El gobierno municipal del PP pretende cancelar de «inmediato» el Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Alicante, que en la práctica supone un control sobre las cuentas desde el Ministerio de Hacienda entre los años 2012 y 2022. Con ese objetivo sobre la mesa, el alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, anunció ayer que ha dado la «instrucción» al concejal de Hacienda, Carlos Castillo, para abordar de forma inmediata el procedimiento para la cancelación del Plan de Ajuste, vigente desde el gobierno de Sonia Castedo. Para ello, Barcala pretende destinar 30,5 millones de euros del remanente de tesorería relativo al pasado presupuesto municipal para cancelar los préstamos vinculados al Plan de Ajuste. Sin embargo, en este objetivo, el PP necesita el aval de la oposición municipal, ya que el pleno debe aprobar una modificación de créditos para dejar a cero los préstamos. Desde el resto de grupos, tantos los exsocios del tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís), como desde Ciudadanos, ayer no quisieron mostrar sus cartas ante una negociación que se abrirá en breve y que el concejal de Hacienda, Carlos Castillo, pretende que finalice en un pleno extraordinario que prevé convocar en la primera quincena de julio. Por ahora, desde la oposición se mostró cierto recelo ante la maniobra del gobierno de Barcala, dejando en el aire el signo del voto de cada uno de los cuatro grupos.

El alcalde de Alicante, según aseguró ayer en una rueda de prensa junto al concejal Castillo, quiere que el Ayuntamiento, de cara al próximo año (en el que habrá elecciones municipales y autonómicas), esté «en las mejores condiciones financieras posibles». Y no solo eso, sino que Barcala concretó que su hoja de ruta pasa por lograr la retirada del Plan de Ajuste, el Ministerio de Hacienda (ahora en manos del PSOE) aún no se ha pronunciado oficialmente al respecto, para impulsar una rebaja de los impuestos (el PP habló ayer de un 5% en el IBI), además de poder tener vía libre para ampliar la plantilla municipal, sobre todo con la contratación de policías locales y bomberos, además de otros funcionarios como músicos para la banda.

Barcala, por otro lado, se comprometió a que su intención de destinar 30,5 millones de euros para cancelar el Plan de Ajuste no afecte a las inversiones incluidas en el presupuesto de este año, como tampoco a las previstas con sostenibles que deben ejecutarse en los próximos seis meses.

Desde la oposición, la propuesta del gobierno de Barcala generó dudas, sobre todo porque el Plan de Ajuste se puso en marcha durante el 2012, en el anterior gobierno del PP con Castedo al frente. Con todo, ninguno de los grupos quiso adelantar ayer el signo de su voto en un pleno aún sin fecha y en el que no se conoce el detalle de la propuesta que elevará el gobierno dirigido por Barcala.