Será la sexta causa de las abiertas por la gestión de la CAM que llega a juicio. Al proceso que investiga las relaciones entre la caja y la promotora Hansa Urbana únicamente le queda que el tribunal encargado de enjuiciarlo fije la fecha en la que los exdirectivos de la entidad María Dolores Amorós y Daniel Gil, el fundador de mercantil, Rafael Galea, y el exdirector del holding inmobiliario de la entidad de ahorros, Vicente Sánchez, se sienten en el banquillo de los acusados. Los cuatro se enfrentan a una petición de penas de prisión. Amorós, Gil y Sánchez a cuatro años por un delito de administración desleal en concepto de autores, y Galea a dos, por el mismo cargo pero como cooperador necesario.
La acusación pública considera probada la existencia de varias operaciones societarias destinadas a que la CAM pudiera engordar artificialmente sus beneficios en unos 40 millones cuando tenía que presentar las cuentas antes de la fallida fusión con Cajastur.
La fiscal concreta que una de las operaciones consistió en la venta a Hansa por parte del holding inmobiliario de la CAM (TIP) de terrenos que tenía en Cabo Cortés, en el estado mexicano de Baja California. Simultánemente se acordó un pacto de recompra y se aceptó una tasación que fijaba el valor del suelo en 443 millones «a pesar de que no se habían obtenido las licencias preceptivas y, por lo tanto, no se podía iniciar el proyecto inmobiliario previsto, lo cual impedía valorar como válida la tasación». El permiso nunca que obtuvo.
Sin avisar de los riesgos
Pese a ello, «debido a esa valoración se pudo aflorar por parte de la CAM en el ejercicio de 2010 un resultado positivo de 40 millones que los auditores, una vez analizadas las cuentas, no admitieron», afirma la fiscal que añade que la operación «fue presentada y defendida en el consejo de administración» por Amorós, «encontrándose como invitado Daniel Gil» sin que se expusiera la especial situación de la tasación utilizada. Precisión que también hace en el caso del exdirector general de TIP, que «no explicó y omitió de forma deliberada y consciente que dicha tasación estaba condicionada a la obtención de unas licencias».
Como contraprestación, la caja aceptó la reestructuración de la deuda de la promotora que pasaba por el canje de parte de lo adeudado precisamente por los terrenos de Cabo Cortés.
El perito del Banco de España que analizó la operación advirtió de irregularidades y concluyó que se «sobrevaloraron» los terrenos. Un sobreprecio «que benefició claramente a Hansa y ocasionó un perjuicio a la CAM de 37.737.178 millones que luego trasladó al Fondo de Garantía de Depósitos», según la fiscal.
Para Amorós será su tercer juicio, contando el de su despido. En el segundo fue condenada a tres años por el falseo de las cuentas, un fallo que está pendiente del Supremo. Para Gil sería su segundo si no hay conformidad y se celebra la vista por los negocios de la CAM en el Caribe que está señalado para septiembre, un proceso del Sánchez acaba de ser exonerado.
