11 de marzo de 2018
11.03.2018

El Consell exige al Ayuntamiento de Elche que proteja la fachada del edificio El Progreso

La Generalitat mantiene sine die la suspensión cautelar del derribo de la sala de venta de agua

12.03.2018 | 00:19

Reprocha a Urbanismo que no comunicara oficialmente la autorización para la demolición del inmueble.

No sólo se mantiene la suspensión cautelar de las licencias sine die y, por tanto, la paralización de las obras de demolición del edificio que, en su día, albergó la sala de venta de agua de Nuevos Riegos El Progreso. Además, el Ayuntamiento de Elche, atendiendo al interés patrimonial del inmueble, debe proteger y conservar la fachada de la sala de venta de agua en la plaza de la Constitución. Eso es lo que acaba de dictaminar el Consell, a través de la Dirección Territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deportes.

Todo comenzó el pasado 12 de enero, cuando, in extremis, el Gobierno valenciano emitía una resolución que no dejaba espacio para la duda: se ordenaba la inmediata paralización de las obras de demolición del edificio, y, además, con carácter urgente se instaba a los propietarios y al Ayuntamiento a apuntalar el edificio y a garantizar la seguridad de vehículos y peatones. Se cerraba así, por más que fuera viernes por la tarde, y con todo lo que ello suponía, el céntrico vial al tráfico. Sólo un par de días antes una resolución similar también suspendía de forma cautelar todas las licencias emitidas.

En los días previos, coincidiendo con el inicio de los trabajos de derribo, la presión por parte de los partidarios de conservar el inmueble había arreciado y el Consell, al final, aunque fuera ya en tiempo de descuento, acababa moviendo ficha. Sin embargo, la resolución tenía fecha de caducidad: la Conselleria  de Cultura tenía dos meses de plazo para determinar si el inmueble centenario merecía protección, como demandaban los sectores conservacionistas, o si por el contrario la sala carecía de valor alguno y, por tanto, directamente se podía echar abajo.

La decisión no sólo caía como un jarro de agua fría entre los propietarios, que para ese entonces ya habían comenzado con el derribo sino también entre el concejal de Urbanismo, José Manuel Sánchez, que no se mordió la lengua. Cargó contra el Consell, y le acusó poco menos de actuar tarde y mal, en unas declaraciones que no gustaron, en absoluto, en València.


Ahora, justo cuando se cumplen esos dos meses que marcaba la ley, el Consell ha dictado sentencia: la fachada del edificio se debe proteger. Además, y por si eso fuera poco, un informe jurídico de la Dirección General de Cultura y Patrimonio reprocha a Urbanismo que la licencia no se haya hecho depender de una intervención arqueológica en la zona, y que ni siquiera haya habido una comunicación previa y oficial a Cultura de la licencia de derribo. Y todo ello a pesar de que uno de los argumentos en los que se escudó el concejal José Manuel Sánchez para mostrar públicamente su cabreo con València era que el Consell conocía desde el mes de diciembre que la demolición había sido autorizada, porque fue una de las cuestiones que se abordó en la Mesa de Patrimonio celebrada en aquel momento. No había nada oficial, vienen a defender desde Cultura.

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