El Ejecutivo local ha dado el primer paso para demandar al Consell por el edificio de El Progreso. Se trata de un requerimiento previo que, por vía administrativa, ha llegado ya a manos de la Generalitat Valenciana y que, a menos de que el Gobierno valenciano decida ahora dar marcha atrás en su resolución, con la que pidió proteger la fachada del edificio de la plaza de la Constitución, todo desembocará en los tribunales de justicia con un contencioso-administrativo.
La Conselleria de Educación Investigación, Cultura y Deportes tiene sobre su mesa, desde el pasado mes de mayo, un extenso informe jurídico y técnico enviado por parte de la Concejalía de Urbanismo. Un documento con el que el Ayuntamiento ilicitano aprovecha no solo para defender la legalidad de las licencias concedidas para derribar el inmueble centenario, sino también para recriminar a la Administración autonómica su gestión en cuanto al edificio que ahora pide proteger y conservar. Este requerimiento llega después un rifirrafe evidente entre València y Elche, con acusaciones entre las dos administraciones ante el entuerto que se ha producido con el inmueble del centro ilicitano.
En primer lugar, el equipo de gobierno alega que la fachada de la plaza de la Constitución presenta un interés patrimonial relativo. Y, en este sentido, uno de los reproches que ha lanzado Urbanismo a la Generalitat Valenciana es que el Plan de Protección de Edificios y Conjuntos de la Ciudad, aprobado por el Plan General de Ordenación Urbana, en 1998, no incluye su protección. Y es aquí donde le lanza un dardo al Consell. El Ayuntamiento recuerda que el documento urbanístico fue aprobado en su día por València y que después no se ha dictado ninguna medida para proteger la antigua sala de venta de agua.
Pero no se queda ahí. El Consistorio ilicitano también le afea a la Conselleria no haberle solicitado ninguna información antes de dictar la suspensión cautelar del derribo el pasado mes de enero. Y es que, en la recta final para tirar abajo la antigua sala de venta de agua, el Consell ordenó paralizar los trabajos. Todo ello después de que numerosas plataformas y particulares remitieran al Consell un escrito e hicieran presión para proteger el inmueble.
Vuelta atrás
Con estos argumentos, lo que ahora reclama el Ayuntamiento es que retrotraiga la orden de mantener la suspensión cautelar de las licencias concedidas a los propietarios, la petición de medidas para proteger y conservar la fachada del edificio, la modificación de los permisos concedidos por el Consistorio, así como el requerimiento al promotor de la actuación para que realice excavaciones arqueológicas para determinar la viabilidad patrimonial del derribo del inmueble y de la construcción de uno nuevo.
No obstante, también es cierto que el Ayuntamiento deja en el tejado del Consell la realización de catas arqueológicas, en virtud de sus competencias, si considera que puede haber restos bajo el inmueble. Algo que el Consistorio descartó en su día para conceder las licencias.
Entre toda esa lista de razonamientos, el tripartito también alega que València se basó en una normativa posterior a la concesión de licencias de edificación por parte del Ayuntamiento a los propietarios. En concreto, atendió una disposición para considerar el núcleo histórico tradicional como Bien de Relevancia Local, con lo que, por tanto, la protección del edificio sería obligatoria. Ese cambio en la norma entró en vigor en abril de 2017, cuando la licencia se concedió en febrero del año pasado, tal y como ya señaló el concejal de Urbanismo, José Manuel Sánchez.
