Coepa ya ha hecho todo lo que podía hacer para sacar adelante el proceso electoral, y Cepyme ha hecho lo propio aunque remando en sentido contrario con un objetivo muy claro: paralizar la consulta que le serviría a Moisés Jiménez para revalidar su mandato al frente de la organización empresarial dejando fuera al sector crítico. Ahora la pelota está en el tejado de la Justicia, que tendrá que pronunciarse en los próximos días sobre si suspende cualquier asamblea y, especialmente, la electoral, hasta que se celebre el juicio por la demanda de impugnación de los nuevos estatutos que presentó la confederación de pymes o si, por contra, se mantiene la hoja de ruta marcada por el núcleo duro de la patronal. Sea como sea, una parte y la otra dieron ayer sus argumentaciones en la audiencia que se celebró en el juzgado de lo Social número 7 de Alicante. Fue en este contexto en el que Coepa se sacó un as de la manga y sacó partido de su delicada situación económica. Pese a lo que se viene vendiendo de puertas hacia afuera, se amparó en el crítico estado en el que se encuentran sus balances, y vino a decir que la suspensión acabaría llevando a la entidad a su desaparición, y lo peor es que tampoco esa eventual disolución podría pasar por la asamblea. Se reconocía así públicamente que el peligro de la disolución existe.
En la vista, que duró dos horas aproximadamente, se vieron obligados a comparecer por parte de Coepa su secretario general, Fermín Crespo, en calidad de testigo, y Moisés Jiménez, como representante de la entidad. De entrada, lo que se vino a alegar desde el sector oficialista es que, de paralizarse sine die las elecciones, Moisés Jiménez se convertiría en un presidente sin legitimidad, ante lo que Cepyme contraatacó diciendo que eso no supondría problema alguno. Su mandato se podría alargar hasta marzo de 2016, cuando se cumplirían los cuatro años desde su llegada a la presidencia. Sin más. La junta directiva y el comité, órganos en los que, por cierto, siguen Cepyme, la federación del comercio Facpyme y la patronal del metal Fempa, también prolongarían su mandato.
Más allá de la legitimidad de su dirigente, también se expuso el daño que haría a la entidad la suspensión, que se vería totalmente bloqueada para celebrar asambleas y, de esta forma, no podrían aprobarse ni cuentas ni presupuestos ni cualquier otra decisión de calado en el que, a día de hoy, es el órgano soberano de la patronal, y mucho menos afrontar una eventual disolución.
Por su parte, Cepyme defendió que, al final, es una cuestión de seguridad jurídica, para evitar, en un momento dado, tener que deshacer lo ya hecho, como ha venido reiterando en las últimas semanas su presidente, Cristóbal Navarro, quien también estuvo en la vista. Por ello, desde el lado de Cepyme, hicieron hincapié en que lo mejor es pisar el freno y dejarlo todo en suspenso para salvaguardar los intereses de terceros y las posibles responsabilidades en las que podrían incurrir los órganos de administración de Coepa.
Ahora la decisión del juez se deberá conocer en cuestión de días. Será entonces cuando realmente se sepa si Coepa ha superado este nuevo obstáculo al que le ha enfrentado Cepyme o si, por el contrario, acaba tropezando.
