La investigación por la trama de subcontratas y costes inflados en las obras de renovación de la red transversal de Calp da un paso atrás para coger impulso. El paso atrás es para volver a junio de 2011, cuando la juez de Dénia decretó el sobreseimiento parcial del exedil del PP Juan Roselló, de dos cargos de la empresa mixta Aguas de Calp (el consejero delegado Francisco Zorrilla y el gerente Alberto Mut) y del administrador de la empresa Montubo Obra Civil, Salvador Ibarra. Los cuatro se libraron entonces de una imputación que arrastraron durante 7 años.
Ahora, sin embargo, la Audiencia de Alicante ha revocado ese sobreseimiento. Roselló vuelve a estar imputado, al igual que Zorrilla y Mut. El único que se salva es Ibarra. En el auto, que tiene fecha del pasado 14 de mayo, los magistrados aluden a que la sobrevaloración de las obras (de algo más de un millón) es «un indicio más de connivencia»de los imputados al adjudicar sin concurso el proyecto a una empresa que era de buzoneo y que tenía de titular mayoritario a Francisco Artacho, el cuñado de Juan Roselló.
El sobreseimiento lo recurrieron la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (al fin y al cabo, el millón supuestamente defraudado salió de las tarifas que pagaron los vecinos) y la empresa Exca-Gata, que estuvo en el último escalón de las subcontratas y sí hizo obras, pero no las cobró. La Audiencia ha estimado parcialmente su recurso. Aclara que los impagos de Montubo a sus proveedores no entran en el tipo penal de estafa y deben dirimirse en un juzgado civil. De ahí que Ibarra quede fuera.
La nueva imputación de Roselló da brío al caso. El exedil y su cuñado, también imputado, están igualmente implicados en otro fraude gemelo, el de la basura, que es una pieza separada de Brugal.
Las obras de renovación de la red transversal las adjudicó el pleno en marzo de 2004 a Aguas de Calpe por 5,2 millones de euros. El PP gobernaba con mayoría absoluta. La empresa mixta contrató a dedo a Obras Hidráulicas de Levante, la mercantil de Artacho que hasta entonces se había dedicado a echar publicidad en los buzones. Sin experiencia, pero con un nombre rimbombante, se llevó el premio gordo. Roselló era entonces edil de Aguas y consejero de Aguas de Calpe. El pleno rebajó luego el presupuesto a 3,7 millones. Aún así, la Universidad Politécnica de Valencia valoró las obras en 2,2 millones.
La empresa mixta llegó a pagar 3.175.771 euros a la firma de Artacho que, sin embargo, sólo transfirió (así figura en las cuentas bancarias) 1.295.000 euros a Montubo, que sí tenía experiencia en el sector. El propio Ibarra, administrador de Montubo, reconoció ante la juez de Dénia que las obras del agua no valían más de 2,4 millones.
El exedil Roselló, su cuñado, los dos cargos de Aguas de Calpe y el administrador de Obras Hidráulicas de Levante, Jesús Lara Santamaría, están imputados por prevaricación, tráfico de influencias, malversación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. El caso se acerca a la apertura de juicio.
