Ya lo avisó por vía administrativa, y al final ha cumplido su amenaza. El Ayuntamiento ha dado ya el paso de llevar a la Generalitat a los tribunales por el edificio El Progreso. El equipo de gobierno ha dado hoy luz verde a interponer un recurso contencioso administrativo contra la resolución de la dirección territorial de Educación, Investigación y Cultura para que deje sin efecto la determinación de conservar la fachada del inmueble centenario situado en la plaza de la Constitución.

El Ejecutivo local realizó un requerimiento previo que, por vía administrativa, al Consell, pero la asesoría jurídica del Ayuntamiento ha entendido que tras un mes sin recibir contestación alguna ha llegado el momento de llevar el asunto a los juzgados. Una decisión que llega después de que los propietarios obtuvieran la licencia de demolición para tirar abajo la antigua sala de venta de agua y a mitad del derribo (comenzado en enero de este año) el Consell dictara paralizar los trabajos y apuntalar de urgencia la fachada, ante el riesgo de caída por el avanzado estado de la demolición. Después, ya en marzo, la Generalitat exigió al Ayuntamiento proteger la fachada y mantuvo sine die la suspensión cautelar del derribo de la sala de venta de agua.

Lo que ahora reclama el Ayuntamiento al Consell es que retrotraiga la orden de mantener la suspensión cautelar de las licencias concedidas a los propietarios, la petición de medidas para proteger y conservar la fachada del edificio, la modificación de los permisos concedidos por el Consistorio, así como el requerimiento al promotor de la actuación para que realice excavaciones arqueológicas para determinar la viabilidad patrimonial del derribo del inmueble y de la construcción de uno nuevo.

No obstante, también es cierto que el Ayuntamiento deja en el tejado del Consell la realización de catas arqueológicas, en virtud de sus competencias, si considera que puede haber restos bajo el inmueble. Algo que el Consistorio descartó en su día para conceder las licencias.

Entre toda esa lista de razonamientos, el tripartito también alega que València se basó en una normativa posterior a la concesión de licencias de edificación por parte del Ayuntamiento a los propietarios. En concreto, atendió una disposición para considerar el núcleo histórico tradicional como Bien de Relevancia Local, con lo que, por tanto, la protección del edificio sería obligatoria. Ese cambio en la norma entró en vigor en abril de 2017, cuando la licencia se concedió en febrero del año pasado, tal y como ya señaló el concejal de Urbanismo, José Manuel Sánchez.