Hace en estas fechas un año desde que Vicente Pascual tomó posesión como decano de los abogados de Elche, siguiendo la estela de una junta dirigida por María del Carmen Pérez Cascales, con quien trabajó como secretario y cuyos principios quería continuar. Habló en su discurso por entonces de formación, modernización tecnológica y de cambios legislativos de dudoso acierto, todo ello con un intenso tinte reivindicativo que no ha perdido. La Justicia en Elche no es igual que en otras capitales de provincia de la Comunidad ni que en otros partidos judiciales de similar población. No lo es por falta de medios. Y en esa reivindicación se encuentra siempre, claro, directo y sin complejos, al decano del Ilustre Colegio de Abogados de Elche.
¿Qué carencias son más acuciantes en el partido judicial de Elche? Se ha puesto en marcha un plan de refuerzo del Registro Civil, se ha vuelto a anunciar el Juzgado de Primera Instancia 7... ¿Son medidas suficientes o castillos en el aire?
La situación de la Justicia en Elche es una situación deficiente, porque el número de tribunales que existe no se corresponde ni con la población del partido judicial ni con la litigiosidad que se deriva de su carácter comercial e industrial. Las dos situaciones más sangrantes son los juzgados de Primera Instancia y el Registro Civil. La solución al segundo tendrá que venir con la creación de un registro civil exclusivo. El refuerzo de un secretario y un juez que se ha puesto en marcha es una medida que valoramos y agradecemos, que al menos supone un alivio a una situación complicada. Ahora queda en primera línea de forma imprescindible el séptimo de Civil.
Es indiscutible la necesidad en los de Primera Instancia, los de mayor carga de trabajo de España, según el Consejo General del Poder Judicial. Hay quejas sobre el Contencioso, que abarca la Vega Baja y arrastra muchos asuntos urbanísticos. La actividad industrial absorbe también a los de lo Social y el Mercantil... ¿En algo estamos bien?
Toda la planta de Elche tiene necesidades, pero en este momento son urgentísimas las de la jurisdicción civil. También es muy relevante la situación de la Audiencia Provincial, que se palia en parte con el incremento del número de magistrados, pero no es la solución. En el resto de jurisdicciones también hay situaciones deficitarias, pero empecemos por las más urgentes. Lo crucial es el Registro Civil y crear varios juzgados de Primera Instancia. Urgentemente se necesita eso, es imprescindible, porque la Justicia en Elche no es igual que en Alicante, porque es mucho más lenta. Y los ciudadanos pagamos los mismos impuestos. No se comprende por qué recibimos diferentes servicios. No es un conflicto con Alicante: Castellón, con menos población, tiene más juzgados. Ni es un problema de prima de capitalidad, porque te comparas con Gijón y nos tocarían once o doce. Si vas a un registro civil que no está colapsado, te dan tu partida de nacimiento en el momento; aquí la gente se tiene que ir a casarse fuera.
Nos quejamos con razón...
Para hacernos una idea, tenemos seis juzgados de lo Civil y, comparativamente con las tres capitales de la Comunidad o con otras ciudades no capitales de provincia de más de 200.000 habitantes, en Elche deberíamos tener once. Nos estaría faltando prácticamente el 50%. La infradotación es brutal, y eso repercute en un peor servicio. El ciudadano o empresa que necesita pedir justicia en Elche inicia un proceso que va durar más tiempo.
¿Eso qué implica para el ciudadano de a pie?
Pongo ejemplos de asuntos que conozco de mi despacho. Dos juicios por acciones de Bankia presentados en julio de 2015: el que se presentó en Alicante era de trámite más complejo y está terminado; el de Elche era más sencillo y no está ni por la mitad. Dos juicios ordinarios en Elche y Zaragoza: el primero tuvo audiencia previa en octubre de 2014 y la fecha del juicio fue febrero de 2016; el de Zaragoza tuvo audiencia previa en enero de 2016, juicio en febrero y ya tiene sentencia. Los abogados ilicitanos que trabajamos en toda España vemos eso, que el servicio público no es equiparable. Y no queremos que empeoren ni Alicante ni Zaragoza, sino que mejore Elche.
¿Cuáles son las prioridades del ICAE, y los desafíos de este mandato que ya cumple un año?
El Colegio sigue realizando actividades de formación, ciclos de conferencias, módulos especializados de la Escuela de Práctica Jurídica, participación en los másteres de Abogacía... En el tema de tecnología acabamos de estrenar una nueva página web, una renovación importante. Hemos seguido con la política de austeridad del Colegio, en 2016 las cuotas colegiales han vuelto a tener una pequeña reducción, con la idea de que la colegiación no sea una barrera de acceso a la profesión ni de permanencia en ella, y en este momento estamos muy involucrados en poner en marcha una agrupación de abogados jóvenes de Elche.
Y en las cuentas, ¿sigue pesando la hipoteca del edificio?
Las cuentas del Colegio están normalizadas. Lo están desde hace años, es un problema que quedó resuelto por la junta de mi predecesora. Lo que sí es cierto es que, como casi como cualquier familia, tenemos nuestra hipoteca. A pesar de ella tratamos de ser austeros.
Se anunció en 2015 la creación de un Turno de Oficio específico de Familia. ¿Es una muestra de que la justicia gratuita no es una excepción sino un recurso para una gran parte de la población?
El Turno de Oficio atiende a muchos ciudadanos. Desde el Colegio tratamos de ir adaptando los turnos que tenemos a la realidad que se va planteando. Puede estar ahora más extendido en la medida en que una parte de la población que antes tenía recursos ha haya dejado de tenerlos, aunque los requisitos son los mismos. Con la crisis, hay personas que han empeorado su situación, es una realidad.
¿A qué cuestiones a nivel nacional están atentos?
Estamos en un tiempo de cambio, a nivel general con la constitución del nuevo Congreso de los Diputados y la inminente constitución de un nuevo Gobierno, en paralelo a la elección el 14 de enero de la nueva presidenta el Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega. Durante 2015 y años anteriores se han ido introduciendo de forma muy acelerada nuevas leyes, algunas desgraciadamente que solo gozaban del consenso del partido político que tenía mayoría absoluta y habían sido rechazadas desde la abogacía, como la Ley de Tasas, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo relativo a la limitación del plazo de instrucción a seis meses, la Ley de Seguridad Ciudadana... e incluso se produjo la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo relativo a las comunicaciones electrónicas, lo que ha comportado la implantación de Lexnet con efectos a 1 de enero de 2016. En este momento creo que vamos a asistir a un proceso que yo confío que sea de supresión de las tasas para pymes y ONG, quedando solamente para grandes empresas. Confiamos igualmente en que la limitación del plazo de instrucción en la jurisdicción Penal o de derechos ciudadanos en la Ley de Seguridad Ciudadana desaparezcan, y nos queda el tema de Lexnet y procedimientos informáticos aplicados a la Justicia. Es una auténtica necesidad, pese a que en mi opinión se está haciendo en muy malas condiciones. Quizás no sea lo más conveniente que se implante teniendo un Gobierno en funciones, que inevitablemente limita al ministro en su capacidad de decisión. Además, no ha venido acompañada de presupuesto y medios idóneos para informatizar correctamente la Justicia. Hay un gran desafío, que es tener sistemas informáticos y expedientes electrónicos equiparables a los de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, que lo consiguieron hace años.
Lexnet se ha implantado en todo el territorio nacional, excepto en la Comunidad Valenciana. ¿Qué nos ocurre para que vayamos por detrás?
En el resto del país se ha implantado con muchas carencias y está dando lugar a muchos problemas. Desde la Conselleria de Justicia hay un propósito de implantarlo de acuerdo con un calendario, tratando de que sea efectivo. Es necesario que se implante en toda España, pero con medios adecuados.
¿Qué implicará?
La idea final es la desaparición del papel en los juzgados. Que el expediente sea un documento electrónico que sólo está en el ordenador. Hoy en día en la Justicia española solo hay un expediente electrónico, que es el que tiene la abogacía en el expediente de justicia gratuita. Debería ocurrir en toda la Justicia, pero estamos lejos de eso.
La Sección VII en Elche sufrió un incendio en 2010, y los archivos en la Ciudad de la Justicia se mojan actualmente por goteras. ¿Estarían más salvo o menos?
Los expedientes en papel tienen unos riesgos y los electrónicos otros. Habrá que conocer en qué servidores están y si están custodiados por el Poder Judicial o el Ejecutivo. De eso en este momento no se está hablando, y hasta donde alcanza mi conocimiento no está custodiado por el Poder Judicial.
¿Coincide en lo de que la Justicia no funciona porque a quienes gobiernan no les interesa dotarla de los medios para que sea rápida?
Esa es una duda que siempre se puede tener. Además, la duda se ve acompañada de otra, y es que eso siempre ocurre así gobierne quien gobierne. No es que no le interesa al que está gobernando ahora, sino que no le interesa al que gobierna en cualquier época. Al final, la Justicia limita al Poder Ejecutivo, y quien tiene que darle medios a la Justicia es el Ejecutivo.
