Dos de los doce procesados por el fraude de la basura de Calp (es una pieza separada del caso Brugal) han tenido antecedentes penales. El juez de Dénia que ha investigado el caso pidió al Registro Central de Penados los datos de todos los imputados, entre los que se encuentran el exalcalde del PP Javier Morató -ahora es edil de Alternativa Popular- y el exconcejal y exdiputado también popular Juan Roselló. Todos están «limpios», excepto el cuñado de Roselló, Francisco Artacho, el empresario Ángel Fenoll y su hijo, Antonio Ángel Fenoll.

La Audiencia Provincial de Alicante condenó en 2006 a Artacho y a Fenoll hijo por estafa. Simularon, para cobrar el seguro, un accidente entre un camión de Colsur y una máquina propiedad del cuñado de Roselló. En realidad, en el siniestro sólo se vio implicado el camión, que se fue terraplén abajo. Ocurrió en 1999 en la planta de Colsur en Calp.

La estafa se juzgó en mayo de 2006 en la Audiencia de Alicante. El millonario fraude de manipular el pesaje de los residuos y facturar de más al ayuntamiento (la primera pieza de Brugal que llega a juicio) no había salido a la luz. Pero Artacho sí estaba entonces envuelto en otra presunta trama, la del caso Aguas de Calpe. Esta empresa mixta adjudicó en 2004 (el edil de Aguas era Juan Roselló) sin concurso un contrato de 4,7 millones a una empresa fantasma de la que Artacho era administrador en la sombra. Pese a que las obras se rebajaron a 3,1 millones, todavía estaban sobrevaloradas en un millón de euros. El juzgado archivó el caso.

Cancelación

En el registro de penados, su condena por la estafa al simular un accidente en la planta de Colsur figura como cancelada desde el 14 de mayo de 2012. Hizo frente a una multa de cuatro meses con pago de cuota diaria de 18 euros (2.160 euros).

No entró en prisión al ser la pena de 9 meses. Antonio Ángel Fenoll, además de por esa misma estafa, tiene antecedentes por conducir a velocidad superior a la permitida. Mientras, su padre tiene una condena por delito electoral dictada por la Audiencia de Alicante en febrero de 1995; otra por falsificación de documento público, oficial o mercantil, de 2002, y una tercera por injurias, de noviembre de 2012.