Los tres administradores provisionales designados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para hacerse cargo de la gestión de la CAM tras ser intervenida por el Banco de España en julio de 2011 tendrán que volver por Alicante para declarar ante el magistrado que les ha citado como investigados (lo que antes se denominaba imputado) por la querella que en otoño de 2014 presentó contra ellos la exdirectora general de la caja de ahorros María Dolores Amorós por los delitos de falsedad documental y estafa procesal.
El instructor de esta causa, quien abrió el proceso después de que el magistrado Javier Gómez Bermúdez le enviara desde la Audiencia Nacional la querella, donde fue presentada en un principio, ha fijado para después del verano las declaraciones de José Antonio Iturriaga, Tomás González y Benicio Herranz.
A los tres gestores se les preguntará si, como mantiene Amorós, manipularon el acta de la Junta de Administradores del Banco CAM del 1 de agosto de 2011. La ex alto cargo sostiene que los querellados alteraron el documento para hacer constar que su presencia en aquella junta fue «permanente», algo que, según asegura, no se precisaba en el documento original en el que sostiene que tampoco se recogía que todos los acuerdos que se adoptaron fueron propuestos por ella, como sí aparece en el acta que Amorós afirma que fue modificada.
En la querella se atribuyen estos cambios a un «exacerbado interés en hacer constar que la señora Amorós era la que manejaba la cuenta de resultados de la caja y poder afirmar que falseó las cuentas del primer semestre de 2011 de cara a justificar su posterior despido e iniciar una acción penal».
La exdirectora general está acusada en la pieza principal abierta por la gestión de la CAM, la que está centrada en la supuesta falsedad de las cuentas de la caja, donde se le piden penas que oscilan entre los 7,5 años del fiscal a los 9 que reclama el Fondo de Garantía de Depósitos o los 7 que solicita la Fundación CAM por los delitos de falsedad contable, apropiación indebida y administración desleal.
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela también la ha señalado como responsable junto al exdirector general Roberto López Abad de la emisión de preferentes que se está investigado.
En sus acusaciones contra los administradores del FROB, Amorós llama también la atención sobre un correo donde se afirma que «falta incorporar observación en Estados Financieros (...) pues es la clave que sustenta la alterada imputación de manipulación que se efectúa» a Amorós. La querella recoge que «se alteró el apartado del acta relativo a la situación financiera para atribuir a la señora Amorós unas propuestas y explicaciones acerca de la situación contable de la CAM que no realizó y que, además, desconocía por no encontrarse estos extremos dentro del ámbito de sus competencias, ya que eran competencias del director de Planificación y Control, Teófilo Sogorb».
En opinión del abogado de Amorós, los cambios se introdujeron «para argumentar después en su juicio de despido y en el procedimiento penal que falseó las cuentas de la CAM del primer semestre de 2011».
Un juez de Alicante primero y el Tribunal Supremo después ratificaron la procedencia del despido de la exdirectora de general, que reclamaba 10 millones como indemnización. Acerca de la pensión vitalicia de unos 370.000 euros anuales que también se le denegó, la sentencia precisaba que «no sólo choca frontalmente con los acuerdos adoptados por el consejo de administración hasta entonces, sino que supone un enriquecimiento injusto a su favor difícilmente justificable».
A petición del fiscal, el instructor de esta causa ha tenido que declararla compleja para evitar su prescripción, que se habría producido el próximo lunes tras los cambios introducidos por el Gobierno de Mariano Rajoy en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
