La carga del rescate se ha convertido para el Consell en una losa muy difícil de levantar. Hasta el punto de que condiciona el margen de maniobra con pagos millonarios que, además, lejos de menguar, convierten la bola en una pesada carga cada vez mayor. En vísperas del Consejo de Política Fiscal y Financiera de hoy en el que la Generalitat se juega completar el ejercicio sin sobresaltos, los datos de la tesorería autonómica, actualizados hasta finales de mayo, evidencian el impacto que el recurso al rescate -préstamos conseguidos a través del Fondo de Liquidez o del plan de pago a proveedores que, con el tiempo, habrá que retornar- ha tenido en los balances del Ejecutivo autonómico. En ese periodo, el Consell ha tenido que hacer frente a pagos para cumplir con los bancos por importe de 521 millones de euros, lo que supone alrededor de un 10% más -unos 47 millones- que durante el mismo periodo del ejercicio anterior.
No se trata de una cantidad menor. Ni mucho menos. Ese dinero supone que, a día hoy, la Generalitat, de seguir con esa progresión, acabaría el año con unos 1.100 millones gastados para cubrir los intereses de su astronómica deuda cercana a los 36.000 millones. Sólo Sanidad y Educación tienen más presupuesto. Es decir, que el Consell continúa pagando unos 3,5 millones cada día a las entidades bancarias para hacer frente a su endeudamiento, engordado hasta el infinito por el impacto del rescate. Como se recordará, aún bajo mandato del socialista Zapatero, el PSOE y el PP acordaron una reforma «express» de la Constitución para dar prioridad al pago a los bancos sobre el resto de las competencias.
A la necesidad de tener que pagar la carga financiera que genera el recurso a la tesorería y a disponer de liquidez a través de las entidades financieras se une además el expolio de la financiación autonómica que deja a la Comunidad sin más de 1.000 millones anuales. Así que, en estos momentos, la situación es límite. Todos los altos cargos del Ministerio de Hacienda -desde Cristóbal Montoro a los secretarios de Estado- ya han advertido que, de inmediato y mientras no se generen más ingresos en las arcas del Estado, no habrá reforma de la financiación autonómica. El Consell aspira, precisamente, a una compensación o a una reestructuración de las cargas del rescate que reduzca el peso de los intereses que generan los préstamos. Hay muchas cosas encima de la mesa pero ninguna aún cerrada.
El Consell, por su parte, mantiene la presión para intentar que el Gobierno acabe moviendo ficha y conceda un balón de oxígeno a sabiendas, además, de que todos los indicadores apuntan que será casi imposible cumplir con el objetivo de déficit. Los datos de ejecución presupuestaria hasta el mes de mayo ya sitúan el desfase entre ingresos y gastos muy cerca de rebasar el listón del 1% -algo menos de mil millones- marcado por Montoro. El Ejecutivo de Alberto Fabra se revolvió ayer, precisamente, contra la intervención en Valencia de Ángel de la Fuente, experto del Ministerio de Hacienda y autor del informe sobre las balanzas fiscales, que admitió el agravio pero corrigió las reclamaciones de la Generalitat.
La portavoz del Consell, María José Catalá, aseguró ayer, durante un acto en la localidad de La Vila Joiosa (Marina Baixa), que la situación de infrafinanciación que vive la Comunidad «se prolonga muchísimos años» y que, por tanto, todo eso conlleva que se convierta «en una discriminación». Catalá respondía de este modo, al ser preguntada por los medios, a la postura del economista que asesora a Montoro. «La situación -reflexionó la consellera- no sería tan complicada si fuera una circunstancia aislada. Pero cuando esa circunstancia se prolonga durante muchísimos años se convierte en una discriminación. Y muy importante». La titular de Educación insistió, por eso, en que cabe «resolver» el problema de la financiación de la Comunidad para «poder seguir manteniendo el eje social de nuestro gobierno».
