La Audiencia Nacional procesa a Amorós, Galea, Gil y Sánchez por los negocios entre la CAM y Hansa

Se trata de la quinta de las siete piezas abiertas por la gestión de la CAM que llegará a juicio. Ya lo han hecho la que indagó el falseo de las cuentas de la entidad y la de las dietas del expresidente Modesto Crespo (ambas con sentencias condenatorias pendientes del Supremo), y la de los créditos al presidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés, de la que todos los acusados salieron absueltos. Y señalada para junio está la que tiene que dilucidar si hubo delito en los negocios que la caja montó en el Caribe de la mano de los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó.

La instructora ha compartido la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que sostiene la existencia de varias operaciones societarias realizadas a finales de 2010 y que, según los inspectores del Banco de España, tuvieron como objetivo que la caja pudiera engordar artificialmente sus beneficios en unos 40 millones en unos momentos más que delicados, justo cuando tenía que presentar las cuentas en solitario antes de la fallida fusión con Cajastur. Un objetivo que se logró, según sostiene la acusación pública, a través de un intercambio de acciones entre la CAM y los Galea.

Terrenos sin licencia

La fiscal concreta que una de las operaciones, realizada en diciembre de 2009, consistió en el venta por parte de TIP (el holding inmobiliario de la CAM) a Hansa de terrenos que tenía en Cabo Cortés, en el estado mexicano de Baja California. Simultánemente se acordó un pacto de recompra y se aceptó una tasación que fijaba el valor del suelo en 443 millones (había sido comprado por 98) «a pesar de que no se habían obtenido las licencias preceptivas y, por lo tanto, no se podía iniciar el proyecto inmobiliario previsto, lo cual impedía valorar como válida la tasación». El permiso nunca que obtuvo estando en la actualidad los citados terrenos sin edificar.

Aún así, «debido a esa valoración se pudo aflorar por parte de la CAM en el ejercicio contable de 2010 un resultado positivo de 40 millones que los auditores, una vez analizadas las cuentas, no admitieron», precisa la fiscal.

En el informe de la acusación pública recogido en el auto dictado ayer por la magistrada Tardón se precisa que la operación «fue presentada y defendida en el consejo de administración» por Amorós, «encontrándose como invitado Daniel Gil» sin que se expusiera la especial situación de la tasación utilizada». Precisión que también hace en el caso del exdirector general de TIP, que «no explicó y omitió de forma deliberada y consciente que dicha tasación estaba condicionada a la obtención de unas licencias».

Como pago por el «favor» que Hansa había hecho a la CAM al permitir presentar esos beneficios que en realidad no tenía pero que le permitía salvar un momento difícil, la caja aceptó la reestructuración de la deuda de Hansa que presentó la mercantil y que pasaba por el canje de parte de esa deuda precisamente por los terrenos de Cabo Cortés.

El perito del Banco de España que analizó la operación no sólo advirtió de irregularidades sino que concluyó que se «sobrevaloraron» los terrenos .

Un sobreprecio «que benefició claramente a Hansa y ocasionó un perjuicio a la CAM de 37.737.178 millones que luego trasladó a Fondo de Garantía de Depósitos, siendo la entidad que tras la intervención de la CAM por el Banco de España tuvo que inyectar en la operación de capitalización 5.249 millones», precisa la fiscal en su informe. El Fondo también está personado en la causa como acusación particular.

Como responsable civil directa cita Anticorrupción a la aseguradora Caser con la que los altos ejecutivos tenían firmada una póliza de responsabilidad civil.

La juez constata el apartamiento de la causa solicitado por la Fundación CAM e insta a las partes a que formulen escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento. La pena por el delito de administración desleal puede llegar a los cuatro años de prisión.