Un mensaje en un foro esotérico, a raíz de la muerte de su tío, de 29 años, y al que estaba muy unida, fue el comienzo de la pesadilla de Patricia Aguilar, la joven ilicitana captada por una secta en Perú, y su familia. Ese mensaje fue leído por Félix Steven Manrique, el líder del grupo que se hace llamar Gnosis, y que aseguró tener respuesta para las preguntas e inquietudes que rondaban por la mete de Patricia en ese momento. Ella era menor de edad, tenía 16 años. Manrique no dudó en aprovechar la inocencia de la juventud y la especial vulnerabilidad psicológica de Patricia para captarla. Un «lavado de cerebro», tal y como lo describe su familia, que llegó hasta tal punto que, un año y medio después de hablar diariamente a través de las redes sociales, Patricia viajó sola a Perú para reunirse con Manrique.

Ese contacto a través de redes disminuye esa percepción de que se está hablando con un desconocido. Un acto que, seguramente, muchos adolescentes no harían en la calle, «en el plano online se difumina», explica Fernando Miró, director del centro Crímina para el estudio y la prevención de la delincuencia. «Para que se produzca una acción delictiva tienen que darse los tres factores de lo que llamamos el triángulo de la criminalidad: que coincidan en un espacio el agresor y la víctima, que esta sea el objetivo delictivo, y la ausencia de autoridad o guardia. Buscar en redes sociales comportamientos delictivos dificulta la labor del vigilante, a la vez que acerca a la víctima y al agresor, que no es necesario que compartan espacio físico, poniéndolo más fácil», explica Miró.

Y es que, muchas veces, con el simple hecho de ser «amigos» en Facebook parece que «obviamos que en realidad desconocemos todo de esa persona». Ante esto, lo único que cabe es la prevención. «A veces los adultos no somos conscientes de cómo funciona internet, por lo que se hace difícil desarrollar estrategias de prevención. Las únicas que podemos llevar a cabo son las emocionales, con la comunicación con los menores, al margen de las legales», subraya.

Precisamente en el plano de lo legal es donde, quizás, más quede por hace. Desde que Patricia abandonó su casa en enero de 2017, cogiendo 6.000 euros del negocio familiar y partiendo hasta Perú, su familia denunció el caso en la Comisaría de Elche, y el Juzgado de Instrucción 1 asumió la causa. Pero poco se pudo hacer. A efectos legales, Patricia era una joven mayor de edad que había huido por su propio pie. La falta de legislación sobre sectas en España deja en un limbo jurídico este tipo de situaciones. Así lo apuntaron fuentes de la Ciudad de la Justicia de Elche. No ha sido hasta que la justicia peruana ha detenido a Manrique, cuando se ha pedido a la Interpol toda la documentación relacionada con la causa. Y es que, según explican fuentes judiciales, «tan solo se puede actuar cuando haya indicio de otro delito. En este caso puede se ser trata de personas, pero también se podría actuar en caso de abusos sexuales, sometimiento o maltrato, pero no por la captación en sí misma».

Por tanto, en este momento, todo el peso recae en los juzgados peruanos, que serán los que tengan que decidir sobre la situación legal de Patricia en Perú, ya que en principio es una ciudadana irregular. No obstante, la hija que tuvo hace un mes con el líder de la secta, y que sí tiene nacionalidad peruana, supone el principal problema para la salida de ambas del país. En este sentido, el padre de la joven, Alberto Aguilar, pedirá que le entreguen la custodia de la niña, ante el grave perjuicio psicológico que sufre Patricia, con el fin de que ambas puedan volver a España.