Reconectar con la ciudadanía, convencer a antiguos votantes y disipar cualquier atisbo de corrupción. Esos son tres de los objetivos básicos que se ha marcado el PP para los próximos meses con el objetivo de revertir los vaticinios de las encuestas e intentar evitar un batacazo electoral en la cita con las urnas del próximo año. Para conseguirlo, la Conselleria de Presidencia, dirigida por José Císcar, está ultimando una Ley de Transparencia que pretende proyectar a la ciudadanía una imagen de total nitidez del partido.
Entre las medidas incluidas en esa nueva norma figura la publicación por áreas de los polémicos gastos de caja fija que ha venido realizado la Generalitat durante los últimos años. Este mecanismo está presente en todas las administraciones y se utiliza para hacer frente a pequeños pagos que carecen de consignación presupuestaria. El problema radica en que el Ejecutivo recurrió a este instrumento para abonar facturas cuanto menos llamativas: entrecots de 60 euros, pinzas para el pelo, 1.180 euros en una degustación de horchata, gambas ralladas a 34 euros, quisquillas por 30, copas de güisqui de 12 años por 12 euros, 817 euros en la factura de un horno en un solo día...
Con el objetivo de trasladar una imagen de transparencia, el Consell ha decidido incluir en su nueva ley la obligación de publicar, por departamentos, el dinero gastado a través de las cerca de 300 cajas fijas que existen en la administración autonómica. Lo que está por determinar es si simplemente se harán públicas las cantidades que ha gastado cada área o, por el contrario, se decide dar un paso más y se cuelgan en la web todas las facturas y sus respectivos conceptos.
La Ley de Transparencia también incluye otras muchas obligaciones. Por ejemplo, la Generalitat deberá publicitar en su página web todos los viajes que realicen sus altos cargos, el coste de los hoteles e incluso los regalos de cortesía que reciban. Además, el Consell hará pública la relación de todos los liberados sindicales de la administración autonómica, así como las declaraciones de compatibilidad que tengan los funcionarios.
