Apenas cuatro horas después de que acabase una sesión plenaria de las que hacía tiempo que no se recordaban en Alicante (por extensa), los representantes municipales estaban, de nuevo, rodeados de carteles electorales. Y no fue una imagen casual. El pleno, que se prolongó casi diez horas, tampoco fue ajeno a la cita electoral prevista para el 10-N. Todo lo contrario. La derecha consiguió dirigir el debate hacia asuntos de difícil relación con la ciudad, como el problema catalán (desde el respaldo a la sentencia del «procés», el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hasta la censura a las protestas violentas en las calles sobre todo de Barcelona), junto a puntos que, a las puertas de una cita electoral, buscaban la crítica al Botànic por proyectos pendientes en la ciudad, como la finalización de la Vía Parque, las ayudas a la vivienda social y la instalación en la capital de una sede del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias.
Así, el PP y Cs, en un escenario cómodo también para los ultras de Vox, lograron que se hablase, y no poco, del asunto estrella de la campaña electoral a nivel nacional (Cataluña), además de provocar reproches hacia el Consell de izquierdas. Un marco ideal, en lo político, para tener la vista puesta en la inminente repetición electoral.
De hecho, en un debate bronco por momentos (aunque también hubo tiempo para risas compartidas en una sesión que arrancó pasadas las 9.30 horas y se levantó a las 19.30 horas, con dos recesos de por medio), el PP y Cs, compañeros de gobierno y que ayer guardaron las formas, fueron los únicos dos grupos que no se dirigieron ningún dardo. Se notó, entre el resto, que se plantean unas elecciones generales en las que, según las encuestas, está todo por decidir. Aunque la mayoría de las iniciativas salieron adelante (y no pocas por unanimidad), todo fueron reproches salvo la relación entre los socios: de hecho, el alcalde, Luis Barcala (PP), cerró filas en torno a su «número dos» en el ejecutivo, Mari Carmen Sánchez (Cs). Entre el resto hubo batalla. Sin excesos, salvo cuando Vox se situaba en el centro del debate. Ahí el nivel de las críticas aumentaba, incluso cuando venían desde su bancada.
Eso sí, los principales reproches se dirigieron, en general, de la derecha a la izquierda, y viceversa. Los primeros «feos» no se hicieron esperar. Llegaron cuando los ediles todavía se estaban acomodando en sus sitios. Y los provocó una de las protagonistas de la jornada, la concejala de Educación, Julia Llopis (PP), que tuvo para todos. También para los representantes de la AMPA del colegio La Cañada del Fenollar, a quienes acusó de tener entre sus filas a «infiltrados» para criticar al gobierno local alicantino. Las palabras no cayeron nada bien en un colectivo que llegó a emitir un comunicado en medio de un pleno que dio un paso decisivo para acabar con los barracones en el centro educativo: «El AMPA exige una disculpa pública a la concejala de Educación por su intervención en el pleno, acusando a nuestra asociación de ser 'infiltrados' de partidos con proyectos personales, que consideramos una afrenta gravísima a nuestro colectivo desde la máxima dirigente municipal de Educación que debería representarnos».
Pero la popular Llopis no solo se enfrentó a los padres y madres del colegio de la partida rural, sino que también se reservó para sus rivales políticos. ¿El principal objetivo de sus críticas? El «plan Edificant» promovido por el conseller de Educación, Vicent Marzà (Compromís). Eso abrió la caja de los truenos a nivel político, ya que los grupos de izquierdas, que comparten el Botànic, desempolvaron Ciegsa, la empresa pública creada para la construcción de colegios en la Comunidad Valenciana y que, según la Guardia Civil, sirvió para que el PP supuestamente se financiase ilegalmente en sus años al frente del Consell.
A izquierda y derecha
En plena batalla de bloques llegaron los primeros roces en la izquierda. Fue entre el PSOE y Compromís, que cargó contra el grupo encabezado por Francesc Sanguino de manera velada, pero evidente. «Nosotros vamos a la Zona Norte, aunque no siempre nos hacemos fotos ni organizamos jornadas de convivencia», dijo Bellido. El «guante» fue recogido por el socialista. Ayer (casi) todos eran rivales. Y más a horas del arranque de una campaña electoral que concluirá en apenas una semana, el 10-N, en una cita que se espera decisiva. Los del puño y la rosa no solo recibieron por la izquierda, sino también por la derecha. El alcalde reprochó que, «a espaldas del pleno municipal», negociaran con la Generalitat la posible declaración de Bien de Relevancia Local del antiguo cine Ideal. De «desleal» incluso acusó Barcala a un Sanguino que ayer habló más para los demás que para sí mismo, con un nivel exento de petulancia, cambiando el registro mostrado en los otros plenos del mandato.
Pero el plato principal llegó con Cataluña, que fue doble al ser un debate provocado en la sesión por el gobierno local (PP y Cs) y también por Vox, y en el que Podemos y Compromís empezaron negándose a votar (lo que se registró formalmente como una abstención), en un gesto de rechazo a la decisión de Barcala de mantener la propuesta del gobierno pese a la existencia de un informe de Secretaría del Pleno que aboga por no debatir asuntos que no afectan directamente a la capital alicantina. Bellido, en otro gesto, forzó su intervención al máximo para que Barcala le retirase la palabra. Lo consiguió después de duplicar el tiempo del que dispone cada edil.
Pese a ese controvertido informe [su autor estuvo ausente ayer del pleno], se habló mucho de Cataluña, de la Constitución española, de la defensa de los Policías y los Mossos y de las críticas a los actos violentos. También, según la derecha, a los que se produjeron en la ciudad. De hecho, se aprobó una iniciativa, a petición de Vox, para «condenar los actos de insurrección violenta ocurridos en Alicante». Nadie supo concretar a qué hechos se hacía referencia.
Siguiendo con los actos violentos, el pleno municipal (a través de tres iniciativas distintas, pero similares en el fondo) condenó los ataques homófobos ocurridos durante el reciente Salón del Cómic: sufridos por unos participantes que llevaban banderas arcoíris de unos asistentes a un mitin de Vox. Ambas citas coincidieron en IFA.
Así, de principio a fin, con alguna cuestión de gestión a debate, el pleno mantuvo la mirada en las urnas: también por deseo de la izquierda. Unidas Podemos recuperó un asunto recurrente, pidiendo una calle para Miquel Grau, que se quedó fuera del callejero tras la decisión de Barcala de dar voz a los vecinos en la retirada por ley de vestigios franquistas. Por ahora, seguirá sin su espacio. La derecha se unió para bloquear la petición. La última víctima violenta de la Transición tendrá que continuar esperando, pese a que el gobierno en solitario del PP se comprometió en el año 2018 a darle una calle.
El pleno aprueba la ordenanza de patinetes sin votos en contra
El pleno de Alicante aprobó ayer sin votos en contra (solo Compromís se abstuvo) la ordenanza que regulará el uso de patinetes en la ciudad. El documento se expondrá ahora un mes al público, abriéndose un periodo de alegaciones, y volverá al pleno para la aprobación definitiva a principios del próximo 2020. Cuando entre en vigor, si no se produce ninguna modificación sustancial, los vehículos de movilidad personal solo podrán circular por calles de un solo carril y sentido, carriles bici, calzadas de «zona 30», ciclo-calles y calles cuyo limite de velocidad sea 30 kilómetros hora, mientras que estará prohibido que transiten por aceras, aceras-bici, paseos pavimentados, parques y zonas peatonales. Asimismo, será obligatorio el uso de casco y de seguro de responsabilidad civil general con cobertura, además de que los vehículos deberán llevar timbre, luces y elementos reflectantes debidamente homologados. La aplicación de las sanciones, por su parte, contarán con una moratoria de sesenta días desde la entrada en vigor de la ordenanza.
Por otro lado, el pleno municipal de Alicante también dio el visto bueno a la creación de tres comisiones, y todas salieron adelante por unanimidad: una sobre la relación con el puerto, otra para revisar el Plan Integral de la Zona Norte y la última para elaborar el Plan de Inclusión Social.
Respecto al antiguo cine Ideal, el pleno acordó tramitar la declaración de Bien de Relevancia Local (BRL), con la oposición de Vox, y negociar, en un acuerdo que se aprobó por unanimidad, con los propietarios la compra de un edificio que está en tramitación de convertirse en un hotel.
