Parece que Guanyar no va a dejar pasar la oportunidad para intentar debilitar a su socio y alcalde de la ciudad, el socialista Gabriel Echávarri. En este caso, por las facturas de la Concejalía de Comercio, que dirige el propio regidor, elevadas al Consell Jurídic Consultiu tras las irregularidades detectadas por el interventor municipal ante la tramitación de contratos menores por un valor que ronda en total los 190.000 euros.
En un comunicado, la formación que lidera Miguel Ángel Pavón redobla la crítica contra el regidor socialista, aunque sin citarlo en ningún momento. Eso sí, Guanyar advierte que será «contundente en el caso de que se demuestre una mala praxis política o cualquier acto ilegal». Guanyar se refiere al posible fraccionamiento de facturas relativas al área de Comercio. «Exigimos que se depuren las responsabilidades de todo tipo, incluidas las políticas, que pudieran derivarse de este asunto», aseguran desde el grupo municipal, a la vez que muestran su apoyo a la comisión de investigación propuesta por Ciudadanos -que debe aprobarse en el pleno municipal- y que, por ahora, también cuenta con el apoyo del PSOE. En cambio, ni PP ni Compromís se han pronunciado aún al respecto, aunque la formación que encabeza Natxo Bellido ha asegurado que su objetivo es esclarecer el asunto, aunque ha añadido que tal vez la citada comisión debería esperar a conocer el dictamen del Consell Jurídic.
Guanyar, que ya estuvo salpicada por una polémica con la adjudicación de contratos menores que acabó con Nerea Belmonte expulsada de la formación y con el tripartito en minoría dentro del pleno municipal, sostiene que será «profundamente escrupulosa» a la hora «de solicitar la documentación necesaria para, atendiendo a criterios de transparencia, poder trasladar a la ciudadanía toda la información de manera clara y concisa».
Es decir, que Guanyar anuncia batalla en un asunto que ha puesto a Echávarri y a su mano derecha en Comercio, el asesor Pedro de Gea, en el centro del debate político en Alicante. La formación que lidera Pavón recuerda, en la nota, que «el fraccionamiento de contratos es una práctica ilegal, en muchas ocasiones ligada a la opacidad y al amiguismo, que no puede tener cabida en ninguna administración pública».
Los contratos menores también han sido tratados por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Alicante en un informe que solicitó el interventor municipal tras advertir sobre las irregularidades en la tramitación de facturas que, en su conjunto suman 190.000 euros. Los abogados municipales, en el citado informe enviado al alto funcionario a mediados del pasado mes de marzo, destacan que los contratos menores «deben considerarse como una figura residual y extraordinaria», ya que pueden suponer «una limitación a la concurrencia de licitadores y un falseamiento de la competencia». Y no sólo eso, sino que la Asesoría Jurídica municipal añade en el informe incluido en el expediente elevado al Consell Jurídic que «los contratos menores deberían proscribirse del uso habitual del Ayuntamiento». En cambio, este tipo de contratación forma parte de la normalidad del tripartito, que en lo que va de mandato ha firmado en total unos 16.000 contratos menores, lo que supone unos 35 al día durante los casi dos años que llevan al frente de la ciudad.
Desde Ciudadanos, su portavoz municipal Yaneth Giraldo, subrayó ayer que la prioridad es «investigar las contrataciones en Comercio» y luego, «si es preciso», según matizó, será el momento para «abrir una causa general contra el tripartito», en respuesta al uso habitual de los contratos menores por parte del equipo de gobierno, pese a que los servicios jurídicos consideran que deberían excluirse del Ayuntamiento.
