Siendo él mismo: atacando. El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, endureció ayer su discurso contra los poderes judiciales, acusando a la Fiscalía de trabajar en beneficio de los intereses del PP, tras ser procesado por segunda vez, en esta ocasión por el despido de una trabajadora del Ayuntamiento, que a su vez es la cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala. A las 11 de la mañana, apenas quince minutos después de que se conociera el auto de la titular del Juzgado de Instrucción número dos, Echávarri apareció con paso firme en la sala de prensa del Consistorio alicantino, donde estaba prevista su presencia para presentar un proyecto de la Agencia Local de Desarrollo. Estuvo acompañado, como también estaba anunciado, por el concejal Carlos Giménez, que finalmente ha quedado eximido del proceso judicial por el despido de la trabajadora municipal, pese a que fue imputado en primera instancia.
Echávarri, que mezcló en su intervención el enfado, los gestos amables y también la emoción contenida, señaló a la Fiscalía, que en un escrito conocido hace apenas unas semana pedía al juzgado que se procesara al alcalde. Dicho y hecho: la juez hizo pública ayer una resolución que, según Echávarri, se «esperaba» y que le aboca a su segundo juicio, tras el relativo al presunto fraccionamiento de contratos en el área de Comercio. «Me lo esperaba desde el momento en el que el fiscal, en un escrito de 15 hojas, se opone a mi petición de sobreseimiento. Lo que nadie entiende es que esté en cuestión la legalidad de una decisión avalada por dos técnicos y ratificada por el abogado del Ayuntamiento. ¿En manos de quién quedamos los responsables públicos si te imputan por una decisión que dos técnicos y un abogado dicen que es correcta?», se preguntó ayer Echávarri, quien atacó al Ministerio Público desde el minuto uno de su intervención, en la que esta vez sí admitió preguntas de los periodistas.
El alcalde quiso aprovechar sus primeras palabras posteriores al auto de procesamiento para sembrar dudas sobre la Fiscalía: «Es un órgano jerarquizado dependiente del gobierno. Mientras que a la exalcaldesa de Cartagena [del PP], después de una instrucción bastante amplia en la que se le imputaban seis delitos graves, [Fiscalía] decide no acusar? Al alcalde de Alicante, de signo contrario [del PSOE], en una decisión avalada por los técnicos y por un abogado, decide acusar. Vamos a ver a quién protege el Ministerio Fiscal y que interés público está defendiendo. Y me comparo con la exalcaldesa de Cartagena porque Ciudadanos dijo que o ella dimitía (como senadora) o no aprobaba los Presupuestos del Estado. Pues la desimputan y así hay Presupuestos», prosiguió en tono irónico Echávarri, quien añadió en su huida hacia adelante: «Habrá que alzar la voz. No acuso, sólo reflexiono en voz alta. Me pregunto cuál es el criterio del Ministerio Fiscal». Los ataques contra la Fiscalía no se quedaron ahí, ya que el alcalde de Alicante también criticó que él, además del concejal Giménez, tuviera acceso el escrito en el que se pedía al juzgado su procesamiento, conocido la pasada semana, dos días después de hacerse público a través de los medios de comunicación.
Pero Echávarri no sólo apuntó a la Fiscalía, y de paso al juzgado, por el retraso en el envío de los escritos a las partes implicadas, sino también por la decisión que le pone a las puertas, por segunda vez, del banquillo de los acusados. «Hay una señora, cuñada del PP, que dos técnicos y una abogada dicen que está de forma irregular pero sigue trabajando en este Ayuntamiento. Y la persona que se enfrenta a esta injusticia, vaya a ir al banquillo y esa persona siga trabajando aquí. La prevaricación administrativa es tomar una decisión ilegal y que se cause perjuicio a terceros. ¿Qué perjuicio se ha causado si se ha readmitido?», prosiguió Echávarri, quien reprochó el interés del PP en llevar al pleno del Ayuntamiento la readmisión de la trabajadora municipal: «Fue readmitida porque el PP consideró que era muy importante defender a sus cuñadas, con una iniciativa diciendo ´a nuestras cuñadas no se les toca´. Y salió adelante [con el voto a favor de PP y Cs y la abstención de los entonces socios del tripartito de Alicante]».
«No cambia nada»
Además de los ataques, Echávarri también tuvo tiempo para emocionarse al ser preguntado por su estado de ánimo. «Yo estoy hecho polvo, siento mucha rabia y desamparo, el linchamiento no es normal. Yo soy abogado -continuó el alcalde con los ojos llorosos-, estoy viendo cosas que no son normales. Ni las personas que más odio me han mostrado ponen en duda mi honorabilidad. La fuerza de saber que no he hecho absolutamente nada me ayuda a levantarme y venir a trabajar. Lo más fácil hubiera sido irme», aseguró el regidor socialista, quien en cambio no aclaró si recurrirá el procesamiento a la Audiencia, como hizo sin éxito en el caso de los contratos de la Concejalía de Comercio.
Respecto a su futuro en la Alcaldía, Echávarri dijo que la decisión del juzgado «no cambia» en nada una hoja de ruta a la que ayer sumó, sin ser explícito, una nueva condición: «Cuando los grupos municipales se manifiesten, Compromís y Guanyar ya lo han dicho [el apoyo a la investidura de Eva Montesinos], esa mayoría se solidifique y llegue el auto [de juicio oral], que es el momento que marcan los estatutos [del PSOE], aunque con matices, y si la situación política en general no ha cambiado, entonces daremos el paso». Echávarri, entre líneas, se referió así, al hablar de la «situación política», al escenario judicial de altos cargos de Compromís, investigados por la Fiscalía por presuntos fraccionamiento de contratos, en referencia, entre otros, a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra.
Echávarri, que estuvo acompañado por su jefe de Gabinete, Lalo Díez, además de otros miembros de su equipo de Alcaldía, suspendió su presencia en el siguiente acto de su agenda, la inauguración de una calle en Ciudad Jardín.
