Casi 20.000 sentencias dictadas pero pendientes de ejecutar o, lo que es lo mismo, casi 20.000 fallos que no se han cumplido pues, como bien recuerda Vicente Pascual, decano del Colegio de Abogados de Elche, «una sentencia que no se ejecuta solo es un texto escrito; solo se hace efectiva cuando se cumple». La jurisdicción civil, que ha sido tradicionalmente la que mayor colapso ha registrado en la comarca, se lleva la peor parte, con 13.987 ejecuciones en trámite. Así lo revelan los datos del Consejo General del Poder Judicial, con fecha del tercer trimestre del pasado año.
Pese a la apertura de dos nuevos juzgados civiles en abril de 2018, todavía no se ha logrado reducir la carga de trabajo en lo que a ejecuciones se refiere, como prueba el hecho de que todavía haya más sentencias registradas para su ejecución de las que se ejecutan realmente, por lo que la carga de trabajo en este sentido no para de crecer. Un lastre que, no obstante, se repite en todas las jurisdicciones. En el tercer trimestre del pasado año se registraron 737 sentencias en materia civil para su ejecución, y se resolvieron 735, por lo que al final del periodo aún quedaban 13.987 en trámite.
La labor de los funcionarios que se dedican a ejecutar sentencias pasa por rastrear en bancos, registros, la Seguridad Social o Hacienda la solvencia, los bienes y otros ingresos de los condenados para que, en el caso de que no cumplan la sentencia por motu propio, hacerlo forzosamente. La forma más habitual es embargar parte del sueldo. Y aquí es donde comienzan los primeros problemas, ya que, en caso de que el condenado no supere el salario mínimo profesional, este es inembargable y solo puede embargarse un porcentaje a partir de ese salario mínimo.
Por tanto, puede darse el caso de que, a la hora de ejecutar una sentencia por parte de los juzgados, al lanzar la orden de embargo, esta tenga que demorarse durante años, ya que el embargo sería de una pequeña cantidad al mes y, aunque en la práctica la sentencia se esté ejecutando poco a poco, aparece como pendiente en los registros, explican desde la Ciudad de la Justicia de Elche.
En este punto, la crisis económica vivida en la última década ha contribuido, y mucho, a ese lastre, al no poder ejecutar sentencias por la incapacidad económica de los condenados. A esto se suma que, en otros casos, los acusados, conscientes de cómo funciona el procedimiento, optan por retirar el dinero de las cuentas, ponerlo a nombres de familiares o guardarlo en efectivo para que cuando desde el juzgado se lance la orden de embargo de cuentas o depósitos, no haya nada disponible, señalan las mismas fuentes.
Sin embargo, la falta de medios es el principal lastre a la hora de hacer cumplir las sentencias. Desde la Fiscalía de Elche señalan que han propuesto en varias ocasiones la creación de un juzgado especializado en ejecutorias, con el fin de poder cumplir las sentencias. En materia penal existen casi 5.000 sentencias pendientes de ejecución. En esta materia cabe destacar que, a diferencia de lo Civil, las condenas han de ejecutarse de oficio, sin que los afectados lo pidan.
En este punto,explican desde la Fiscalía, el propio colapso de la justicia se convierte en el pez que se muerde la cola, pues el retraso en las sentencias provoca retrasos también en su ejecución, al no poder localizar a los condenados, cambios de domicilio a la hora de notificar, y otras complicaciones.
La Fiscalía vigila de cerca el cumplimiento de las condenas, pero reconoce que no da abasto para seguir todos los casos que, con los años, acaban archivados.
Los trabajos en beneficio de la comunidad, sin medios
Los trabajos en beneficio de la comunidad, sin mediosLas penas menores por delitos de violencia de género, seguridad vial o patrimonio quedan en el aire por falta de colaboradores
Las penas por delitos leves, que no conllevan prisión, tienen aparejados trabajos en beneficio de la comunidad que no siempre pueden cumplirse por la falta de administraciones y empresas privadas que quieran colaborar para que estos condenados realicen estas tareas.
El pasado año se dictaron más de 3.400 sentencias que contemplaban este tipo de pena. A modo de ejemplo, el Ayuntamiento de Elche, la segunda ciudad de la provincia, tan solo acogió a 180 personas para realizar diferentes servicios de conserjería, limpieza o mantenimiento en virtud del cumplimiento de estas penas. De ahí que, en una reunión reciente con el director de Fontcalent, el alcalde y el edil de Igualdad se hayan comprometido a reforzar el convenio para mejorar la implicación del Ayuntamiento en esta materia.
Los condenados a realizar este tipo de trabajo suelen ser aquellos que han cometido delitos leves relacionados, sobre todo, con violencia de género, seguido de delitos contra la seguridad vial, lesiones leves, contra el patrimonio y otras causas menores.
Desde la Fiscalía señalan que finalmente acaban cumpliéndose, pero reconocen que pese al esfuerzo del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, de quien depende encontrar los puestos de «trabajo» para estos presos, no siempre se consigue. Las condenas por trabajos en beneficio de la comunidad son cortas y por lo general van desde unos pocos días hasta varios meses.
Al tratarse de delitos menores, el plazo de prescripción también es mucho menor, por lo que la falta de plazas para realizar estos trabajos hacen que en ocasiones se incumplan las sentencias, señalan fuentes judiciales, que reclaman a las administraciones mayor implicación.
