Durante los tres primeros años de gestión del Consell del Botànic, con toda la razón del mundo, el gobierno que comparten los socialistas y Compromís con Ximo Puig y Mónica Oltra como líderes cimentó buena parte de su relato político en la exigencia de un trato justo a Madrid. Entonces era sencillo. La izquierda volvía al mando del Palau de la Generalitat después de dos décadas y en la Moncloa deambulaba un ejecutivo de Mariano Rajoy carcomido por la pesada digestión de la crisis económica y las investigaciones por corrupción. A ese decorado, además, se unían dos datos objetivos. Primero: el déficit de inversiones durante el mandato del PP desde 2012 ha llegado a alcanzar los 2.333 millones en la Comunidad, 810 de los cuales corresponden a la provincia de Alicante. Y segundo: a ese «agujero» con las infraestructuras se tenía que sumar, además, que las arcas valencianas están a la cola en el reparto del sistema de financiación autonómica. Es el territorio junto a Murcia que registra una peor aportación de fondos desde Madrid.

El Consell viene reclamando anualmente un total de 1.325 millones de euros al Estado en aportaciones ordinarias para poder cubrir el coste de sus competencias especialmente los departamentos sociales. Cada valenciano recibe desde Madrid un total de 264 euros menos que la media de acuerdo con los últimos datos disponibles. Ese maltrato en el reparto de la tarta con los fondos del Estado no sólo se remonta a la aprobación del actual sistema de financiación, impulsado en su día por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, vigente desde 2009 pero que Rajoy ha mantenido a pesar de estar caducado desde hace ya casi un lustro. El modelo que se puso en marcha en 2004 con una negociación que lideró José María Aznar con el beneplácito de Eduardo Zaplana, de hecho, ya dejaba a la Comunidad Valenciana como una de las colistas de esta triste clasificación. Así que, con este panorama, cuando el Consell del Botànic se instaló en el Palau de la Generalitat en 2015 ese discurso de reivindicación frente al Gobierno que entonces comandaba el PP estaba plenamente justificado.

Pero llegó la moción de censura con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa y con un valenciano como José Luis Ábalos por primera vez en la historia ejerciendo de Ministro de Fomento y, por tanto, con la llave de la caja de las inversiones en su poder. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya mantuvo un primer encuentro con Sánchez en Castellón. Y en el debate de Política General, rebajó el tono con el nuevo Ejecutivo central, ya formado por su propio partido; se felicitó al detectar, dijo, un cambio de actitud; y consideró que se abría una nueva etapa. A pesar de todo eso y de los 850 millones en «migajas» que le cayeron a Puig después de entregar el voto de la Generalitat a la ministra María Jesús Montero en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera para disgusto de Compromís, lo cierto es que la situación no ha cambiado ni un ápice. Sigue vigente uno de los peores presupuestos de la historia para Alicante y la Comunidad, el último elaborado por Cristóbal Montoro bajo mandato del PP. Y parece casi imposible, como los propios mandatarios socialistas han confesado, que durante lo que resta de legislatura se pueda reformar el actual sistema de financiación autonómica. Así que el discurso del Consell debería continuar siendo nítido. Ha cambiado el Gobierno pero esta Comunidad sigue sin tener un «trato justo».

Ahora, con ese tono más moderado desde el Palau, Puig visita por vez primera a Pedro Sánchez en su despacho de Madrid. La reunión mide tres cosas. Primero: será una prueba de fuego que servirá como termómetro para calibrar la solidez y la coherencia del discurso del jefe del Consell. Ayer, de ruta en Benidorm, aseguró que le va a proponer al Gobierno un incremento de inversiones de acuerdo al porcentaje de población y reclamó un sistema de compensación por la deuda que se ha generado como consecuencia de la falta de financiación. Todo lo que no sea un discurso firme y claro de Puig en Madrid no se va a entender en la Comunidad. Segundo: Pedro Sánchez se juega contar con los cuatro votos de Compromís en el Congreso, claves para aprobar los presupuestos y que los socialistas puedan culminar la legislatura. Oltra alertó ayer de que los valencianos no pueden ser los últimos en inversiones y financiación mientras que los diputados que lidera Joan Baldoví ya han advertido de que no darán su respaldo a los presupuestos socialistas sin una sustancial mejora para nuestro territorio. Y tercero: el encuentro pone a prueba esa sensibilidad del presidente de la que Ximo Puig viene hablando en los últimos tiempos con el trato a un territorio discriminado. El problema es que hablar por hablar ya no vale. Los datos son demoledores. Y esta Comunidad sólo puede esperar que un presidente del Gobierno, en este momento Pedro Sánchez, firme el cheque con la cantidad que le corresponde. En sus manos está. Por justicia.