07 de febrero de 2020
07.02.2020

Alicante necesitaría 3.000 trabajadores públicos más por su peso poblacional

Un informe de Ineca refleja una nueva discriminación de la provincia sobre la dotación pública de recursos humanos, sobre todo en residencias de tercera edad y en educación

07.02.2020 | 11:28
Rafael Ballester, presidente de Ineca.

El Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca) ha elaborado un microestudio sobre la dotación pública de recursos humanos en materia social en la provincia en el que concluye que, "atendiendo al peso poblacional, en la provincia serían necesarios actualmente 3.000 trabajadores públicos más de los ya existentes".

Los datos de este informe vienen a evidenciar que, además de la infrafinanciación, la provincia se ve de nuevo discriminada en la dotación de personal de las administraciones públicas, sobre todo en las áreas de residencias de la tercera edad y en educación.

Unas carencias que tienen un efecto directo sobre el bienestar de los alicantinos en estas materias, pero, asimismo, este se ve agravado por la pérdida de riqueza global generada por estos trabajadores, ya que en muchos casos se trata de personal cualificado, "por lo que, además de no facilitar la empleabilidad de los propios residentes en la provincia, se dejan de ingresar unos salarios que representan una cantidad importante. A modo orientativo, estaríamos hablando actualmente de unos 72 millones de euros dejados de percibir en concepto de salarios, sin contar el efecto indirecto que éstos originan en el entorno en el que se establecen estos trabajadores", según subraya el director de Estudios de Ineca, Francisco Llopis..

Esta situación se viene produciendo, especialmente, en la última década, registrándose el máximo de falta de asignación de personal público en el año 2012, cuando el desajuste, atendiendo al peso poblacional de Alicante, superaría las 4.000 personas.

Además, según Llopis, "esta situación se presenta en una amplia variedad de situaciones como son: médicos de familia; pediatras; enfermeros; empleados de residencias de la tercera edad (medido por el número de camas); profesores en enseñanza no universitaria: personal de Justicia; y, también, en la dotación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

Según el microinforme realizado por Ineca, las insuficiencias actuales en la dotación de recursos humanos en la provincia afectarían al área de sanidad, donde faltarían 205 trabajadores públicos; a residencias de la tercera edad, donde se necesitarían 1.300 empleados; al área de educación, que sufre un déficit de 1.100 empleados públicos; a Justicia, donde faltarían 35; y en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde se necesitarían 400 trabajadores públicos más, atendiendo al criterio poblacional.

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