El Gobierno garantiza el trasvase del Tajo

Una infraestructura cerrada desde hace 10 meses y que gracias a la «ley del memorándum», aprobada en 2015 «con el consenso de cinco comunidades autónomas» -subrayó García Tejerina-, tiene garantizado su futuro en un escenario en el que plantear cualquier tipo de trasvase es complicado porque «no sólo se necesita el apoyo del Parlamento, sino también el consenso de todos y, por supuesto, tener garantizado el suministro de la cuenca cedente».

García Tejerina, que visitó la provincia en el quinto año ya de sequía en España, valoró la necesidad de seguir apostando por la desalación, advirtiendo, sin embargo, de que hay que mejorar la tecnología para abaratar el recurso porque, «la Comisión Europea nos prohíbe subvencionar el agua desalada en virtud de la aplicación de la Directiva Marco del Agua, que obliga a los usuarios a la recuperación de costes».

La intervención de la ministra fue seguida por más de 250 invitados en el acto celebrado en IFA, que atrajo a todas las personas que tienen algún tipo de responsabilidad, directa e indirecta, en el tema del agua en la provincia. Desde la Administración a las comunidades de regantes, pasando por la Universidad de Alicante y los empresarios.

García Tejerina recordó el esfuerzo que está realizando el Gobierno para paliar los efectos de una sequía que dura ya cinco años. En este sentido, la ministra recordó los 17 millones de euros abonados en concepto de subvención del agua desalada que se trata en Torrevieja y las plantas de Agua Amarga para los agricultores. Una iniciativa, la de la financiación, que tiene los días contados a medio plazo «porque la Comisión Europea lo tiene prohibido y ya nos lo ha recordado». García Tejerina apuntó, no obstante, que este año seguirán las ayudas debido al régimen especial que permite el decreto de sequía. Pero no por mucho tiempo, por lo que la ministra instó a trabajar en la mejora de la tecnología para abaratar el agua desalada.

En relación al funcionamiento del trasvase, García Tejerina insistió en que en 2015 se otorgaron unas normas de funcionamiento «objetivas y transparentes», que se siguen y que impiden «arbitrariedades». La ministra reiteró que se trata de un compromiso alcanzado entre las cinco comunidades autónomas afectadas e insistió en que en el trasvase Tajo-Segura se trata de una infraestructura sobre la que la experiencia dice que se debe contar con los votos en el Parlamento y lograr que «el de enfrente esté de acuerdo», en relación al gobierno de Castilla-La Mancha, acostumbrado a recurrirlo en los tribunales y perder la batalla judicial.

La ministra no quiso entrar a dar cifras sobre la cantidad de agua a trasvasar. No obstante, y según la ley a la que aludió en todo momento, los agricultores estiman que la cantidad no debe bajar de los 20 hectómetros cúbicos.

En este punto, la titular de Agricultura se mostró franca ante una pregunta de Riegos de Levante -veinte mil comuneros- sobre el excesivo precio del agua desalada para riego. Desde la comunidad de regantes más grande de Europa se trasladó que costaba 0,8 euros el metro cúbico. García Tejerina fue clara y corrigió: «Según mis datos, el precio a pie de planta es superior».

Tasazo

A la ministra se le interpeló también por qué los regantes tienen que pagar el mantenimiento de la infraestructura del agua pese que no hay trasvase (12 millones de euros al año). García Tejerina subrayó que no se trata de un capricho del Gobierno. «Hay sentencias del Supremo dictadas contra los propios regantes que obligan al pago, y lo que tengo que recordar es que en estos momentos el ministerio está asumiendo el 80% de la tasa por las especiales circunstancias que padece el sector agrícola por la sequía. Además, los agricultores también se han ahorrado hasta ahora 35 millones de euros en exenciones fiscales».

En un encuentro con comunidades de regantes no podían faltar las alusiones al fallido trasvase del Ebro. García Tejerina recordó que fue el gobierno del PP el que aprobó el trasvase en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, «pero en 2004 el gobierno socialista lo derogó. El asunto de los trasvases es complicado porque no sólo se necesita el acuerdo parlamentario, sino también el social. El consenso general es fundamental al tratarse de infraestructuras que tienen que funcionar muchos años, y lo que no se puede es que se paren o sigan según el Gobierno de turno. De ahí el valor del trasvase Tajo-Segura, garantizado por una ley que se consensuó con cinco comunidades autonómicas. Un trasvase es imposible si el de enfrente no lo quiere», aseveró.

Pacto Nacional

«Sin planificación hidrológica no se puede hacer política hidráulica». Con esta reflexión, la ministra de Agricultura, una de las personas más sólidas del Gobierno de Mariano Rajoy, reclamó la necesidad de que todas las fuerzas políticas españolas se pongan de acuerdo para suscribir un gran Pacto Nacional del Agua apoyado en cuatro patas: crecimiento, desarrollo, cohesión de España y solidaridad. «A lo largo de 2017 celebramos 125 reuniones con todas la partes implicadas. El agua es fuente de prosperidad y necesitamos que haya consenso. Es una cuestión de todos y debemos hablarlo», dijo la ministra, quien saludó en el acto a la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, con quien coincidió como técnicas ambas en el ministerio.

García Tejerina subrayó que además del consenso se necesita también mejorar la gobernanza del agua. «El pacto debe contemplar medidas para asegurar un buen saneamiento y depuración, respuestas para acabar con los déficits hídricos que aseguren el abastecimiento, realizar proyectos para acabar con las inundaciones e incrementar las medidas de ahorro. Un pacto al que deben sumarse las fuerzas políticas. En el PP creemos en una España moderna y cohesionada y el agua es fundamental».

El público asistente también preguntó por el inacabado trasvase Júcar-Vinalopó y, en concreto, se le interpeló por los riesgos y responsabilidades que podría acarrear el consumo de un agua cuya calidad no es óptima durante muchos meses del año, según informes oficiales. García Tejerina se mostró tajante. «La responsabilidad de la calidad del agua es de los ayuntamientos». Tras su intervención en el Foro INFORMACIÓN-Universidad de Alicante-Bankia, la titular de Agricultura se reunió en una sala de IFA con representantes de las comunidades de regantes y de la Junta Central de Usuarios del trasvase Júcar-Vinalopó, con los que trata de cerrar las normas de explotación del agua que llegará desde el Azud de la Marquesa.

La ministra insistió en la necesidad de prevenir los efectos del cambio climático para lo que volvió a pedir el compromiso de todos. «Los ríos son fundamentales y deben tener caudales ecológicos, estar bien saneados. Nuestro compromiso con el medio ambiente es claro y ahí están las 135 reservas naturales».

Crecimiento

Por otro lado, la ministra de Agricultura aprovechó su visita a Alicante -además de la reunión con regantes visitó la desaladora de Torrevieja- para trasladar a las personas reunidas en el desayuno de IFA (hubo amplia representación de todos los sectores económicos de la provincia) la necesidad de que, según sus palabras, en España se debe seguir confiando en la Constitución. García Tejerina glosó las bondades de los últimos seis años de gestión del Gobierno de Rajoy y aseguró que «al evitar el rescate por parte de Europa se evitó una reducción del 30% en las pensiones. Ahora, por ejemplo, podemos hablar de haber cerrado 2017 con un crecimiento del 3,1% y haber pasado cuatro años de crecimiento que nos han devuelto el prestigio internacional».