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El Campello

El Consell tumba el recurso de la planta de El Campello contra la batería de medidas para frenar los malos olores

La Generalitat rechaza las alegaciones de FCC contra la suspensión del tratamiento de residuos orgánicos

El equipo de gobierno se reunió ayer con los afectados

Rechazado el recurso de alzada de FCC contra la paralización cautelar del compostaje y la ampliación de medidas correctoras. La Conselleria de Medio Ambiente, antes del cambio en el gobierno autonómico, tumbó las alegaciones presentadas por la empresa que explota el vertedero de Les Canyades de El Campello contra la resolución de esta administración, que por fin reconocía los graves episodios de malos olores que sufren los vecinos y ordenaba una batería de medidas para frenarlos.

La mercantil, que sigue operando con normalidad, tiene la posibilidad de recurrir a la vía judicial para frenar esta resolución. De todas formas, en la desestimación de las alegaciones la Conselleria señala que ha solicitado a FCC más documentación sobre las actuaciones que se han realizado en la planta en los últimos meses para valorar si sigue siendo pertinente la suspensión de la actividad del compostaje, aunque la situación no ha mejorado en la zona. En más, los malos olores se han recrudecido, en parte por las altas temperaturas.

La respuesta de la Conselleria, fechada el pasado 19 de junio y notificada a la Asociación de Afectados por el Vertedero hace unos días, reconoce las quejas existentes de la población por los malos olores que genera la planta y que la Conselleria está facultada para ordenar la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada (AAI). Ante el reiterado intento de FCC de cuestionar el estudio de la Universitat Politècnica de València (UPV) que acredita los graves episodios de malos olores que sufren los vecinos de la zona, la Conselleria justifica el método empleado porque permite «minimizar los errores» y evidencia que la AAI «no daba a los ciudadanos suficientes garantías de prevención frente a la contaminación odorífera».

FCC aseguraba que la paralización de la actividad de compostaje carece de base legal, y aunque la Generalitat rechaza también este extremo al afirmar que se ha seguido rigurosamente la legalidad, deja en el aire esta medida ya que en el plazo estipulado la empresa presentó una memoria de actuaciones «cuya amplitud complejidad técnica requiere de su estudio y valoración por los técnicos» de la Conselleria. Por ello «no procede la suspensión cautelar automática de la actividad de compostaje» hasta que se analicen esas mejoras, requiriendo a FCC más documentación para que aclare diferentes aspectos relativos a esas actuaciones.

La Generalitat dictó una resolución el 24 de marzo por la que daba dos meses a FCC para paralizar de forma cautelar la actividad de la nave de compostaje, tras detectar graves deficiencias en la última inspección. Además, exigía la implantación de una serie de medidas correctoras para poner fin a su mal funcionamiento y mitigar los malos olores. Ese plazo se cumplió a finales de mayo, cuando deberían haberse suspendido los trabajos en la nave de compostaje para proceder a su limpieza, implantación de nuevos sistemas y comprobación por parte de la Generalitat para proceder posteriormente a modificar la AAI, pero el recurso de la empresa había bloqueado su aplicación.

Por otra parte, el nuevo equipo de gobierno formado por Compromís, EU, Partido del Campello y Demòcrates se reunió ayer por primera vez con los afectados por el vertedero. El tema de los malos olores figura entre los 30 puntos urgentes del programa de actuación del cuatripartito, que anunció ayer que va a redoblar la vigilancia y control sobre el vertedero, y que va a concertar encuentros con los responsables de FCC y de la Conselleria. Además, se va a estudiar la posibilidad de encargar nuevos estudios sobre los malos olores y la carga química que emana de las instalaciones, y que está causando problemas de salud entre la población.

Desde la Asociación de Afectados celebraron ayer el talante y buena predisposición del equipo de gobierno en abordar esta problemática, destacando que nada tiene que ver con la postura de anteriores corporaciones.

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