El PP no levanta cabeza. Y lo que és más grave todavía: la losa que tiene encima en la Comunidad Valenciana y en Alicante cada vez es más pesada y más difícil de levantar. A menos de un año para las elecciones autonómicas y municipales de 2019 y en plena crisis interna con la sucesión de Mariano Rajoy ya abierta con la convocatoria del congreso para el 20 y el 21 de julio, la cúpula popular se encuentra ahora con un nuevo varapalo: la sentencia de Gürtel que certifica que el partido, con Francisco Camps al mando del Consell y de la dirección del PP, se financió ilegalmente en la Comunidad Valenciana. Y de forma continuada: para las elecciones autonómicas de 2007 y en las generales del año siguiente a través de empresarios que pagaban gastos de los populares a la trama corrupta y que luego, a su vez, recibían jugosas contratas desde la Generalitat. «Financió sus campañas electorales de los años contemplados de manera tan absolutamente irregular que fue delictiva», describe una sentencia, otra más, demoledora para el PP.
Esta resolución judicial, ya esperada por la dirección autonómica y provincial, es un nuevo golpe que echa por tierra la imagen del partido. Junto a la sentencia de la rama madrileña que condena a la propia organización popular y que provocó la moción de censura que ha terminado por tumbar a Mariano Rajoy, los populares de la Comunidad acumulan en el último mes la detención y encarcelamiento de Eduardo Zaplana, el primer presidente de la Generalitat que tuvo el PP en 1995, acusado de de blanquear las cantidades que obtuvo supuestamente mediante el cobro de comisiones ilegales durante su mandato. La entrada en prisión de Milagrosa Martínez, expresidenta de las Cortes y consellera de Turismo con Camps, por la pieza de Gürtel que certificó el amaño de las adjudicaciones de la Generalitat para Fitur. Y la solicitud de Anticorrupción que coloca al citado Francisco Camps a las puertas de sentarse en el banquillo por el «agujero» de más de 300 millones en la Fórmula 1.
A todo esto se une ahora esta resolución judicial que ratifica que el PP ganó dopado y con trampas las elecciones autonómicas de 2007 y las generales de 2008. La sentencia arruina, por tanto, dos de las victorias electorales más claras que el PP ha conseguido en la Comunidad en toda su historia. Un botón de muestra. En esos comicios a las Cortes Valencianas de 2007, Francisco Camps se convirtió en el presidente más votado de toda la historia. Nadie ha logrado más apoyos nunca. En las generales del año siguiente, los populares lograron la mayor diferencia a su favor hasta ese momento. Así que el fallo judicial supone una enmienda a esos resultados electorales y, por tanto, a los métodos de financiación de sus arcas con las que el PP las consiguió, en un momento en el que amasaba una hegemonía casi absoluta con mayorías aplastantes en las principales instituciones y gobiernos municipales de norte a sur de la Comunidad Valenciana.
Aunque en la cúpula popular esperaban que la sentencia del magistrado José María Vázquez Honrubia fuera mucho más dura, lo cierto es que, al margen de las penas de prisión para los cabecillas de la trama -Francisco Correa, El Bigotes y Pablo Crespo- que oscilan los cinco y los seis años y nueve meses o de las multas con las que los empresarios -entre ellos Enrique Ortiz- evitarán la prisión, el auto condena al tándem al servicio de Camps que tenía un control absoluto sobre la estructura del PP -cuatro años para Ricardo Costa beneficiado, sin duda, por su confesión y tres años y ocho meses para David Serra- junto a la gerente, Cristina Ibañez, con una pena de tres años y cuatro meses. Únicamente se salva Vicente Rambla, a pesar de que era el coordinador electoral de los populares.
Aunque la resolución judicial considera prescrita la posible responsabilidad de Francisco Camps, presidente regional del PP y jefe del Consell con poderes absolutos, el hecho de que el magistrado acepte como buena la versión que ofreció Ricardo Costa le coloca también en el foco de dos campañas en la que fue protagonista principal y le adjudica una responsabilidad política. Ayer mismo se volvió a plantear su salida inmediata del Consell Jurídic Consultiu, un puesto por el que sigue cobrando sueldo público con asesores y coche oficial. En el plano interno, desde luego, este nuevo relato que se corresponde con una etapa trufada de casos de corrupción vinculados a la gestión del PP debilita a la organización territorial en plena crisis tras la caída de Rajoy y en medio del debate para la elección de un nuevo liderazgo que ofrezca imagen de cambio y de ruptura con el pasado, como reconocían ayer dirigentes populares.
El anuncio de la sentencia, precisamente, cogió a la cúpula autonómica del PP -la presidenta Isabel Bonig, la secretaria general Eva Ortiz y el líder de los populares alicantinos, José Císcar- en Madrid durante la celebración de la Junta Directiva Nacional para convocar el congreso que elegirá en julio al sucesor de Rajoy. Y lo primero que hicieron los medios de comunicación de la capital fue poner el foco en la figura de Bonig para exigirle que diera explicaciones. Fuentes regionales del PP, pese a todo, consideran que, dada la fortaleza de la delegación de la Comunidad, este escenario continuado de episodios de corrupción no debe afectar a su posición en ese cónclave popular en el que, como ocurrió en equipos directivos anteriores, los populares valencianos quedaron fuera de la principal cúpula de mando salpicados por la corrupción. Escenario de resignación para la dirección popular que, aunque trata de «vender» el mensaje de la distancia con el pasado, sabe que se enfrenta a un desgaste permanente.
