Cuando en mayo de 2012, el Consell supo que Europa había iniciado un procedimiento de inspección para decidir si investigaba las cuentas de la Comunidad a raíz de las facturas en los cajones de Sanidad, de inmediato, el Ejecutivo de Alberto Fabra intentó atajar el problema. Utilizando la mayor parte de una de las primeras remesas de dinero del rescate -los 4.300 millones del préstamo que avalaba el plan de pago a proveedores de 2012-, la Generalitat cortó por lo sano y liquidó todas esas deudas pendientes que, como apuntó ayer el Consell en un comunicado, correspondían a 2011 pero también a ejercicios anteriores. Había acumulados más de 3.500 millones de los que alrededor de la mitad -unos 1.800- se encuentran bajo la lupa de Europa como gastos ocultos y que están concentrados entre los ejercicios de 2008 y el mencionado de 2011.

La Comunidad no sólo no notificaba esas facturas que, año tras año desvelaba con recomendación de la Sindicatura de Cuentas de acabar con esas prácticas, sino que no se respetaron algunos principios básicos que sí se utilizan en Bruselas, donde se computa el movimiento en los balances cuando se conoce la existencia de un gasto. En la Generalitat se hacía al revés: se contabilizaban con el cobro o cuando se pagaba. Eso acumulaba en un cajón oscuro una bolsa de facturas sin abonar, ocultas y casi al margen del control administrativo hasta que el Síndic le hacía la cuenta al Consell por Navidad. Cuando eso ocurría, se cogía un paquete de facturas -nunca todas- que se computaban y se pagaban con cargo a un préstamo lo que aumentaba la deuda autonómica, una práctica extendida durante la etapa de Gerardo Camps y de José Manuel Vela, precisamente durante los últimos cuatro años de Francisco Camps.

Con el movimiento de Europa, admitió el Consell, afloraron «todas y cada una de las facturas no registradas». Y se pagaron con el rescate. «Ya hemos adoptado las medidas oportunas frente a la situación que ha llevado a la investigación por parte de la Comisión Europea», apuntó la Generalitat en un comunicado en el que, además, ofrece colaboración a Bruselas sobre «aquellas dudas que puedan surgir» acerca de los «datos estadísticos de la Comunidad Valenciana». Tras abonarse esas facturas, la llegada del conseller Moragues a Hacienda aceleró los cambios para acabar con las practicas de la gestión anterior. Por ejemplo, se puso en marcha el registro único de facturas para controlar hasta el más mínimo gasto con transparencia, la contabilización en plazos máximos de 15 días y, más recientemente, la obligación de realizar la facturación electrónica.