El empresario Enrique Ortiz no tendrá que sumar una nueva causa a las que ya acumula por diversos motivos en múltiples juzgados. El juez Javier Gómez Bermúdez ha considerado que no existen «suficientes indicios» para considerar que pudo haberse producido algún delito en la gestión de la sociedad Dreamview, que el constructor constituyó junto a la CAM y otros socios para desarrollar lo que se denominó la Ciudad de la Economía.

Se trata de un proyecto para promover oficinas sobre 228.000 metros cuadrados en la partida alicantina de Agua Amarga. La peculiaridad es que estos terrenos están considerados como no urbanizables y dependían de la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana para ser reclasificados y poder construir sobre ellos. A la CAM no le importó que se tratara de una operación puramente especulativa y, a pesar de que la tasación del suelo ascendía a sólo 2,8 millones, no tuvo inconveniente en poner casi 7,5 millones para el negocio.

Para Gómez Bermúdez esto puede suponer «una mala praxis bancaria» pero no un delito y rechaza la petición del Fondo de Garantía de Depósitos para abrir una pieza separada. No obstante, la operación sí que está siendo investigada dentro del caso que se instruye en Alicante por el supuesto amaño del Plan General.