Las nuevas bases técnicas elaboradas para poner en marcha el Plan Zonal de residuos de la Vega Baja prevén una serie de compensaciones económicas para los municipios que acojan las instalaciones de desechos. En concreto se, establece que el Ayuntamiento que acoja el vertedero, en el que se enterrará la basura que no se pueda reciclar ni valorizar, recibirá 1,60 euros por cada tonelada de desechos que se entierre en su término municipal, mientras que se pagará otro euro por cada tonelada que llegue a las instalaciones de las plantas de transferencia, tratamiento o valorización.
Dichas bases se someterán a aprobación en la Junta de gobierno del Consorcio, que se celebra el próximo lunes, y contemplan igualmente que la tecnología de la que dispondrá la comarca para tratar sus propios desechos tendrá que ser capaz de generar un residuo final, el que acaba en el vertedero, no superior al 24,20% del total. En base a este parámetro, se calcula que de las 209.582 toneladas de basura que se generan cada año en la Vega, podrán acabar siendo enterradas casi 50.300 toneladas, lo que arroja una cifra compensatoria de cerca de 80.500 euros al año para la localidad que acoja en su territorio el vertedero. Además, si dicho municipio mantiene asimismo una de las dos plantas de tratamiento mecánico biológico previstas en el proyecto, se embolsaría otro euro por cada tonelada que llegue.
En el apartado de compensaciones económicas, las bases técnicas contemplan asimismo que se destinarán 30.000 euros anuales a realizar controles medioambientales de las instalaciones de residuos por un agente externo independiente por cada estación de transferencia, tratamiento, valorización o eliminación. El documento recoge también que se financiarán «actividades y medidas medioambientales para la mejora de la calidad ambiental» de esos municipios.
Diez instalaciones
El Consorcio de Residuos de la Vega Baja tiene previsto delegar la puesta en marcha del proyecto de gestión del Plan Zonal en la empresa pública valenciana Vaersa. Se ha establecido que se deben incluir una planta de eliminación de rechazos, en la que se depositaría como máximo una cuarta parte de los desperdicios durante los 20 años de vigencia del Plan Zonal; dos instalaciones de tratamiento mecánico biológico preparadas para clasificar los residuos y tratar los orgánicos; al menos dos equipaciones de aprovechamiento energético en las propias instalaciones de tratamiento; un centro de clasificación y tratamiento de residuos voluminosos; una o varias plantas para la gestión de los residuos de construcción y demolición; y una planta de restos de poda, residuos agrícolas, zonas verdes y restos vegetales marinos.
El escollo que deberá superar ahora el Consorcio será encontrar municipios voluntarios para albergar, en principio, las dos plantas de transferencia previstas. Hasta ahora ningún Ayuntamiento ha mostrado su interés por este asunto aunque desde el ente consorciado insisten en que tratarán de buscar consenso al elegir las ubicaciones.
