La inquietud por el proyecto de instalación de 18 macrodepósitos de combustible en el Puerto de Alicante de hasta 30 metros de altura que permitirían almacenar y mover al año 711.000 metros cúbicos de productos petrolíferos y gas licuado, trasciende los barrios del sur de Alicante, limítrofes con las instalaciones portuarias, y se extiende como la pólvora por toda la ciudad. Los ciudadanos se echan las manos a la cabeza y se oponen por el impacto de los macrodepósitos ya que consideran que podrían convertirse en un «arma letal» capaz de causar daños ecológicos a la bahía y grandes destrozos en buena parte de la ciudad si se produjera una explosión, aparte de que auguran que generarán «pura contaminación». A los ciudadanos les preocupa el trasiego de camiones para llevar el combustible al Puerto que puede agravar el intenso tráfico de Alicante.

Hasta quienes consideran que se trata de un tipo de actividad más, siempre que se introduzcan las necesarias medidas correctoras, rechazan que se implante en el Puerto de Alicante al considerar que es demasiado céntrico para almacenar material inflamable. Y se remontan al año 1995 para recordar el traslado de los depósitos de Campsa fuera del Puerto al entender que no han cambiado las condiciones que había entonces para alejar aquellas instalaciones del casco urbano. A los ciudadanos les preocupa que el Puerto vuelva a estar en el centro de la polémica cuando aún no se ha cerrado la derivada de los graneles y destacan la pérdida de potencia frente a València y de cruceros con respecto a Cartagena y Málaga.

Entre sectores económicos como el comercio cunde la alarma por la inseguridad que los macrodepósitos de combustible puede generar de cara al turismo y dudan de que puedan aportar mejoras a la vida de la ciudad. En esto coincide el sindicato CC OO. Desde UGT afirman que ni siquiera la hipotética creación de empleo justificaría una actividad que vulnera la vida de las personas y el medio ambiente.

Otra visión es la que aportan los urbanistas, que consideran que el Puerto no ha dado la suficiente información a la población. José Ramón Navarro Vera y Armando Ortuño creen que la institución debe hacer partícipe a la ciudad de sus proyectos para que se debatan y evitar nuevas confrontaciones en el futuro. El primero afirma que la Autoridad Portuaria no ha estado acertada con el proyecto de los depósitos y que se han equivocado, y adelanta que en noviembre se celebrará en la Sede Universitaria un debate sobre el modelo de Puerto que quiere la ciudad. El presidente del Colegio de Arquitectos, Juan María Boix, piensa que hay un entorno afectado desde el punto de vista medioambiental y aboga por un nuevo plan director del Puerto que regule sus actividades y decida si apuesta por la actividad industrial o la turística.