El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se mostró ayer contrario a la instalación de una planta para almacenar y mover productos petrolíferos y gas licuado en el Puerto de Alicante, tal como proyecta la empresa que gestiona la zona logística portuaria. Puig apuntó que, de momento, el documento no ha llegado a València pero subrayó que «si la ciudad de Alicante está en contra de que se construyan depósitos de combustible en el Puerto, la Generalitat estará con la ciudad y, en la medida que nuestras competencias lo permitan, nos opondremos». Claro y rotundo se mostró ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, al expresar la oposición a que el Puerto de Alicante acoja una instalación calificada como peligrosa como es una planta de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos cuyo proyecto está en estos momentos en exposición pública.

En concreto, la construcción de 18 depósitos (seis en la primera fase que supondrían una capacidad entre los seis de 110.000 m3), de hasta 30 metros de altura, tal como ha planteado la empresa Terminal Marítima del Sureste, que gestiona el área logística y el muelle 19, donde está prevista la construcción de los depósitos. La intención de la promotora es mover hasta un millón de toneladas a partir del quinto año de actividad.

El proyecto está aún en fase de alegaciones al cumplir los requisitos administrativos, al ser un acto reglado, tal como apuntaron fuentes de la presidencia del Puerto que recordaron, por otro lado, que en la parcela elegida por la empresa se pueden desarrollar esas actividades. No obstante, las mismas fuentes apuntaron que el tema debe resolverse tras analizar todas las alegaciones que se presenten. Guanyar y los vecinos de la zona sur de Alicante ya han anunciado alegaciones contra el proyecto.

Ximo Puig fue, no obstante, claro en su posición. «Las actividades peligrosas siempre tendrán en contra al Consell, como no puede ser de otra manera pero también hay que instar a la ciudad de Alicante, a su Ayuntamiento, a las asociaciones vecinales a que hagan una reflexión de lo que quieren que sea su puerto. Es la ciudad la que debe decidirlo y trabajar entonces por el modelo. Por supuesto que la Generalitat está para participar también en ese debate», aseveró Puig.

El protagonismo real de la Generalitat en esta nueva polémica Puerto-ciudad llegará si al final se aprueba el proyecto en el consejo de administración del Puerto, ya que éste pasaría a la Conselleria de Medio Ambiente, responsable de emitir el informe ambiental, tal como sucedió, por ejemplo, con el movimiento de los graneles al aire libre.

Sin planta en el futuro

El Puerto se mantiene a la expectativa. «La empresa tiene todo en regla para plantear una actividad en una parcela donde el PGOU lo autoriza», subrayaron desde el Puerto. Recordar, en este sentido, que el gobierno municipal del PP, hoy en contra de la actuación, validó en 2014 un informe de compatibilidad urbanística solicitado por la empresa que hoy apuesta por construir los macrodepósitos. Diecinueve años después de aquel 2 de octubre de 1995 cuando se decidió retirar los depósitos de combustible de CLH a través de un convenio en el que se refleja que «en el futuro no debe haber instalaciones de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos en el Puerto de Alicante». Los firmantes fueron Joan Lerma, entonces presidente de la Generalitat; Juan Manuel Eguiagaray, ministro de Industria; Ángel Luna, alcalde de Alicante; Ángel Cuesta, presidente de la Autoridad Portuaria; y Juan Sancho Rof, presidente de CLH.

La iniciativa que promueve Terminales Marítimas del Sureste para la cesión del uso a la empresa XC Business 90 prevé dos fases para la implantación de la terminal de combustible. En la primera, la empresa prevé la instalación de seis depósitos, el mayor de 50 metros de diámetro y una altura de casi 30 metros con una capacidad total de unos 110.000 metros cúbicos, que se destinarían al almacenamiento de combustible. Los depósitos de la primera fase se instalarían sobre una parcela de 14.000 m2, situada en el muelle 19. El presupuesto inicial rondaría los seis millones.

En la segunda fase se construirían sobre otra parcela de 40.000 m2 hasta doce macrodepósitos de más de 50.000 m3 cada uno para un total de 600.000 m3 para almacenar gasóleos y biocarburantes, pudiéndose incorporar depósitos de gas licuado del petróleo (GLP) con esferas de hasta 20.000 m3 para su comercialización a granel o envasado, con un presupuesto de 30 millones. La empresa pretende llegar a mover hasta un millón de toneladas de combustibles al año.

Debate municipal

La planta de combustible se situaría a menos de un kilómetro de barrios de la ciudad como Gran Vía Sur (800 metros), Benalúa (800 metros), San Gabriel (1.000 metros) o Ensanche-Autobuses (850 metros), además de centros escolares como el CEIP Benalúa (780 metros) o de la sede de instituciones como Casa Mediterráneo (730 metros).

Por su parte, Guanyar Alacant registró ayer, por urgencia, una declaración institucional para que el pleno del Ayuntamiento de Alicante, cuya próxima sesión se celebrará este jueves, se posicione en contra de la implantación de la planta para almacenar y mover combustible. En la Junta de Portavoces celebrada a última hora de la mañana de ayer, Compromís reclamó, por su parte, a Guanyar que la declaración se eleve al pleno firmada por todos los grupos municipales, ya que tanto el gobierno de PP como la oposición se muestra contraria a la instalación. El documento registrado por el portavoz de Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, va dirigido a las cuatro administraciones implicadas en el proyecto: la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento (a través de Urbanismo), la Generalitat y el Gobierno central.

Respecto a la Autoridad Portuaria, Guanyar pide que «deniegue y archive» la solicitud de modificación sustancial de la concesión administrativa otorgada a Terminales Marítimas del Sureste con el «objetivo de autorizar la cesión de uso de una parcela a favor de XC Business para construir y explotar una instalación destinada al almacenamiento y distribución de combustible en el muelle 19 del Puerto».

Por su parte, Guanyar reclama al Ayuntamiento que «no otorgue la autorización ni la licencia a cualquier proyecto que se enmarque en alguna de las dos fases previstas para construir» la planta de combustible. En cuanto a la Generalitat, la formación liderada por Pavón exige que «informe desfavorablemente sobre cualquier expediente que tenga que tramitarse ante la Administración autonómica» sobre los macrodepósitos destinados a gasolina y gasoil, «especialmente en relación a la evaluación de impacto ambiental y a la evaluación de la seguridad en materia de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas». La declaración concluye con una petición al Gobierno: «Dirigirse a la Autoridad Portuaria para que se proceda a denegar la solicitud».

Por su parte, el alcalde, Luis Barcala, presente en el consejo de administración (al igual que el portavoz de Compromís, Natxo Bellido) en el que se informó sobre el proyecto en septiembre se mostró en un primer momento tibio, pero reclamó ayer que se suspenda el proceso y se busque un consenso sobre el futuro de la ciudad que debe pasar por la industria tecnológica. El PSOE que durante dos días ha mantenido un significativo silencio también se opuso ayer al proyecto. «Depósitos de esas características son potencialmente peligrosos».