El rescate obliga a Castedo a recortar 10 millones en gastos de personal y servicios en 2014

En cuanto al recorte en gastos del 5% al que obliga el Gobierno, el plan de ajuste que el Ayuntamiento aprobará en el próximo pleno establece que únicamente afectará a servicios «no obligatorios» y que, en materia de personal, se limitará a la amortización de las plazas vacantes. El concejal de Hacienda, Juan Seva, aseguró que servicios básicos como el transporte público o la recogida de residuos no se verán afectados y descartó despidos de personal.

Por otro lado, el aumento de los ingresos se cebará, tal y como avanzó ayer INFORMACIÓN, en el bolsillo de los ciudadanos, con un aumento de las tasas e impuestos municipales. Tanto es así que el año que viene el equipo de gobierno prevé recaudar 2,3 millones de euros más por estos conceptos. Y no sólo eso. Según el nuevo plan de ajuste municipal, en el año 2023 la recaudación por tasas, precios públicos e impuestos se habrá incrementado en más de 20 millones de euros con respecto a ahora.

Detrás de este aumento de la recaudación tributaria se encuentra la medida de prorrogar la subida del 10% en el mayor impuesto municipal (el IBI), que en 2014 debería haber vuelto a los niveles de hace dos años. El Ayuntamiento renunciará el año que viene a solicitar la revisión del catastro que tenía prevista, pero nada se explicita en el plan de ajuste sobre lo que pueda ocurrir en los años posteriores. Sí se recoge, no obstante, la exigencia del decreto del Gobierno de que durante el tiempo de aplicación de las medidas de ajuste hasta 2022 la recaudación por el IBI no se reduzca, lo que necesariamente obligaría a mantener el recargo del 10% o a tomar otras medidas alternativas para evitar que los ingresos por este tributo decaigan. Se trata del mayor impuesto municipal este año estaba previsto recaudar en torno a 90 millones de euros, pero no será el único que se vea afectado por las medidas. El resto de tributos, como el de Vehículos, se incrementarán en un 3% a partir del próximo año y se eliminarán algunas bonificaciones.

Más drástica será la subida en el capítulo correspondiente a tasas y precios públicos en el que se encuentran la de basura, de la grúa o vados, entre otras y cuya recaudación amentará en 1,5 millones el próximo año. Para el 2016, cuando el Gobierno exige que estas tasas sufraguen el 100% de los servicios públicos, la recaudación habrá aumentado ya en casi 11 millones de euros.

Unos incrementos que, sin duda alguna, se dejarán notar en el bolsillo de los alicantinos y que, en total teniendo en cuenta impuestos, tasas y precios públicos, se incrementarán año tras año hasta que dentro de diez, el Ayuntamiento ingrese 20 millones más por estos conceptos, pasando de los 167 millones actuales a los 187 millones.

Todas las previsiones de ingresos, así como la forma en que el equipo de gobierno local concrete los recortes deberá reflejarse en el presupuesto municipal de 2014. Unas cuentas que, en la práctica, serán intervenidas por el Gobierno, dado que deberán remitirse al Ministerio de Hacienda para someterlas a un informe «previo y vinculante». Del mismo modo, el Ayuntamiento se compromete a aceptar «aquellas otras condiciones» que el ministro Cristóbal Montoro considere necesarias para el saneamiento financiero municipal.

Ante esta situación, los grupos de la oposición cargaron ayer contra el equipo de gobierno local. El portavoz del PSOE, Miguel Ull, cree que la medida supone la «quiebra» del Ayuntamiento y «duplicar» la presión fiscal sobre los ciudadanos. Desde EU, Miguel Ángel Pavón, criticó al PP por «hipotecar» el futuro y «castigar» el bolsillo de los ciudadanos. Por su parte, el portavoz de UPyD, Fernando Llopis, exige «dimisiones» dentro del equipo de gobierno local y un plan de saneamiento «realista». Por su parte, el diputado de Compromís Joan Baldoví ha pedido explicaciones al ministro Montoro en el Congreso.