La conselleria de Educación tendrá que devolver aproximadamente un millón de euros a los centros de enseñanza concertada de la provincia afectados por la supresión de aulas de Bachillerato si el Tribunal Supremo desestima el recurso que va a presentar tras el varapalo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV).
El TSJ anula con su fallo parte del decreto de conciertos aprobado el 20 de enero de 2017 por el Consell y ejecutado este curso por el departamento que dirige el conseller Vicent Marzà que eliminaba aulas concertadas en varios centros y que puso en pie de guerra a colegios y Ampas.
De momento ha dado la razón a Calasancio, en Alicante, y al colegio Sagrada Familia de Elda, pero a la espera de sentencia se encuentran Maristas, Jesuitas, Altozano y Aitana y todo indica que se pronunciará en el mismo sentido.
La conselleria va a recurrir la sentencia con lo que los alumnos de estos seis colegios iniciarán el curso sin saber finalmente cuántas plazas serán subvencionadas y cuántas serán privadas, esto último en el caso de que el Supremo tumbe la decisión del TSJ-CV. Esta circunstancia provoca incertidumbre entre los padres de alumnos ya que precisamente en estos días se están cerrando las preinscripciones antes de formalizar la matrícula en julio.
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) recomienda a los padres «matricular con normalidad a sus hijos en los centros» tras conocer la sentencia del TSJ-CV «que cita incluso jurisprudencia del Supremo en este sentido».
Además, incidió en que el Consell tendrá que devolver el dinero de las unidades privatizadas en Bachillerato. La cantidad podría ascender a un millón de euros en la provincia si se tiene en cuenta que de las ocho unidades suspendidas por el decreto de Marzà, cinco han funcionado este curso como privadas para evitar dejar fuera del centro a los estudiantes.
FSIE calcula que el coste podría alcanzar los 200.000 euros por curso y centro entre el salario de los profesores, los costes sociales y los gastos de funcionamiento. En cada colegio se han organizado con las asociaciones de Ampas para no perder alumnos que no pudieran sufragar el paso de concertado a privado por lo que se prevé que si finalmente una sentencia firme les da la razón negocien también que se les devuelva alguna cantidad en el caso de que la conselleria pague a los centros por la privatización de unidades.
Por otra parte, desde FSIE criticaron el «caos» en el que «vivimos permanentemente en esta administración» al no disponer aún ni del calendario escolar para el próximo curso ni de la resolución de conciertos. Cuando Educación dio a conocer el llamado «arreglo escolar» en marzo, sólo informó de que la provincia contaría con 112 aulas más para Infantil y Primaria, pero a los centros educativos privados-concertados se les envió la propuesta a cada titular de centro, por lo que no se pudo realizar un cómputo global de los conciertos. Y tampoco se sabe si se suprimirán más aulas concertadas en Secundaria o Bachillerato.
Puig apoya a Marzà
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, confirmó ayer que el Consell recurrirá la sentencia de Tribunal Superior de Justicia valenciano que anula parcialmente el decreto que regula la enseñanza concertada, y aseveró que en esta región «hay plazas suficientes en el bachillerato público».
«Vamos a recurrir porque el Bachillerato no es una parte de la enseñanza obligatoria. Concertar el bachillerato por parte del anterior Gobierno fue un inmenso error», afirmó Puig en referencia a la sentencia.
Asimismo, señaló que la «inmensa mayoría» de las comunidades autónomas no concierta esta fase educativa y se preguntó «por qué se concertaba el Bachillerato» si, según dijo, «hay plazas públicas suficientes».
