Sin citar a quien dio la orden de que se le fichara, que fue el alcalde de Alicante, Luis Barcala, la Fiscalía ha archivado la investigación abierta por la contratación de un asesor del PP con cuyos servicios supuestamente se «agradeció» a la edil tránsfuga Nerea Belmonte el voto en blanco que permitió a este partido acceder a la Alcaldía tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri.
Aunque el teniente fiscal José Llor aprecia la existencia de irregularidades, considera insuficientes los indicios para abrir una causa penal. Con esta decisión, las dos investigaciones abiertas por la presunta compra del voto de la edil han quedado cerradas después de que un juez archivara también la que indagaba si fue el PSOE, a través del exsenador Ángel Franco, quien le ofreció dinero por su apoyo, un cierre que está recurrido a la Audiencia.
Llor asegura en el decreto de archivo que no puede más que «asombrarse por las extrañas circunstancias de la contratación como asesor con dedicación exclusiva de Redondo, de su actuación como tal y de su cese». Un nombramiento que, según recoge el escrito, se hizo por indicación directa de Barcala «sin ningún tipo de currículo ni cualificación profesional para desarrollar su función y sin ser miembro del PP, como suele ser habitual en este tipo de contrataciones».
Control de baches
La función que le asignaron fue la de «estar presente en reparaciones de baches, realizando actuaciones en materia de jardines y haciendo fotografías que entregaba al Gabinete de Alcaldía para dar fe de su trabajo». Entre su cometido estaba también chequear la ciudad en materia de limpieza y mantenimiento. Tareas para las que fue contratado a tiempo completo y se le asignó un sueldo de 2.513 euros al mes.
Durante el poco tiempo que estuvo en el Ayuntamiento, además de hacer las fotos, acompañó a la edil tránsfuga, «lo que no hizo con su concejal y sin ponerlo en conocimiento». Según declaró Redondo, acompañó a título privado a Belmonte a varias entrevistas con representantes de colectivos de la ciudad cuando la edil, «por su condición de tránsfuga, no tenía derecho a asesor», dice el fiscal.
Llor considera que «se podrán llegar a las sospechas y conjeturas que cada uno tenga por conveniente, pero no llegan a tener la categoría de indicios para la prosecución de unas diligencias penales». Aunque precisa que después de la investigación que ha llevado a cabo el acusador público «no puede más que asombrarse por la extrañas circunstancias de la contratación como asesor con dedicación exclusiva» de Redondo.
Llama la atención que en las pesquisas llevadas a cabo por el fiscal tras la denuncia presentada por todos los grupos de la oposición municipal no se haya citado a declarar al primer edil después de que su jefe de Gabinete, Vicente López, declarara expresamente que fue Barcala quien le ordenó la contratación.
El edil de Urbanismo, Israel Cortés, a cuya área se le asignó, aseguró que ni le conocía con anterioridad ni pidió que trabajara para él. Y agregó que Redondo no le comunicó en ningún momento las visitas que realizó en compañía de la tránsfuga a dependencias de la Policía Local y organizaciones sociales y vecinales. Cortés apuntó también que «mientras otros asesores empezaron con el 50% de dedicación, el señor Redondo lo hizo con el 100%», lo que le reportó los 2.513 euros al mes antes citados.
Una remuneración que el edil justificó por las necesidad de contar con «un mapa de la ciudad en el que se pudiese observar dónde se estaba actuando» en materia de limpieza y mantenimiento.
El decreto de Recursos Humanos en el que se nombró a Redondo está fechado el 23 de mayo de ese año y fue despedido el 13 de junio tras desvelar este diario su vinculación a Belmonte.
