La ampliación de competencias en los juzgados de violencia sobre la mujer ha puesto en jaque a estos órganos encargados de investigar sobre los diferentes casos de malos tratos y de adoptar medidas cautelares. Elche es una de las poblaciones que más ha acusado la reforma de la ley orgánica del poder judicial que obliga a tener que asumir los delitos por quebrantamiento de condenas, ya que además de este peso, ha de lidiar con la pérdida de personal desde 2013.
En concreto, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Elche ha visto casi multiplicar por dos su trabajo desde el 1 de octubre al tener que abordar asuntos que hasta la fecha eran tratados por los juzgados de instrucción. En este sentido, en el cuatro trimestre de 2015 este órgano registró 252 diligencias cuando en el mismo periodo del año anterior contabilizó 148. Mientras, esa carga de trabajo también queda visible en una comparativa más reciente. En enero de este año, este juzgado ya se ha hecho cargo de 78 asuntos y en el mes inicial de 2014 atendió 49.
Con estas cifras, desde la Ciudad de la Justicia temen que las diligencias del Juzgado de Violencia sobre la Mujer puedan duplicarse este año, al prever llegar al millar de asuntos, lo que desembocaría en una respuesta más lenta a la hora de resolver una denuncia por agresión machista. Y es que, pese a que la razón de este órgano es ofrecer un tiempo de resolución breve, todo funciona como una cadena. El incremento de trabajo desemboca en una demora de tiempo a la hora de llamar a las víctimas a declarar, con lo que la denuncia llega más tarde al Juzgado de lo Penal y la adopción de medidas también se ven retrasadas.
Así, además de este obstáculo, las dependencias judiciales trabajan con un funcionario menos desde hace tres años, ya que durante el gobierno del PP se decidió amortizar la plaza de un gestor que pidió un traslado, según fuentes de este órgano judicial. Con ello, Elche se sitúa en desventaja en comparación con los juzgados de otras poblaciones de similar volumen de trabajo, por lo que desde la Ciudad de la Justicia y el tripartito ya se ha reclamado al Consell el refuerzo de personal.
Demandas
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer registró el pasado año 997 denuncias por casos de malos tratos, de las que casi 500 fueron por decisión de la víctima y cerca de 400 por iniciativa de la Policía o por testigos que han presenciado la agresión. Este órgano judicial ha detectado una mayor sensibilización de la sociedad a la hora de denunciar la violencia de género y de facilitar sus datos personales, pese a los inconvenientes de ir a declarar. Sin embargo, en ocasiones, no ocurre lo mismo con la víctima, ya que a veces se tropieza con el obstáculo de que la mujer se echa para atrás tras poner la denuncia, por razones económicas o familiares.
El trabajo en el juzgado comienza después de la interposición de la denuncia en la Comisaría. A partir de ahí, los funcionarios se encargan de citar a las víctimas, tomarles declaración, tanto a ellas, como al imputado y a los testigos y una vez que se tienen todas las pruebas se abre juicio oral.
