Un auto del TSJ de la Comunidad Valenciana que admite la suspensión cautelar de la supresión de dos aulas concertadas de Bachillerato en colegios de Valencia, abre la puerta a la posibilidad de recuperar las aulas igualmente eliminadas por Educación en la provincia de Alicante y que han sido recurridas por los titulares de los centros afectados.
Los colegios Maristas de Alicante y Sagrada Familia de Elda hace tres días que presentaron el correspondiente recurso tras haber visto suprimida un aula de primero de Bachillerato en cada uno de ellos.
Los argumentos jurídicos expuestos por los abogados siguen la línea de los presentados por el Centro Integrado La Purísima Franciscanas de València y el colegio Domus de Godella, por lo que confían en obtener la misma respuesta.
«En nuestro caso se ha presentado igualmente con la cautelar, aunque todavía no ha llegado la providencia de haber sido admitido el recurso porque hace muy poco que se entregó», indicaron a este diario en relación a los centros de Alicante.
Llegado el caso, tal y como sucede con los colegios valencianos, deberán decidir si siguen adelante y, para abrir efectivamente las aulas ahora suprimidas, deberán pagar a modo de aval las cantidades que decida la Conselleria de Educación, tal y como contempla el auto del TSJ.
En el caso de los colegios valencianos, la conselleria exige medio millón de euros a cada uno por los conciertos de dos años y dos aulas, por lo que los centros de Alicante calculan que su aval será de la mitad, 250.000 euros cada uno porque les afecta a una sola aula.
En la provincia se han presentado además otros recursos de reposición contra la supresión de aulas concertadas de Bachillerato que afectan en la ciudad de Alicante con un aula al Calasancio y al Altozano, y con dos a Inmaculada Jesuitas; además del Aitana de Elche que tenía también dos y La Salle de Alcoy.
Los servicios jurídicos de Maristas y de Sagrada Familia consideran que la medida que adopte finalmente el TSJ, al tratarse de un recurso cautelar, tendrá carácter retroactivo, de forma que aunque la resolución del auto llegara a finales de septiembre, las aulas afectadas podrán reabrir como concertadas con efectos de 1 de septiembre siempre que los centros abonen el correspondiente aval.
En el caso del colegio Maristas incluso habían decidido mantener el aula como si estuviera concertada a efectos del pago que corresponde a las familias.
La Conselleria de Educación, por su parte, ya ha advertido de que «acata la resolución del tribunal, pero, como no la comparte y no es firme, presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo».
En su comunicado, la conselleria insiste en que no está en contra de los centros concertados, y que incluso los considera «necesarios siempre que la red pública no cubra las necesidades de escolarización», por lo que en la actualidad el 20% de la enseñanza del Bachillerato, pese a «no ser obligatoria», como recalcan, «está concertada y pasan a ser tratados como centros públicos».
