El empresario Enrique Ortiz ha aportado en el juzgado una finca cuyo valor cubre la totalidad de la fianza impuesta a los acusados por las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, según confirmó este diario. El magistrado Manrique Tejada impuso a seis de los nueve acusados una fianza solidaria de 1,3 millones para garantizar el pago de la responsabilidad civil en el caso de que sean condenados. La cantidad es el coste estimado del dinero que gastó el Ayuntamiento por la fallida tramitación del PGOU. Este dinero debía abonarse de manera solidaria entre los principales acusados. En el auto de apertura de juicio oral, la fianza se impone a los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi LuisDíaz Alperi y Sonia Castedo, a los abogados urbanistas Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, así como a los empresarios Enrique Ortiz y Ramón Salvador Águeda y quedaban excluidos otros tres acusados.
La parte solidaria que tenía que pagar Ortiz para cubrir su parte de la fianza ascendía a 223.298 euros, según el escrito presentado en el juzgado por el representante del promotor, el abogado Francisco Ruiz Marco. En esa documentación se indica que la finca tiene una extensión cercana a los tres millones de metros cuadrados y se encuentra en el término municipal de Monforte del Cid. El letrado aporta un informe de tasación que valora estos terrenos en 1.406.985 euros, con lo que con ellos quedaría cubierta la totalidad de la fianza requerida al resto de los imputados.
Castedo y Alperi están acusados de haber facilitado información reservada del futuro planeamiento urbanístico de la ciudad, cuando todavía era reservado a Enrique Ortiz, quien les habría agasajado con dádivas y regalos, según las acusaciones. El fiscal reclama penas que suman diez años de cárcel a Castedo y Alperi por estos hechos, mientras que a Ortiz se le solicitan ocho años. EU también pide diez años de cárcel para Castedo y Alperi, mientras que para Ortiz solicita 13 años. El Ayuntamiento reclama a los dos exalcaldes cuatro años y para Ortiz, cinco. EU y la Fiscalía han recurrido la decisión del juez de excluir para Ortiz el delito de aprovechamiento de información privilegiada y llevarle al banquillo por cohecho y tráfico de influencias. El juez desestimó la semana pasada estos recursos y ahora estas partes han presentado un recurso de queja que deberá resolver la Audiencia.
Tanto la Fiscalía Anticorrupción como EU han pedido a la Audiencia que obligue al juez a tramitar su recurso. En caso de que la Audiencia aceptara las peticiones de las acusaciones, el magistrado se tendría que pronunciar sobre el fondo del asunto (la inclusión de ese delito en el auto de apertura de juicio oral) que, a su vez, también sería susceptible de recurso.
Recursos de queja
El fiscal ha planteado que existen «numerosas resoluciones judiciales que admiten la posibilidad de recurrir el auto de apertura de juicio oral» y asegura que en este caso está justificado porque el juez «de forma expresa» ha decidido no abrir juicio oral por uno de los delitos por los que se formula acusación. Asimismo asegura que el juez no ha hecho ningún pronunciamiento sobre la petición para que varias mercantiles, en su mayoría vinculadas a Ortiz, fueran al banquillo como responsables civiles subsidiarios.
Por su parte, Esquerra Unida ha planteado ante la Audiencia que el recurso se tenía que haber admitido y que la decisión del juez había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva.
También la defensa del exconcejal socialista Javier Gutiérrez y el hermano de la exalcaldesa José Luis Castedo ha impugnado ante el propio instructor la decisión de rechazar su recurso contra la apertura de juicio oral. El letrado Bernardo del Rosal plantea que sus alegaciones se referían a los criterios del juez para calcular la fianza y por lo tanto sí que es uno de los supuestos que se contemplan para poder recurrir una apertura de juicio oral.
La resolución de todos estos recursos podrían demorar al menos otros seis meses el plazo para que la cause se acabe enviando a la Audiencia Provincial para que se celebre el juicio.
