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El juzgado de lo Contencioso sigue saturado pese a caer los asuntos un 38% en 4 años

Reclaman mantener el personal de refuerzo para dar salida en 2016 a casi 1.500 procedimientos pendientes de resolver

Una imagen de archivo de un juzgado de Elche. sergio ferrández

El descenso de la construcción, de la contratación por parte de las administraciones o de las convocatorias de oposiciones en los últimos años ha llevado aparejada una reducción en el número de causas que se registran cada año en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Elche, un juzgado que por su crítica situación de hace unos años parece que se encuentre ahora en buen estado cuando en realidad aún trabaja por encima de lo aconsejable. Si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) establece que el módulo óptimo de entrada de asuntos en esta jurisdicción está en los 400 procedimientos, el de Elche ya ha llegado esta semana al número 591, y cerró 2014 con 776 asuntos, lo que supuso un 38% menos que cuatro años antes.

No es ese, de todas formas, su principal problema, sino que lo que realmente lastra el trabajo es toda la acumulación de procedimientos por resolver de los años centrales de la crisis, posteriores al «boom» de la construcción, en los que se llegó a triplicar el módulo, con 1.262 asuntos registrados en 2010. Todo ese papel pendiente de ser desempolvado y contestado está encontrando ahora salida en el juzgado gracias a un refuerzo a todos los niveles, con tres magistrados dictando sentencias, un secretario o letrado de la administración extra y dos funcionarios tramitadores además de los habituales. Es decir, casi un juzgado bis que permite que se estén resolviendo actualmente unos 300 asuntos al trimestre mientras se registran unos 140.

A ese ritmo, hay que hacer pocas matemáticas para saber que los 1.440 asuntos que al cierre del tercer trimestre estaban pendientes de resolverse pueden ir encontrando salida si se mantiene el ritmo actual de trabajo, por lo que desde el propio juzgado reclaman que se renueven los refuerzos, ya que está previsto que el secretario y los funcionarios cesen en diciembre y los magistrados en marzo de 2016. Se da la circunstancia de que a principios de 2015, los asuntos pendientes eran 1.770, mientras que lo habitual en otros contenciosos en España se mueve entre 600 y 800 procedimientos atrasados. «Mantener los refuerzos a todos los niveles durante 2016 es imprescindible para continuar en la línea positiva que lleva el juzgado, que en el tercer trimestre de 2015 ha ingresado 136 asuntos y resuelto 301», exponen fuentes judiciales.

Además del reflejo de la crisis, la estadística del Consejo General del Poder Judicial recoge también el impacto de Ley de Tasas, que se publicó en noviembre de 2012 y tuvo especial incidencia en 2013, el año en que menos asuntos se registraron en toda una década, con 676.

Tendencia

A partir de 2004 la cantidad de procedimientos comenzaron a aumentar vertiginosamente año tras año hasta que en 2011 se invirtió la tendencia y comenzaron a bajar. En ese contexto se redujeron los asuntos relativos a urbanismo y ordenación del territorio, sobre todo expedientes de infracciones urbanísticas y órdenes de demolición, en parte porque se dejó de construir con tanta frecuencia fuera de ordenación: Estos asuntos cayeron en cinco años, entre 2009 y 2014 más de la mitad, concretamente un 55%.

Por contra, han aumentado a lo largo de los años los contenciosos administrativos interpuestos por impago de las administraciones a empresas contratadas o proveedores, y también los recursos de función pública, específicamente denuncias de funcionarios por la supresión de la paga extra de diciembre de 2012 y recursos a convocatorias de oposiciones y procesos de selección de personal, quizás por el aumento de aspirantes a los puestos de trabajo ofertados.

Detrás de la cifras está la circunstancia de que el Contencioso-Administrativo de Elche no se limita a asumir los temas de Elche, sino que se encarga de toda la comarca del Baix Vinalopó (incluyendo por tanto a Santa Pola y Crevillent) y toda la Vega Baja, (que tiene 27 municipios, cada uno con su ayuntamiento, su plan de ordenación urbana, sus contrataciones, adjudicaciones...). Todos los recursos contra decisiones de administraciones y ayuntamientos, por tanto, se ven en un solo juzgado de Elche mientras que Alicante dispone de cuatro juzgados para la mitad norte de la provincia, algo que colectivos profesionales o sindicatos han calificado de agravio comparativo.

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