat ni el Ayuntamiento de Alicante la disponibilidad de todos los terrenos, lo que provocó sucesivos retrasos. Además, el proyecto sufrió modificaciones que comportaron sobrecostes sobre el precio inicial. Las constructoras (Dragados y Rover Alcisa) presentaron una reclamación en diciembre de 2011 por valor de 14,6 millones, pero la entonces consellera Bonig respondió negativamente. Las mercantiles iniciaron un proceso judicial para ser compensadas por los perjuicios por las demoras y las desviaciones de planteamiento. Los tribunales les han dado la razón y obligan a la Generalitat a abonar la cantidad citada.
De esta manera, lo que hay es una obra adjudicada en 2006 por 33,8 millones, que se acabó en 2010 con un coste de cerca de 50 millones. Si a esta cantidad se le une la indemnización que ahora hay que pagar por orden judicial costará en total 64,36 millones, según datos del Consell. Es un 90 % más del precio de adjudicación.
Otra de las decisiones urbanísticas que va a costar un buen pico a las arcas de la Generalitat tiene que ver con la proyectada autovía de la costa entre Orihuela y Torrevieja, que no se realizó. Son otros 9,5 millones que el Consell tiene ahora que rascar del presupuesto de 2018 para pagar a las empresas contratistas. Bonig, en su etapa en Infraestructuras, firmó la cancelación del contrato inicial por interés público.
Las firmas pidieron una indemnización por daños económicos y el lucro cesante y se han encontrado con el reconocimiento de los tribunales. La actual titular del departamento, María José Salvador, recurrió ante el Supremo, pero la sentencia del alto tribunal también fue negativa, como publicó este diario.
La tercera resolución judicial a la que el Consell ha de hacer frente de manera urgente tiene un coste de 1,3 millones. Un fallo del TSJ ratificado recientemente por el Supremo dispone que la Generalitat ha de pagar a la concesionaria de combustible de la estación del puerto de Benicarló (Castellón) esta cantidad por la inversión no amortizada.
Son hechos de 2009. El tribunal entendió que la conselleria perjudicó a la empresa al permitir a la Cofradía de Pescadores de Benicarló que se suministrase de combustible a través de cubas, a pesar de que la concesión vigente fijaba que el repostaje se debía realizar desde la estación ubicada en el puerto. En 2012, ya con Bonig en el departamento, denegó la solicitud de rescate de la concesión, por lo que la empresa recurrió al juzgado.
