Una provincia en estado de alerta. Empresarios, expertos económicos e ingenieros coinciden, según sendos informes presentados por el Instituto de Estudios Económicos de Alicante -Ineca- y por el Colegio de Ingenieros de Caminos, en que Alicante necesita un fuerte impulso de capital en personal cualificado, así como en infraestructuras, para salir de la atonía económica en la que entró en el segundo semestre del pasado año, y que puede pasarle factura en este, si la Administración no pone los medios económicos y humanos necesarios.
El Informe de Coyuntura Socioeconómica de la Provincia de Alicante que habitualmente elabora Ineca, en este caso correspondiente al tercer trimestre de 2019, refleja la desaceleración de la economía provincial con el sector turístico, el inmobiliario y la exportación como principales áreas productivas más afectadas por esta ralentización, apreciando un importante aumento de la importación de productos pertenecientes a las industrias tradicionales de la provincia como el calzado, según Ineca. Si estas variables las unimos al estancamiento en la creación de nuevas empresas y el aumento de la disolución de sociedades, el panorama permite hablar de «estancamiento» en el penúltimo trimestre de 2019.
Mientras los ingenieros de caminos reclaman una inversión de 2.100 millones de euros en los próximos diez años, por su parte, Francisco Llopis, director de Estudios de Ineca, ha subrayado que haría falta incorporar 3.000 empleados públicos (72 millones de euros en nóminas al año), para funcionar acorde con el peso poblacional de la provincia, que representa casi el 36% en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Entre ellos, médicos de familia; pediatras; enfermeros; empleados de residencias de la tercera edad; profesores; personal de Justicia, además de funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Según Ineca, en el tercer trimestre del pasado año se detectó una desaceleración en el sector inmobiliario y una congelación de las pernoctaciones hoteleras, pese a que llegaron más turistas.
Infraestructuras
El informe del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la Comunidad Valenciana advierte de que el Gobierno y el Consell deben invertir en los próximos diez años un total de 2.100 millones de euros para la mejora de las infraestructuras, repartidos en 170 millones para los aeropuertos; 790 en carreteras; 420 en ciclos del agua; 435 en ferrocarriles; 235 en puertos y 108 en transporte público urbano. En cuanto a las necesidades concretas de la provincia de Alicante, los ingenieros exigían la mejora urgente de la red de Cercanías Alicante-Elche, el Tren de la Costa y la conexión ferroviaria rápida con el aeropuerto y con Benidorm.
En el apartado de las carreteras, figuran como proyectos prioritarios la Vía Parque Alicante-Santa Pola y la remodelación de la A-7 con Murcia, y en materia hídrica, aumentar la capacidad de las depuradoras de Villena, Orihuela y Rojales y terminar las obras del postrasvase Júcar-Vinalopó. La petición llega en un momento en que el Gobierno debe comenzar a elaborar los Presupuestos de este año, los primeros de Pedro Sánchez, y al Ejecutivo se le acumulan las asignaturas pendientes en una provincia que sí ha visto en los últimos meses el positivo tirón que han experimentado las obras para mejorar los accesos viarios al aeropuerto de Alicante-Elche.
La reivindicación, ahora de los ingenieros, se suma a la que en la primavera de 2019 exigieron en un informe conjunto la Cámara de Comercio de Alicante y la patronal CEV. Según este estudio, en los últimos diez años el Ministerio de Fomento habría dejado de invertir 2.594 millones, de los que 549 millones correspondían al periodo 2015-2019.
Prácticamente no se ha vuelto a invertir un euro en carreteras y ferrocarril (excepción la llegada del AVE a Elche) desde que el tren de alta velocidad entró en la estación de Alicante en junio de 2013. Entre la peticiones más urgentes figuran la conexión con el aeropuerto por tren con la capital y Elche; la construcción de un tercer carril en la autovía A-7 entre Orihuela; y el túnel de Sant Joan en la A-3, entre Elda y Monforte del Cid; el Tren de la Costa, y que la N-338 (accesos al aeropuerto), cuyas obras avanzan con rapidez, cuente también con enlaces viarios directos a la Institución Ferial Alicantina (IFA), algo que ya se está haciendo, así como prolongar el TRAM hasta la Plaza Triangular de Benidorm y el Hospital de San Vicente (Línea 2).
Por otro lado, el senador Carles Mulet, denunció ayer la presunta intención del Gobierno de revisar el modelo de peajes de la red viaria de alta capacidad encaminado a garantizar la sostenibilidad y el uso eficiente. Esta es la respuesta del Gobierno a la pregunta del senador de Compromís Carles Mulet, en la que se interesaba por el cobro de peajes blandos en las autovías. El Gobierno abunda, según Mulet, en su respuesta en que, el Ministerio de Transportes ha manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad de que se lleve a cabo una reflexión profunda y consensuada del sistema de financiación de las infraestructuras. Mulet ha pedido al Gobierno que aclare su postura de forma taxativa y descarte peajes blandos en la AP-7, o desautorice a quien responde las preguntas parlamentarias pues, en ocasiones, llegan a ser incluso contradictorias.
Nueva discriminación
Pero a este amplio listado de demandas de inversiones en infraestructuras y el problema de la infrafinanciación que arrastra la provincia, se suma, ahora, una nueva discriminación sobre la asignación de personal público en la provincia, teniendo en cuenta su peso poblacional en la Comunidad, según advierte el estudio de Ineca. «No solo se necesita una financiación justa, sino también la dotación de trabajadores públicos acordes con el nivel de población de Alicante», subrayaba Francisco Llopis, director de Estudios de Ineca.
Faltan funcionarios en las residencias de tercera edad y en educación
Ineca alerta de que el déficit de trabajadores públicos supone la pérdida de riqueza, al dejarse de ingresar 72 millones en salarios
El Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca) ha elaborado un microinforme en el que refleja que en la provincia se necesitarían actualmente 3.000 empleados públicos más, atendiendo a su peso poblacional en la Comunidad, que se acercaría al 36%, según informó el director de Estudios de Ineca, Francisco Llopis. Fundamentalmente, esta carencia se hace más evidente en las áreas de residencias de tercera edad, donde faltarían unos 1.300 empleados públicos, seguida de la educación, que registraría un desfase de 1.100 trabajadores. En menor medida, el estudio del «lobby» empresarial alicantino estima la falta de 205 funcionarios en la sanidad, así como de 35 en la Justicia y de 400 en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Así, faltarían médicos de familia, pediatras, enfermeros, profesores de enseñanza no universitaria o personal de Justicia, entre otros.
El desajuste en la dotación de personal público en la provincia por su peso poblacional lo viene sufriendo Alicante en la última década, periodo en el que el mayor desfase se registró en el año 2012, cuando «la divergencia superaría las 4.400 personas», señala el estudio.
Según las estadísticas de 2018, la provincia cuenta con más de 1,8 millones de habitantes, mientras que el número de funcionarios ascendía el pasado mes de enero a 78.665, de los que 41.789 se corresponden con la Administración autonómica; 9.531 con la Administración del Estado; y más de 6.100, con personal público de las universidades. Fuera del ámbito autonómico, 21.211 empleados trabajarían en los distintos ayuntamientos alicantinos. Desde Ineca se advierte de que el déficit en la dotación de personal público en Alicante tiene una consecuencia importante a nivel económico: la pérdida de riqueza global que generarían estos empleados, muchos de ellos personal cualificado, «ya que se dejan de ingresar unos salarios que representan una cantidad importante», según Ineca, y que Francisco Llopis cuantifica en unos 72 millones de euros dejados de percibir en concepto de salarios, «sin contar con el efecto indirecto que estos originan en el entorno en el que se establecen estos trabajadores», añadía. Para el representante del «lobby» empresarial, no solo se pierde empleabilidad en Alicante, «por los muchos universitarios que se están formando y que se tienen que ir fuera, sino que al haber menos personal público, también se pierden los servicios que prestarían al ciudadano. Parece que todo son trabas para mejorar la situación económica de la provincia», lamentaba Llopis.
Del tercer carril para la circunvalación de Alicante y la A-7, al tren con el aeropuerto
Fomento -hoy Transportes- sometió en 2018 el anteproyecto a Medio Ambiente pero sigue sin concretarse si habrá licitación
En materia viaria, se considera básico contar con un tercer carril en la A-70 entre Elche y el túnel de Sant Joan con un paso inferior en la rotonda de la Universidad de Alicante. Para desahogar la circunvalación de Alicante se apuesta también por eliminar definitivamente el peaje en la ronda de pago entre El Campello y Monforte del Cid, como sucede desde el pasado 1 de enero con la Ap-7. Otra las obras que no puede soportar más retrasos es la construcción de un tercer carril en cada sentido en la autovía A-31 que conecta Alicante con Elda y, en concreto, en el tramo Elda-Monforte para reducir el colapso del tráfico y mejorar la seguridad vial. El coste estimado de este proyecto alcanza los 162 millones de euros.
En la Vega Baja, se debiera duplicarse la carretera CV-95, que conecta Orihuela con Torrevieja para incrementar su capacidad, reducir los tiempos de recorrido y aumentar la seguridad vial. Y también duplicar los carriles en la variante de Torrevieja como ronda de la ciudad de la N-332.
Otra de las infraestructuras que los empresarios consideran estratégica es el Corredor Mediterráneo con la mejora del acceso ferroviario al Puerto de Alicante. Es necesario electrificar la línea y la construcción de apartaderos (aparcamientos) para trenes de 750 metros de longitud como el que ya está previsto en el Medio Vinalopó y por el que pugnan Elda y Novelda. Primero con un tercer carril y en el futuro con plataforma completa de ancho internacional.Se necesita también un intercambiador ferroviario de mercancías en San Isidro, un segundo en el área funcional de Alicante-Elche (zona norte) y un tercero para las mercancías de Villena sin descartar una Zona Logística.
Aeropuerto
Una vez superado el susto que supuso el incendio que calcinó entre 1.200 y 1.300 metros cuadrados en la cubierta de la terminal a mediados del pasado mes de enero, sigue sin conocerse el resultado del estudio para determinar si al final habrá tren y eso que el Ministerio de Fomento remitió ya en el verano de 2018 a la Dirección General de Evaluación Ambiental el proyecto con el que pretende conectar el aeropuerto de Alicante-Elche con la estación del AVE de Alicante en una primera fase y un coste de unos 85 millones de euros, la mitad del presupuesto de la primitiva variante de Torrellano, que se descartó en 2010, cuando la crisis económica era ya un hecho. La intención es construir un ramal de la línea de cercanías en el entorno de polígono de Agua Amarga, donde el tren girará por una vía de unos 1.200 metros de longitud para llegar soterrado a la terminal, donde ya existe el hueco. El aeropuerto espera esta infraestructura desde hace casi 20 años, cuando en 2000 superó la barrera de los seis millones de pasajeros al año, cifra a partir de la cual la UE considera que los aeródromos deben tener conexión con el tren.
