La Policía Nacional y el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer 1 de Elche tienen vigilados mediante medidas telemáticas a 17 hombres, presuntos agresores o maltratadores condenados a quienes se ha considerado preciso mantener controlados con pulseras de localización. No tanto para saber dónde están, sino sobre todo para saber a quién no se acercan. Frente a ellos hay 17 mujeres que llevan siempre consigo un terminal parecido a un móvil en el que salta la alarma cada vez que él se aproxima a la distancia marcada, cada vez que pierde la cobertura o si intenta manipular el dispositivo. Una llamada telefónica desde el Centro Cometa, que gestiona una agencia de seguridad por encargo del Gobierno, comprueba que ellas están bien o moviliza a la Policía. En la Comisaría de Elche aseguran que la tecnología «funciona», que debería usarse más, porque la tranquilidad de saber dónde está él o ponerse en marcha con inmediatez salvan vidas.
Cada vez que un hombre se salta una de esas órdenes surge la duda. ¿Para qué sirve una medida de protección que un maltratador puede quebrantar? En Elche, en los últimos dos años, dos casos han sido especialmente graves. En junio de 2014 un hombre con orden de alejamiento roció con líquido abrasivo la cara de su expareja en Torrellano. En octubre de 2015, otro hombre esperó escondido en un jardín de El Altet y la hirió de un disparo por la espalda con una escopeta. Los dos están en prisión provisional. «A un kamikace no se le puede detener», reconocen los responsables policiales, pero sí se puede extremar el control sobre ellos, se puede entregar a las mujeres recursos para que con un aviso movilicen a las patrullas de Seguridad Ciudadana. «La Policía necesita saber dónde está en peligro y quiénes son los posibles transgresores; la seguridad no es completa, pero igual que no lo es para nadie», subrayan responsables de Comisaría.
El maltratador que se salta un alejamiento recibe la inmediata visita del SAF (Servicio de Atención Familiar), que desde dentro de la brigada de Policía Judicial se encarga de investigar, desde la denuncia a la detención. Al día siguiente declara ante el juez y se enfrenta a una pena hasta un año de prisión. Se entera de primera mano de que la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP) de la Comisaría conoce bien su historia. Efectivos al mando de esa Unidad aseguran que «sólo saber que la Policía está encima es una protección real», y que «a veces se lanza un mensaje erróneo: Si soy victima y veo que han matado a una mujer con orden de alejamiento puedo pensar "¿para qué...?", pero ¿y esas mujeres que nos llaman después y nos dicen que les hemos cambiado la vida?».
Integral
La respuesta es integral y se coordina con Servicios Sociales, con el juzgado o el EVIME (Equipo de Violencia Sobre la Mujer y Menores) de la Policía Local, con quien está en vías de elaborarse un protocolo de colaboración. Al Ayuntamiento ya se le ha hecho llegar que hacen falta recursos las 24 horas y todos los días, porque la violencia de género no sabe de horarios laborales.
La diferencia entre tener una orden de protección y no tenerla es tener todos esos mecanismos y personas detrás. Es, incluso, proteger a las mujeres de sí mismas: «Muchos quebrantamientos son cometidos por dependencia emocional, consiguen que les vuelvan a acoger en casa y ellas les exculpan», dicen.
Ellas son víctimas y ellos quienes quebrantan, a efectos de detenciones y responsabilidad penal. Sin embargo, quizás son esas precisamente las mujeres con más dependencia, o quizás sea alguno de los casos -que los hay, aunque excepcionales- en los que se aprovechan de la ley para obtener una ayuda económica fraudulentamente. Todo se pone en conocimiento del juez.
Desde el primer instante en que se conoce una denuncia, SAF y UPAP (que están en vías de fusionarse en UFAM, Unidad de Familia y Mujer) se entrevistan con la víctima y elaboran una ficha en la que además de sus datos personales recaban información sobre su dependencia económica o apoyos familiares. UPAP, en función de la valoración del riesgo, mantiene contactos periódicos con las mujeres (cada tres días cuando el nivel es extremo, cada semana cuando es alto, cada mes si es medio...) y, mientras la plataforma SIRAJ de la Administración de Justicia centraliza todas las órdenes de alejamiento, la información fluye entre Policía y Guardia Civil cuando una de estas mujeres se muda.
A cada policía se le asignan un número de víctimas a las que hace un seguimiento próximo, y a ellas se les da un teléfono de contacto personal (si bien para emergencias se recomienda el 112), aunque en algunos casos, cuentan, «se pierden, tenemos que buscarlas, porque no quieren sentirse víctimas y no quieren hablar ni con nosotros, pero necesitamos localizarlas porque no sabemos si están con ellos o si les ha pasado algo».
A ellos también se les llama, se les cuenta que la Policía está detrás y «muchas veces sirve para que se calmen y dejen de molestarlas». Otras veces, ni entienden lo que ocurre: «Muchos hombres salen del juzgado con su orden bajo el brazo y no se han enterado, tenemos que explicarles que no pueden contactar con ellas y lo que va a pasar si lo hacen; a veces hay que tirar de psicología porque nos dicen que son ellas las que les buscan y les provocan... Hay que aclararles que si se encuentran por casualidad tienen que marcharse, y que el juez entenderá que el quebrantamiento no es intencionado».
En vigor
A las órdenes que se dictan cada año se añaden las que siguen en vigor, de modo que a las 236 cautelares que se dictaron en Elche en 2014 (la inmensa mayoría transformadas después en condenas) hay que sumarle las que siguen vigentes. Son, en total, más de 500 mujeres protegidas según datos judiciales.
La intervención de la Policía no se limita a esa fase, sino, que de las 886 denuncias con de 2014, el 38% procedían de actuaciones policiales directas, o bien porque los agentes presencian en la calle una agresión o bien porque llama un vecino o un familiar. Por eso la Policía aprovecha la coyuntura para recordar que cualquiera puede y debe alertar: «Siempre merece la pena denunciar, porque de lo contrario no conocemos que puede haber un peligro; ojalá pudiésemos conocer a todas las víctimas potenciales... Hay tantas mujeres por las que podríamos haber hecho algo si hubieran presentado denuncia...».
