Regantes acusan a Castilla-La Mancha de dilapidar 400 millones pagados por agua

«Los regantes alicantinos no somos los culpables de que les falte el agua y somos los primeros en ser solidarios y ahí están los 400 millones que pagamos por el agua -porque el agua es de todos- para financiar obras que no se han hecho. Debieran preguntar a sus autoridades». Un mensaje directo de Andújar al actual presidente manchego, Emiliano García Page, pero extensivo a sus predecesores, entre ellos José Bono, también socialista y la popular María Dolores de Cospedal.

José Andújar, que participaba en Alicante en la entrega de la Medalla de Plata de los regantes al catedrático Antonio Gil Olcina en el Día Mundial del Agua, se felicitó porque, tras diez meses de espera, el Ministerio de Agricultura vaya a abrir de nuevo el trasvase de agua a la cuenca del Segura a partir del 1 de abril, día en el que, según ratificó ayer la ministra, Isabel García Tejerina, se comprobará el nivel de reserva de agua que hay en los embalses de la cabecera del Tajo para determinar la cantidad a trasvasar. Según las reglas de explotación del Acueducto, la cantidad máxima a trasvasar será de 20 hm³. «No es la solución pero es una gran noticia en la situación que estamos», subrayó el presidente de los regantes. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, había anunciado horas antes que «no será en Semana Santa, pero si el 1 de abril hay más de 400 hm3 en la cuenca habrá trasvase».

Satisfechos por la inminente reapertura del trasvase también se mostraron el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, que instaron al Ministerio de Agricultura a enviar el agua. «La postura del Consell en apoyo a los regantes es clara: que se cumpla la ley y no se pierda más tiempo en atender la situación de emergencia de la Vega Baja y el conjunto de Alicante», destacó Puig en referencia al reciente aumento de las reservas en la cabecera del Tajo, con lo que se ha alcanzado el nivel establecido en el «Memorándum de Entendimiento del trasvase».

Puig aprovechó también la jornada en Alicante para volver a insistir en que la provincia en particular, y la Comunidad Valenciana en general, necesitan incrementar sus medidas de ahorro de agua y optimización de los recursos, y anunció un nuevo plan de aprovechamiento del agua a desarrollar en los próximos años con una inversión de 303 millones de euros, de los que 150 millones serán para la modernización de los regadíos, y 153 para la mejora del tratamiento del agua residual en las depuradoras (sistema terciario avanzado) para que puedan destinarse al regadío sin ningún problema. La provincia de Alicante recibirá 60 millones para modernizar sus regadíos y en cuanto a la mejora del caudal depurado, el objetivo es actuar en 13 depuradoras para obtener 18 hm³ al año, de los que 10,5 se reutilizarán en la provincia de Alicante.

Pacto Nacional del Agua

Respecto al Pacto Nacional por el Agua que impulsa ahora el PP y cuyas líneas maestras se conocieron anteayer (trasvases y desalinización como ejes centrales), el jefe del Consell reclamó al Ejecutivo central «que no se avance de espaldas a los regantes de Alicante y del conjunto de la Comunidad Valenciana», y destacó, además, el papel que las comunidades autónomas deben tener en la consecución de dicho acuerdo. «El debate se tiene que apoyar en dos patas: la política, la del Parlamento, pero también la territorial, en la comunidades autónomas donde se vive el problema día a día. De momento nadie nos ha llamado para contarnos nada».

Ximo Puig aseguró que la Comunidad Valenciana «quiere tener voz, va a tener voz y va a participar» en las negociaciones para cerrar un acuerdo nacional del agua. «Lo contrario sería profundamente absurdo», sostuvo, por lo que exigió que la política del agua se base en «la sensatez, la inteligencia, fuera de guerras absurdas y estériles que no llevan a nada».

Puig aseveró que «el agua es un derecho de los ciudadanos, de los territorios y se debe cimentar en el apoyo de todas las sensibilidades. No es aceptable que hablemos, hablemos y no aterricemos».

El presidente de la Generalitat lamentó en este sentido que, según datos de la Cámara de Contratistas, las inversiones del Ministerio de Agricultura en la Comunidad en materia hídrica representen menos del 1% del total de España en 2017, y exigió acabar con «la infrainversión hídrica» en Alicante y en la Comunidad Valenciana. Puig demandó que se activen las «inversiones pendientes para la modernización de los regadíos», y que se amplíe la producción de las desaladoras, ante la actual situación de «emergencia».

El presidente aseguró que el Consell va a «ir hasta el límite de sus competencias y posibilidades económicas», determinadas, según él, por la infrafinanciación, para «buscar soluciones estructurales a la sequía». Se van a destinar subvenciones para conseguir que el nivel de eficiencia del consumo humano (redes de distribución) no baje del 70%, con una línea específica de ayudas en cuya puesta en marcha se trabajará en colaboración con las diputaciones.

En cuanto el nuevo Plan de Modernización del Regadío, se estima una inversión público-privada cercana a los mil millones de euros en los próximos 20 años. «En los próximos cuatro años ya están previstas las inversiones directas y subvenciones a comunidades de regantes para la modernización, que ascienden a 150 millones de euros, de los que 60 millones se destinarán a las comarcas de Alicante», matizó el jefe del Consell respecto a la financiación pública.

Medidas contra la sequía

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, recordó que desde que las cuencas hidrográficas del Segura y del Júcar se declararon en situación de sequía, el Gobierno ha declarado y prorrogado anualmente los Reales Decretos de sequía, que han permitido diferentes medidas de emergencia que ha permitido movilizar 430 hectómetros cúbicos en los últimos tres años. El Ministerio de Agricultura ha realizado más de treintena de actuaciones de emergencia en el Segura y del Júcar, con un presupuesto de cien millones de euros para paliar los efectos asociados a las situaciones de sequía. «Este mismo mes de marzo se han autorizado dos actuaciones de emergencia por un importe de 10 millones de euros para la apertura de pozos de sequía en la cuenca del Segura», recordó el delegado, con extracciones de hasta 80 hm3 de agua para atender el uso de abastecimiento, el regadío y los caudales ambientales. En verano se duplicará la producción de agua desalada en Torrevieja.