Daniel Barrientos Zurbano, el juez que se ha hecho cargo provisionalmente del juzgado que dirigía Juan Carlos Cerón tras su marcha a la Audiencia, no va a tomar ninguna decisión en la instrucción del proceso abierto por supuestas irregularidades en la tramitación del macroplan urbanístico Rabasa hasta que se estudie la causa.
Así se lo ha hecho saber Barrientos a las partes personadas en este procedimiento en la que ha sido su primera providencia en el asunto. Apenas cinco líneas para comunicárselo al fiscal, a las acusaciones populares (que se ejercen en nombre del EU y del PSOE) y a las defensas de los imputados, entre los que se encuentran, entre otros, la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo, el empresarios Enrique Ortiz, el gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, y la jurista municipal Isabel Campos.
Un día después de que Cerón se incorporara a la Audiencia, el pasado día 21, su colega firmó la providencia en la que acuerda que «dado el volumen y complejidad de la presente causa pasa la misma a SSa (su señoría) para su estudio a afectos de proveer lo necesario sobre las peticiones contenidas en los diversos escritos presentados por las partes.
Entre los asuntos que tendrán que esperar, pues, a que Barrientos se ponga al corriente del procedimiento se encuentra el recurso que presentó el fiscal Felipe Briones contra la orden de Cerón a la Policía para le facilitara los pormenores de los encuentros que, a instancias de Ortiz, mantuvieron con el promotor. Unas citas que los abogados de la exregidora han hecho llegar hasta la fiscal general del Estado, de la que reclaman un pronunciamiento sobre la «licitud».
También quedan pendientes las peticiones de sobreseimiento planteadas para tres de los imputados: los dos técnicos de Fomento y el técnico municipal José Luis Ortuño.
A ello se suma la petición planteada hace unos semanas por el representante legal del EU para que se remita a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal la documentación que sobre el viaje a Oporto aportaron al juzgado Castedo y la edil Sonia Alegría y se solicite al Ayuntamiento datos del vuelo Santiago-Alicante, en el que las dos políticas del PP y Alperi regresaron a Alicante. Esta acusación reclama que se indague quién pagó la factura del hotel en la ciudad portuguesa y que el Ayuntamiento remita todos los documentos de que disponga sobre este viaje tanto de Castedo y Alegría como de Luis Díaz Alperi, quien había dejado la Alcaldía un mes y medio antes de celebrarse. También quiere que se aporte la preceptiva delegación de competencias de la entonces regidora debido a la visita al Oporto.
Barrientos, con todo, no será previsiblemente quien complete esta instrucción ya que, salvo incidencias, no pasarán más de dos meses sin que un juez titular se haga cargo del juzgado.
