El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Novelda acaba de imputar por prevaricación al exalcalde de Monóvar Salvador Poveda, a los concejales del PP Ramón Cambra, María Victoria Bernabé y Deseada Bellot, a los ediles independientes Emilio Orgilés y José Ginés, y al interventor, el secretario y el arquitecto del Ayuntamiento monovero. En un auto fechado este viernes y al que tuvo acceso ayer este diario, el magistrado Andrés Salas Felipe ha detectado «indicios de la posible comisión de un delito de prevaricación por irregularidades» en la adjudicación del contrato para cubrir el pabellón deportivo municipal.
La investigación nació a raíz de la denuncia del portavoz socialista, Francesc Picó. El dirigente del PSPV trasladó los hechos a los tribunales porque el Ayuntamiento adjudicó las obras a la empresa Construcciones Los Carteros S.L. a través de un procedimiento negociado sin publicidad por un montante total de 227.000 euros. Hasta ahí, todo correcto. La ley permite adjudicar contratos bajo esta fórmula -se invita a tres empresas y se adjudica a la que obtenga más puntuación en función de los pliegos de condiciones- siempre que no superen los 300.000 euros. El problema vino después.
Durante la ejecución de las obras se introdujeron mejoras que no estaban previstas en el proyecto original, según consta en la denuncia, y se incluyeron una sala de conferencias, un porche de acceso y un despacho para directivos. Con esos cambios, el coste del proyecto se cuadriplicó, hasta superar los 966.000 euros. La empresa presentó en el Consistorio sendas facturas adicionales por importe de 368.783 y 302.362 euros, y la junta de gobierno local les dio el visto bueno. Y también avaló otra de del arquitecto redactor del proyecto que ascendió a 68.507 euros.
La Fiscalía Anticorrupción ya vio indicios de delito en marzo de 2011 y decidió remitir al juzgado la denuncia del portavoz socialista. Y ahora, el juez acaba de imputar a los cargos políticos y los funcionarios que avalaron el pago de esas facturas extra. Todos ellos deberán pasar por el juzgado la próxima semana, ya encausados, para dar explicaciones. Según el auto, el miércoles 26 están citados los ediles populares Deseada Bellot (11 horas), Ramón Cambra (11.15 h.) y María Victoria Bernabé (11.30 h.). Un día después, el jueves 27, desfilarán ante el juez el interventor, José Ortola (9 h.), el secretario, José Carlos Payá (9.30 h.) y el arquitecto municipal, Lucas Alonso (10 h.). Y por último, el viernes 28 está prevista la visita del exalcalde Poveda (10 h.). Antes acudirán Emilio Orgilés (9 h.) y José Ginés (9.30 h.).
En el auto, el magistrado les advierte de que en caso de no comparecer voluntariamente «podrá ser acordada su detención». El juez también ha citado a declarar la próxima semana, aunque en calidad de testigo, al arquitecto que redactó el proyecto básico para cubrir el pabellón deportivo municipal, Javier Antón, y al representante de la empresa Construcciones Los Carteros S.L., Miguel del Carmelo Ferrer.
