La subida del 10% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que el Gobierno acordó como medida «extraordinaria» para 2012 y 2013, no sólo se prorrogará durante dos años, como afirmó hace unos días el concejal de Hacienda, Juan Seva, sino que deberá mantenerse durante, al menos, hasta 2023. Diez años en los que el Ayuntamiento de Alicante se compromete a cumplir con las estrictas medidas de ajuste impuestas por el Ministerio de Hacienda como condición para concederle el crédito de 27 millones de euros para pagar facturas pendientes y sanear el déficit local.
Además, las condiciones del ministro Cristóbal Montoro empujan a Alicante a acogerse al proceso extraordinario de regularización aprobado por el Gobierno para hacer aflorar todos los inmuebles cuyos propietarios no tributan por ellos o lo hacen de forma incorrecta. En este caso puede haber, por ejemplo, casas de campo convertidas en viviendas o ampliaciones de las casas que podrán regularizar su situación sin pagar ninguna multa, sólo una tasa. Se trata de una amnistía que permite regularizar el fraude y que permitirá aumentar el volumen de contribuyentes y, por tanto, la cantidad a ingresar por las arcas municipales con el principal impuesto municipal por el que este año se espera recaudar en torno a 90 millones de euros.
La incógnita está en si el equipo de gobierno local se acogerá a una revisión de los valores catastrales en los próximos años la última se realizó en 1996 que pudiera disparar aún más el coste de este tributo. Aunque el concejal Seva aseguró que no se hará, el nuevo plan de ajuste únicamente hace referencia a la decisión de renunciar a la revisión del 7% del catastro para el ejercicio que viene, sin hacer referencia expresa a lo que pueda ocurrir en los años venideros.
Todas estas medidas pretenden aumentar los ingresos municipales y poder hacer frente a la voluminosa deuda financiera el próximo año el Ayuntamiento tendrá que pagar a los bancos 34 millones de euros, pero no son las únicas que deberán asumirse. Las tasas y precios públicos deberán incrementarse en diez millones de aquí a 2016 para poder sufragar entonces el 100% de los servicios. Y no sólo eso. En diez años, el incremento de la recaudación por todos los tributos y tasas deberá ser de veinte millones de euros con respecto a ahora.
El aumento de los ingresos, a través de una mayor presión fiscal sobre los ciudadanos, se acompañará de medidas para recortar el gasto. Además del «tijeretazo» de diez millones en personal y servicios durante el año que viene para poder hacer frente a su abultada deuda con los bancos, el Ayuntamiento se verá forzado a reducir sus inversiones y proyectos hasta el límite más bajo en la última década. Así, mientras que hace diez años las arcas públicas llegaban a reservar entre 30 y hasta 60 millones de euros anuales para el capítulo de inversiones, las previsiones para 2014 incluidas en el nuevo plan de ajuste local apenas alcanzan los 3,8 millones de euros. Una cantidad bastante inferior a la que se contempló para este año de 7 millones de euros, aunque la previsión es que el año acabe con inversiones por 12 millones euros y que apenas dejará margen de maniobra al equipo de gobierno local, que ya se ha comprometido a incluir partidas para algunos proyectos, como la remodelación de la plaza de Séneca o la continuación de las obras de ampliación del IES Virgen del Remedio. No será hasta 2015 cuando el importe para inversiones puede comenzar a recuperarse, pero hasta 2023 no se superarán los diez millones de euros en los presupuestos de este capítulo.
Entre las medidas para reducir el gasto también se incluye la obligación de recortar en un 5% las aportaciones del Ayuntamiento a sus organismos autónomos, como el Patronato de la Vivienda, durante los próximos tres años. Del mismo modo, el decreto contempla la disolución de entidades que dependan del Ayuntamiento y tengan déficit. No obstante, desde Hacienda estudian el impacto real que podría tener esta medida incluida en las condiciones fijadas en el decreto del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
