Corrupción, sobrecostes, deuda, enchufismo, fraccionamiento de contratos, opacidad, gasto.... Son conceptos que irremediablemente figuran en el imaginario colectivo valenciano vinculados con el sector público empresarial. De hecho, cuesta hacer un recorrido por el listado de entidades (ya sea del ámbito de la Generalitat o local) sin que salte a la memoria algún escándalo, ya sea político o judicial. Durante años, las empresas públicas fueron el cobijo perfecto para todo tipo de prácticas irregulares. La corrupción campó a sus anchas y la relajación de los controles en esta pata de la Administración dio pie a un aunténtico coladero de trabajadores que nunca tuvieron que pasar un proceso selectivo.
No es de extrañar que el sector público fuera en la etapa de gobierno del PP el principal foco de las críticas de una izquierda que, en su papel de oposición, abogaba por poner fin a esta suerte de administración paralela. El PSPV, por ejemplo, en su programa electoral en 2015 abogaba por la «eliminación de todas aquellas administraciones paralelas en forma de empresas y fundaciones públicas, que carezcan de función y sentido público, a fin de que no sean fuente de corruptelas y clientelismo», mientras que líderes de Compromís acuñaron el término de «enxufats» para referirse a las personas en nómina de las empresas y entidades.
Por múltiples razones (financieras, políticas, presupuestarias, estéticas) urgía 'meter mano' al sector, emprender una operación de limpieza que acabara con los desmanes y permitiera al Botànic contar con un sector público saneado. Más de tres años después, el balance tiene sombras y luces. La pregunta de si se han cumplido los objetivos tiene diferentes respuestas en función del aspecto analizado. Con todo, puede anticiparse una conclusión: la digestión del sector público empresarial y fundacional se está haciendo pesada y lo que antaño se veía con recelo, ha acabado como instrumento recurrente para los gestores de la izquierda.
Basta fijarse en los presupuestos de la Generalitat para 2019 para percatarse que el sector público ya no es un demonio con cola y tridente. El Consell prevé gastarse en él 270 millones más en 2019, con lo que el presupuesto alcanzará los 2.697 millones, lejos de los más de 3.600 de la era Camps, pero 658 millones más de lo que gastó Alberto Fabra en su último año. Ahora bien, los datos en frío pueden llamar a engaño, ya que hasta 2014 no comenzaron a contabilizarse las fundaciones ni los consorcios hospitalarios, que se llevan un bocado importante de los gastos. Y es que el mapa y la idiosincrasia del sector público ha cambiado mucho en una década. Los casos de corrupción siguen en los tribunales, aunque su origen está en el pasado, mientras que el leitmotiv de las entidades de nuevo cuño es radicalmente distinto. En la época de las vacas gordas, el Consell acudió a ellas para impulsar sus proyectos de ocio (Ciudad de la Luz, Mundo Ilusión, Aerocas, Proyectos Temáticos) o centrifugar deuda y agilizar determinadas políticas (caso Ciegsa) con una relajación total de los controles. Una tormenta perfecta que en muchos caso acabó en «pufos».
Pese al compromiso de liquidación, muchas entidades siguen aún activas, mientras que otras han sido alumbradas para impulsar las propias políticas del Consell, como es la Agencia de la Innovacion o la de Emergencias. En otros casos, la inercia ha prevalecido y entidades cuya existencia es cuestionable siguen funcionando sin más o con un simple cambio en la marca. En conclusión, podría afirmarse que el Botànic ha dejado atrás la corrupción, pero está lejos de poner fin al caos que rige en entidades que, a pesar de los esfuerzos de Hacienda, funcionan como comandos independientes.
Prueba de ello es la frustrada nueva ley del sector público empresarial, una norma con la que se perseguía ejecutar un rediseño que fuera más allá del que llevó a cabo Alberto Fabra, pero que ha acabado encallado. Tampoco y, pese a lo anunciado, se han levantado alfombras. Salvo un par de despidos de directivos, no hay constancia de un solo expediente de posible responsabilidad patrimonial o denuncias nuevas por despilfarro. Fabra ejecutó el recorte, los despidos masivos y aprobó una ley para adelgazar el sector que, para los actuales gestores, sólo sirvió para «crear monstruos administrativos», ya que se redujo el número de entes a base de fusionarlos. Hacienda habla de una herencia envenenada y de la gran complejidad de un sector heterogéneo y donde conviven realidades laborales muy diferentes. Existían hasta cien situaciones retributivas distintas para puestos con las mismas funciones. El reto de homogeneizar los convenios laborales y acabar con las arbitrariedad en materia retributiva ha centrado los esfuerzos del Sector Público, un departamento por el que han desfilado cuatro altos cargos y del que han huido varios técnicos. La conselleria que dirige Vicent Soler pone en valor las instrucciones para fijar un tope retributivo al personal directivo, la obligación de airer su patrimonio y la publicación de las relaciones de puestos de trabajo, así como todos los acuerdos alcanzados con los sindicatos para instaurar el concurso-oposición como vía de acceso o las bolsas de trabajo. Con todo, las reticencias internas son enormes y solo dos empresas han publicado ofertas de empleo.
Ciegsa, la firma de los sobrecostes que se resiste a morir
La mercantil creada en tiempos de Zaplana para construir colegios acabó sirviendo de cobijo para las «mordidas» asociadas a cargos del PP. La firma estuvo abonada a los sobrecostes y el fraccionamiento de contratos. Ya con Fabra hubo intentos de cerrarla, un reto del Botànic que acabará la legislatura sin poder hacerlo. Aunque su presupuesto ha quedado reducido a la mínima expresión (solo gestiona ya deuda), la empresa sigue activa y cuestionada por la Sindicatura. El objetivo es recuperar sus competencias y que sea la conselleria la que recupere la construcción y reforma de colegios.
Operación limpieza en la Agencia Valenciana de Turismo
Alumbró la primera condena del entramado Gürtel por la adjudicación del stand de la Feria de Turismo. Limpiar su nombre y evitar corruptelas futuras ha sido uno de los objetivos de los nuevos gestores. Es la única firma en la que se ha expulsado de la función pública a su personal condenado. Colomer trató de cambiar la forma jurídica de la agencia (además de un cambio de denominación) precisamente para lograr más controles de Abogacía e Intervención. La operación fracasó precisamente por las dificultades de integración del personal en la Administración de la Generalitat.
Vaersa sigue atrapada en las encomiendas de gestión
Objeto de investigación por diferentes casos (la visita del Papa a València, malversación y recientemente por uso indebido de las tarjetas por parte de un directivo), Vaersa ha continuado esta legislatura sin grandes cambios internos. Su principal talón de Aquiles son las encomiendas de gestión, una práctica cuestionada por la Sindicatura de Comptes. El proyecto de la Conselleria de Medio Ambiente es dividirla en dos. Por su parte, el personal lleva meses movilizándose para exigir la normalización de la situación jurídica de la plantilla y para buscar certezas sobre su continuidad.
Convertir la Ciudad de la Luz en el Distrito Digital
El aeropuerto de Castellón es el ejemplo de las vueltas que pueden llegar a dar los proyectos impulsados a través de empresas públicas. De denostar la infraestructura, se ha visto obligada a asumir en solitario su gestión, a través de Aerocas, ante las nuevas exigencias del gestor privado, el grupo francés Edeis, por falta de negocio. La rescisión del contrato a finales de 2019. Por otro lado, el Consell ha tardado casi tres años en poder acordar la liquidación de la Ciudad de la Luz, otro de los proyectos estrella de la etapa PP. Su objetivo es reconvertirlo en el Distrito Digital. Y ha reducido la aportación a Cacsa.
El alumbramiento de À Punt y la lenta muerte de RTVV
À Punt, la nueva radiotelevisión valenciana, ya está suponiendo un problema para el Botànic en materia presupuestaria. Los gastos de personal (489 puestos) en estos momentos superan el tercio legal establecido en la ley. Dispone de 55 millones, pero exige ampliarlos a 70. El nacimiento de À Punt se ha solapado con la liquidación de la RTVV, un proceso extremadamente lento (cinco años) por la deuda generada, la transmisión de los bienes y las complicaciones del Ere. Echa la persiana, pero deja un lastre de 1.200 millones, mientras que siguen pendientes los litigios con el personal.
