21 de marzo de 2019
21.03.2019

Expertos abogan por mantener el peaje de la AP-7 y financiar otras obras con los beneficios

La medida podría incluir exenciones para los residentes, según el dosier que INFORMACIÓN presenta hoy en colaboración con Caja Rural Central

20.03.2019 | 22:41
Uno de los accesos a la AP-7 desde la ciudad de Benidorm.

A pesar de la mejora de la economía, lo cierto es que la evolución de las finanzas públicas no hace presagiar que en los próximos años vayan a existir suficientes dotaciones presupuestarias para financiar las infraestructuras que necesita la provincia. Al menos, en el horizonte deseado. Por eso, la finalización el próximo 31 de diciembre de la actual concesión de la autopista AP-7 puede ser una «oportunidad» para obtener recursos y acelerar estos proyectos, si el Gobierno, en lugar de liberarla completamente, como muchos desean, decide aprobar una nueva concesión y aprovechar los beneficios que consiga para financiar otras obras.

Eso sí, una nueva licitación que podría suponer una rebaja significativa de los actuales peajes -una vez que el coste de construir la carretera está amortizado-, e incluir, además, «exenciones» para los residentes y los usuarios recurrentes, de forma que el grueso del dinero salga de los usuarios esporádicos.

Ésa es, al menos, la tesis que defienden los investigadores Armando Ortuño y Jairo Casares en el apartado dedicado a las infraestructuras del dosier «La economía alicantina tras la Gran Recesión», el análisis de la recuperación que hoy presentan INFORMACIÓN y el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Alicante, en colaboración con Caja Rural Central.

Ligera reactivación


Como recuerdan los autores, en los dos años transcurridos desde la presentación del anterior dosier editado por el periódico y el instituto universitario -«Crisis y recuperación de la economía alicantina»- la inversión en infraestructuras ha pasado de la «parálisis» a una «ligera reactivación» que se ha traducido, entre otras cosas, en la puesta en marcha de la línea de Cercanías entre Alicante y Villena, el nuevo túnel de la Serra Grossa para el Tram, la reducción del 30% en el peaje de la segunda Circunvalación de Alicante o el inicio de las obras para el desdoblamiento de los accesos al aeropuerto. También se ha avanzado algo más en la redacción de diversos documentos sobre las necesidades de la zona, como el Plan de Cercanías de la Comunidad del Ministerio de Fomento, o el Programa Estratégico para la Mejora de la Movilidad, que ha elaborado la Generalitat. Sin embargo, siguen pendientes de completar el Corredor Mediterráneo, el tren de la costa o la conexión ferroviaria con el aeropuerto, aunque estos documentos las contemplen.

Ante esta situación, Ortuño y Casares ven una ventana «única» de oportunidad en el fin de la concesión de la AP-7. Frente a lo que defienden muchos residentes y organizaciones de Las Marinas, creen que sería un error liberalizar completamente esta vía, ya que esto obligaría al Estado a invertir en su mantenimiento y adecuación, lo que detraería más recursos a otras infraestructuras. Así, calculan que cada año habría que destinar de 20 a 25 millones a su conservación -lo que significa que en 40 años se consumirían 1.000 millones- y, además, también hay que construir nuevos enlaces para que mejorar el acceso de varias poblaciones, lo que supondría otros 220 millones adicionales. Por si fuera poco, los investigadores apuntan que la gratuidad de la autopista contribuiría a desviar a un porcentaje de los actuales usuarios del Tram y el autobús hacia el vehículo privado, lo que supondría un nuevo varapalo desde el punto de vista medioambiental.

Frente a esta opción abogan por realizar una nueva concesión, que no solo ahorraría todos los costes anteriores, sino que aportaría beneficios con los que financiar «compensaciones» para la provincia. Así, señalan que únicamente con lo que cuesta un año de mantenimiento se podría financiar una plataforma intermodal para intercambio de mercancías entre el tren y el camión en la Vega Baja, dentro del proyecto del Corredor Mediterráneo. Eso sí, apuntan que, al estar amortizada la construcción de la vía, «el peaje podría reducirse significativamente» y se abrirían «las puertas a plantear importante exenciones» para los usuarios frecuentes. De esta forma, la mayor parte de la recaudación procedería de los usuarios esporádicos y no se castigaría a los residentes de la zona.

Cuatro grandes plataformas logísticas

Los profesores Armando Ortuño y Jairo Casares señalan que, para aprovechar todo el potencial del Corredor Mediterráneo, también será necesario contar con intercambiadores logísticos que permitan trasladar las mercancías del tren al camión y viceversa. En este sentido, recuerdan que el «Estudio del sector logístico de la Comunitat Valenciana» propone cuatro grandes actuaciones: la ampliación de Elche Parque Empresarial para que sirva de plataforma para el calzado y la creación de otras tres instalaciones en el entorno de Agost-Monforte-Novelda; en la Vega Baja; y en el aeropuerto, que se convertiría en un nodo logístico de primer nivel. Los autores también reclaman el tren de la costa.

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