El Consell se ha defendido ante el escándalo de las facturas de la caja fija con el argumento de que son gastos fiscalizados por los funcionarios de la Generalitat. Ahora bien, el control interno tiene grietas, una de ellas un sistema que ha generado, no sólo en la Administración autonómica, la politización de la función pública mediante la denostada libre designación. Precisamente, dos de las figuras funcionariales que tienen asignadas la supervisión y la validación de los gastos de caja fija son puestos a los que se llega «a dedo» y no mediante concurso de méritos. La diferencia es fundamental ya que en el primer caso, la afinidad del funcionario aspirante con su superior jerárquico, es, en ocasiones, el pasaporte sin el cual es difícil llegar a estos destinos, los mejor remunerados. Por regla general, junto a la persona habilitada ( encargada de los trámites) corresponde, primero al cuentandante, y, después, al interventor delegado verificar que los gastos se ajustan a la norma.
Los cuentandantes suelen ser los jefes de gestión económica presupuestaria de las consellerias. A ellos les corresponde acuñar el primer sello de «conforme» cuando el alto cargo correspondiente le remite el gasto. El segundo control recae en la intervención delegada de cada departamento. La nueva ley de función pública valenciana de 2010, aprobada bajo el mandato de Camps, decretó la libre designación para todas las jefaturas de servicio.
A la medida del poder
Ya en ese momento los sindicatos pusieron el grito en el cielo y denunciaron que se abría la puerta a una función pública a la medida del poder. Ya con Fabra en la Generalitat, mediante la modificación de los reglamentos orgánicos se limpió la administración de los antiguos jefes de servicio por concurso. Los responsables de gestión económica vieron aumentar sus retribuciones (del nivel 26 pasaron al 28) a través de la relación de puestos de trabajo de 2013.
Las facturas de mariscadas y gastos particulares a cargo de la caja fija de Medio Ambiente en la época de Juan Cotino evidencian que los controles fallaron. Con todo, y en contra de la descarga que hace el Consell en los funcionarios, cabe apuntar que los reparos de la intervención delegada (hubo casos en que se objetaron gastos) no son vinculantes. Y el alto cargo que valida el gasto acaba teniendo la última palabra.
Dispendios en tiempos de Blasco
El escándalo de los gastos de caja fija realizados a cargo del ex conseller Juan Cotino y las exaltos cargos de Medio Ambiente, Cristina Serrano y María Angeles Ureña ha golpeado estas últimas semanas al Consell, que tiene que encajar ante la opinión pública excesos de la pasada legislatura. Las facturas aireadas por este diario ponen el foco, además de en los altos cargos, en los altos funcionarios que, a tenor de algunos de los gastos, optaron por mirar hacia otro lado.
Dos de estos empleados públicos están ya jubilados -el jefe de gestión económica, Clementino García y el interventor delegado de Medio Ambiente, Prudencio Ortells-, mientras que el entonces jefe de servicio de contratación, Hilario Fernández Chinchilla, que validó las facturas kilométricas de Serrano en taxi, es en la actualidad secretario general administrativo de la Conselleria de Hacienda.
Clementino García llegó al puesto mucho antes de que Cotino se hiciera cargo de las competencias de Medio Ambiente. La presidenta del tribunal seleccionador fue la entonces secretaria general administrativa, Tina Sanjuán, mano derecha del ex conseller Blasco. Ambos están condenados a penas de cárcel por el caso del desvío de fondos en las ayudas al Tercer Mundo. En concreto, Blasco firmó el 5 de mayo de 2006 el nombramiento de García en el puesto de libre designación.
El alto funcionario permaneció en este puesto hasta el verano de 2011. Por aquella época se jubiló.
