El impacto de la economía sumergida en el Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia se ha disparado en la última década. Se trata de otra de las consecuencias de la crisis, que ha llevado a que más personas, y de más sectores, se aferren a trabajos sin contrato para salir adelante, tal y como denuncian continuamente los sindicatos de trabajadores CC OO y UGT. Según los estudios que realiza el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) el impacto de la economía sumergida en el PIB de la provincia ha aumentado ocho puntos porcentuales en la última década, pasando de representar el 20% en 2008 al 28% en la actualidad. Un comportamiento que no ha ido parejo a la evolución del PIB, que sigue en la senda de recuperar el volumen anterior a la crisis.
Para tratar de frenar esta problemática, el Consell ha reclamado mejorar la colaboración entre la Inspección de Trabajo y la Agencia Tributaria con el fin de dar caza a un mayor número de casos de economía sumergida en la Comunidad Valenciana, donde se estima que mueve 26.000 millones de euros al año. Esta es una de las propuestas que lanza el secretario autonómico de Trabajo, Enric Nomdedéu, para frenar esta situación, a la vez que apunta a que en Elche, sin ir más lejos, hay unas 11.000 personas que trabajan en la economía sumergida vinculada al sector del calzado.
No obstante, el clandestinaje no está ligado en exclusiva a la industria manufacturera. Su presencia es una realidad en otros sectores, como, por ejemplo, el de los servicios, por el peso de la hostelería y el turismo, y ya no se habla de economía sumergida únicamente cuando una persona trabaja sin contrato. Los expertos insisten en que estos fraudes también implican dar de alta a un trabajador media jornada y hacer que trabaje la jornada completa, si no más.
Y todo esto cuando se supone que el problema de la economía sumergida está cada vez más presente en la sociedad, a raíz de movimientos como el de las aparadoras del calzado en Elche, o el estudio elaborado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), y que encargó la mesa de la economía sumergida promovida por el Ayuntamiento ilicitano. El estudio refleja que el 80% de los encuestados en esta localidad considera este problema como algo normal y arraigado en la ciudad.
Desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda apuntan al arraigo de estas prácticas en el sector de la industria manufacturera. El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, sostiene que el 40% de la producción de calzado pasa por la economía sumergida, y que, por lo general, el 80% de la actividad irregular nunca sale a la luz.
Por este motivo, desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda también consideran fundamental, como también proponen desde la Conselleria de Economía Sostenible, estrechar la colaboración entre la Inspección de Trabajo y la Agencia Tributaria. Carlos Cruzado, en esta línea, asegura que, «si un empresario defrauda en la contratación de sus empleados, también lo hace en la gestión de la empresa», por lo que deberían existir lazos de comunicación entre ambos departamentos públicos para mejorar la lucha contra el fraude.
No obstante, desde el departamento de Trabajo de la Administración autonómica destacan que también es importante hacer pedagogía sobre las consecuencias de la economía sumergida para los trabajadores y la sociedad en general, así como impulsar políticas económicas que favorezcan la contratación.
En número de personas, el cruce de las estadísticas lleva a concluir que más de 100.000 personas pueden estar trabajando en la provincia de Alicante sin estar dadas de alta en la Seguridad Social. En la provincia, según los últimos datos de abril, hay más de 152.000 personas sin empleo, y el 55%, que son más de 87.000 personas, no recibe ningún tipo de prestación. Desde los sindicatos CC OO y UGT apuntan a que las personas sin empleo que no reciben ningún tipo de prestación se ven obligadas a subsistir con el apoyo de sus familias, o aceptando cualquier trabajo en la economía sumergida para salir adelante, y eso les lleva a esa estimación de 100.000 personas que trabajan en fraude de ley.
Para luchar contra esta problemática los sindicatos también piden que se refuercen las plantillas de la Inspección de Trabajo. En este sentido, uno de los objetivos del Consell, según indicó el secretario autonómico de Trabajo, Enric Nomdedéu, es negociar con el Ministerio de Trabajo un plan de actuación de la Policía Autonómica para desarrollar acciones contra los talleres ilegales sin la necesidad de que los efectivos vayan acompañados por personal de la Inspección de Trabajo.
En este sentido, uno de los principales problemas que siempre se ha denunciado en la Inspección de Trabajo a la hora de combatir la economía sumergida es la falta de inspectores para atender todas las denuncias, y para poder actuar de forma directa ante cualquier sospecha de irregularidades. Así y todo, durante 2017, en la Comunidad se afloraron 11.923 puestos de trabajo irregulares, de los que 4.120 se detectaron en la provincia.
La lucha contra los contratos temporales es otro de los objetivos planteados por sindicatos y representantes de la Administración. La tasa de temporalidad en la provincia de Alicante es del 30,4%, superior a la que se registra en toda la Comunidad Valenciana, donde es del 28%. De hecho, entre octubre de 2017 y mayo de 2018, la actuación de la Inspección de Trabajo llevó a transformar 7.529 contratos temporales en indefinidos en la Comunidad, y, de ellos, 2.374 contratos se convirtieron en indefinidos en la provincia.
Una serie de actuaciones y medidas que, pese a todo, no han sido suficientes para que el peso de la economía sumergida haya dejado de aumentar durante los últimos años, primero amparados por la crisis y después por los síntomas de recuperación económica, que, desde varias patronales, insisten en que no han llegado a todas las empresas por igual. En este sentido, desde la Asociación de Empresas de Servicios de Elche y Comarca (Aesec), sostienen que más de la mitad de las pequeñas y medianas empresas siguen arrastrando los problemas de la crisis.
