El magistrado Manrique Tejada, que investiga las presuntas irreguralidades en la tramitación del Plan General de Alicante, ha rechazado los recursos de las defensas en los que cuestionaban los criterios utilizados para calcular la fianza de 1,3 millones de euros a los acusados, según confirmaron a este diario fuentes cercanas al caso. La cantidad es el supuesto perjuicio económico que habría supuesto al Ayuntamiento la fallida tramitación del planeamiento urbanístico. Esta fianza se fijó de manera solidaria para garantizar que los acusados pagaban la responsabilidad civil en el caso de una hipotética condena. En esta causa están imputados, entre otros, los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, así como el promotor Enrique Ortiz.
La Fiscalía Anticorrupción y Esquerra Unida solicitan 10 años de prisión para Castedo y Alperi, mientras que el Ayuntamiento pide cuatro años. Para Ortiz, el fiscal reclama ocho años, el Ayuntamiento cinco y EU 13 años, según los escritos de acusación presentados ante el juzgado.
A pesar de que el empresario Enrique Ortiz había aportado al juzgado una finca sita en el municipio de Monforte del Cid que cubría esta cantidad, la cuantía fijada por el juez había generado una nueva cadena de recursos en la fase final de este proceso. La Audiencia de Alicante había abierto esta posibilidad al admitir un recurso de queja por el que se obligaba a tramitar dentro de la pieza de responsabilidad civil un recurso presentado por los abogados urbanistas, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, contra los criterios para calcular la fianza.
El juez se había basado en dos concpetos para determinar la cantidad. Primero, en el dinero pagado al arquitecto José Luis Cantallops, que inicialmente fue contratado para la revisión del planeamiento hasta su despido por el Ayuntamiento. Y segundo, las cantidades pagadas a la mercantil Laboratorio de Proyectos para continuar con el PGOU. La defensa de Gutiérrez y Castedo planteaba que el despido de Cantallops se adoptó de mutuo acuerdo entre las partes; mientras que no había ninguna referencia en el Ayuntamiento a que la retirada del planeamiento bajo sospecha se debiera a la investigación penal abierta en una de las piezas separadas del llamado caso Brugal. Asimismo insistía en que la documentación elaborada por Laboratorio de Proyectos se había usado para otros instrumentos de planeamiento municipales.
Ortiz se adhiere al recurso
Otras defensas se han adherido a este argumento, como es el caso de la del empresario Enrique Ortiz, cuya aportación ha sido la que ha cubierto la fianza de todos los acusados; mientras que las acusaciones han reclamado que se rechacen los recursos y se continúe con el procedimiento. El magistrado adoptó ayer la decisión de rechazar los recursos de las defensas y de mantener la fianza establecida en su día. El juez deja en manos de la Audiencia Provincial el revisar la cantidad de la fianza cuando se les remita la causa para que celebre el juicio.
Sin embargo, no todos los escollos están despejados todavía. Hay una última complicación que está retrasando el cierre del proceso para mandarlo al juicio. Una de las empresas que están consideradas responsables civiles subsidiariarias, Ingeniería del Fuego, se encuentra en proceso de liquidación y por lo tanto el juzgado se está encontrando con dificultades para poder notificarles el auto de apertura de juicio oral. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado, tras aceptar la Audiencia otro recurso de queja, que en la decisión se incluyera a diez mercantiles como responsables civiles subsidiarios por estos hechos.
El juzgado no ha logrado dar con responsables de la citada empresa en liquidación que se hagan cargo de recoger la notificación. Solo falta este trámite para que todo quede cerrado y listo para enviar a la Audiencia Provincial para que se celebre el juicio.
