El cerco judicial contra los anteriores responsables de la CAM continúa estrechándose. El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez acaba de decretar la apertura de dos nuevas piezas para investigar si los gestores de la entidad cometieron delito al permitir que varios promotores dieran auténticos «pelotazos» con la recompra por parte de la entidad de terrenos a un precio muy superior al original; y también para saber si la constructora alicantina Hansa Urbana accedió a realizar diversas operaciones societarias con el único objetivo de engordar artificialmente los resultados de la caja a cambio de reestructurar su deuda.
En ambos casos, el juez considera que los hechos podrían constituir un delito de administración desleal y otro de apropiación indebida; y en ambos casos, también, las operaciones se realizaron a través de la filial Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), el «holding» inmobiliario de la CAM que controlaban directamente su exdirector general Roberto López Abad y el ejecutivo Daniel Gil Mallebrera.
La apertura de estas nuevas piezas se produce a petición del Fondo de Garantía de Depósitos -que fue quien recapitalizó la CAM con 5.249 millones tras su quiebra y quien asume la mayor parte de las pérdidas de su mala gestión a través del Esquema de Protección de Activos concedido al Sabadell- y responde a las irregularidades que ya denunció en su día el Banco de España en el expediente sancionador que abrió contra toda la excúpula de la entidad. Además, la investigación de estos hechos por separado permitirá acelerar la instrucción de la causa principal que se sigue contra los exdirectivos y el expresidente de la entidad.
Hasta 30 veces más del coste
Aunque en el informe inicial del Banco de España se citan varios casos más, Gómez Bermúdez ha decidido centrar las pesquisas de la pieza «TIP suelo» en los «pelotazos» que se produjeron en tres sociedades: Nyesa Pirineos, Emporio Mediterráneo (del Grupo Ballester) y Huéznar. El primero de ellos es el más escandaloso ya que la CAM llegó a pagar a sus socios en esta compañía hasta 33,5 millones de euros por unos terrenos que inicialmente costaron 1,3 millones. Es decir, 30 veces más de su precio inicial.
Los hechos se remontan al año 2004, cuando la constructora aragonesa Nyesa adquirió por los citados 1,3 millones de euros unos terrenos en Biescas (Huesca) para promover un complejo de viviendas y campos de golf. En diciembre de ese mismo año Nyesa Gestión vendió el suelo a otra sociedad del grupo, Nyesa Pirineos, por la sorprendente cantidad de 46,8 millones y para ello pidió un crédito de 32,7 millones que le concedió la CAM. El problema llegó cuando en 2009, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la firma no pudo abonar el préstamo y la caja accedió a quedarse los terrenos por 33,5 millones -más incluso de los que le prestó- para evitar el impago. El resultado final, según calculó el Banco de España, es que los socios de la caja en este negocio ganaron 31,4 millones mientras la entidad asumía las pérdidas.
Algo similar ocurrió con la firma Emporio Mediterráneo, constituida para promover tres torres de apartamentos en Benidorm. Además de TIP, participaban en el negocio Ecisa, Valenciana 89 y Edificaciones Calpe, propiedad de la familia Ballester, que fue la que compró inicialmente los terrenos. Por ellos pagó 23 millones de euros y los revendió a la sociedad conjunta por 42,2 millones. El resultado: Ballester ganó 19 millones antes de poner un solo ladrillo. En el caso de Huéznar, según el supervisor, los socios de la CAM también se dedicaron a comprar terrenos que agrupaban y luego vendían por el doble de su coste a la filial de la caja.
Plusvalías de 40 millones
Por su parte, en la pieza «TIP reestructuraciones» la Audiencia Nacional tratará de esclarecer las relaciones entre la CAM y Hansa Urbana, donde la caja tiene también una participación minoritaria. Unas relaciones que el Banco de España ya calificó como «privilegiadas». Las sospechas del supervisor se centraban en varias operaciones societarias que se produjeron a finales de 2010 y que, según los inspectores, tuvieron como objetivo que la caja pudiera engordar artificialmente sus beneficios -los últimos que debía presentar en solitario antes de fusionarse con Cajastur- en unos 40 millones de euros mediante la generación de falsas plusvalías, a través del intercambio de acciones entre la CAM y los Galea.
Posteriormente, en 2011, los responsables de la caja le habrían devuelto el favor a sus socios aceptando una reestructuración de su deuda más que generosa, que evitó su entrada en concurso de acreedores aquel mismo año. En concreto, la CAM aceptó cancelar una deuda de 108 millones de euros y entregar otros 7,5 millones en efectivo a cambio de dos solares en Valladolid y Zaragoza y de las participaciones de Hansa en los proyectos que habían emprendido de forma conjunta en México. Para el Banco de España las tasaciones de estos activos fueron completamente desproporcionadas, como luego se comprobó cuando el Sabadell acabó prácticamente regalando los terrenos adquiridos en Baja California, donde la CAM y Hansa supuestamente iban a construir miles de viviendas.
