A casi 200 millones (entre responsabilidad civil y penal) se eleva la fianza que ha fijado la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón para los cuatro acusados por los negocios entre la CAM y la promotora Hansa Urbana. Unas relaciones comerciales por las que tres exdirectivos de la caja (la exdirectora general María Dolores Amorós, el exdirector de empresas Daniel Gil y el exdirector general de TIP Vicente Sánchez) se enfrentan a una petición de cuatro años de prisión y otros tantos de inhabilitación por los delitos de administración desleal y distracción desleal de dinero. Para el fundador de la promotora, Rafael Galea, se solicitan dos años de cárcel por los mismos cargos pero en concepto de cooperador necesario, tal y como ayer publicó ese diario.
Para establecer la fianza, la instructora ha tenido en cuenta un informe del Banco de España en el que se apoya en Fondo de Garantía de Depósitos y que fija en 142 millones de euros el coste que para la caja tuvo esta «aventura americana».
En la misma línea argumental que la Fiscalía Anticorrupción y personado como acusación particular, el Fondo sostiene que la CAM redujo la deuda de Hansa Urbana en 108 millones mediante una especie de dación en pago usando tasaciones sobrevaloradas. Para esta reestructuración de la deuda, «la caja entregó a la promotora 7,5 millones en efectivo y pactó una serie de contratos de gestión con la única finalidad de otorgar liquidez adicional indebidamente».
Para la acusación particular se trata de «una operación carente de toda lógica económica y efectuada en beneficio de Hansa (en esos momentos socia de la CAM) y en perjuicio de la caja, que tuvo como consecuencia un quebranto económico de 142 millones para el Fondo y un beneficio para el grupo del que Rafael Galea era administrador y principal accionista».
Dudosa sobrevaloración
A cambio, y para que la caja pudiera aflorar beneficios por valor de 40 millones en su cuenta de resultados en un momento especialmente delicado para la entidad, «se recurrió a una sobrevaloración, conocida y querida por los directivos de la CAM, de unos terrenos sin desarrollar urbanísticamente situados en Cabo Cortes, en el estado mexicano de Baja California (...) un suelo que fue conscientemente valorado en casi un 200% para poder alcanzar el objetivo de aflorar esas plusvalías».
En su escrito, la acusación publica precisa que la parcela carecía de unos permisos para poder dedicarse a uso hotelero que a día de hoy aún no se han obtenido.
Respecto a la responsabilidad civil, en el auto de apertura de juicio la instructora fija un aval de 188.860.000 millones (los 142 millones a que hace referencia el informe del Banco de España más el tercio correspondiente) al que los cuatro acusados tienen que hacer frente de forma conjunta y solidaria. Es decir, de abonar la cantidad uno de ellos no tendría que hacerlo el resto.
Como responsable directo cita a la asegurada Caser, con la que los exdirectivos de la caja tenían suscrita una póliza, y como subsidiarios, a la promotora.
A esa cantidad se suman además las multas solicitadas por la acusación particular que, en total, superan el medio millón de euros: 192.000 para cada uno de los exdirectivos de la caja y 96.000 para Galea. En este caso el pago de lo requerido es a título individual. El auto fija un plazo de 24 horas para afianzar estas cantidades.
